Teaching research-creation for the common good: ethical dimensions of a transformative practice
1 MSc. en Musicoterapia. Corporación Universitaria Taller Cinco. sonia.perez@taller5.edu.co.
Recibido: 01 de enero de 2024
Aceptado: 24 de febrero de 2024 Publicado en línea: 12 de julio de 2024
Para citar este artículo: Pérez-Pérez, S. J. (2024). Enseñanza de la investigación-creación para el bien común: dimensiones éticas de una práctica transformadora. Praxis, 20 (2), 404-419.
Este artículo de reflexión tiene como objetivo enriquecer el debate en torno a la dimensión ética de la investigación-creación en el ámbito universitario. En ese contexto, busca dignificar el papel formativo de la universidad mediante la integración de consideraciones éticas, sociales y ecológicas que posibiliten arraigar la educación de calidad en la promoción del bienestar humano. Mediante el análisis de aspectos como la institucionalidad ética, la formación reflexiva, la responsabilidad social del conocimiento, el cuidado de las relaciones con los participantes de los estudios, la propiedad intelectual y el ambientalismo superficial, se pone de manifiesto la necesidad de implementar discusiones y directrices que orienten la integridad de la investigación. Se destaca la responsabilidad de disciplinas creativas como el diseño y las artes frente a la generación de innovaciones socialmente relevantes, fundamentadas en principios esenciales como el respeto, la beneficencia y la justicia.
This reflective article aims to enrich the debate on the ethical dimension of research-creation in the university context. It seeks to dignify the formative role of the university by integrating ethical, social, and ecological considerations that enable the grounding of quality education in the promotion of human well-being. By analyzing aspects such as ethical institutionalism, reflective training, the social responsibility of knowledge, care for relationships with study participants, intellectual property, and superficial environmentalism, the need to implement to implement discussions and guidelines that guide the integrity of research is highlighted. The responsibility of creative disciplines such as design and the arts in generating socially relevant innovations, grounded in essential principles such as respect, beneficence, and justice, is emphasized.
La ética de la investigación se ha conceptualizado a partir de hitos que han marcado su evolución. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Juicios de Núremberg en 1945 y 1946 fueron un acontecimiento fundamental al juzgar los crímenes de guerra nazis, que incluían experimentos científicos con seres humanos (Organización de las Naciones Unidas, 2002). En 1964, la Asociación Médica Mundial estableció la Declaración de Helsinki, que consolidó principios para la investigación a nivel internacional (World Medical Association, 2022) y que fue revisada por última vez en 2013. Asimismo, el escándalo y la indignación generados por el Estudio de Tuskegee, realizado entre 1932 y 1972 en los Estados Unidos, condujo a que se hiciera obligatoria la existencia de Comités de Revisión Ética (Jones, 1981). Además, inicialmente, en 1982 y más recientemente en 2002, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas y la Organización Mundial de la Salud (2002) propusieron las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos.
Estas consideraciones constituyen la base sobre la cual las leyes locales y los institutos de investigación en ciencias biológicas, ambientales y sociales disponen de lineamientos éticos de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, tales criterios no son claros en los campos de las disciplinas creativas como las artes, el diseño y la comunicación audiovisual. Mientras el epicentro del debate se encuentra en Europa, en Latinoamérica "se han producido escasos esfuerzos por establecer reflexiones éticas y lineamientos académicos que se retroalimenten en torno a este tema" (Ballón- Gutiérrez, 2019, p. 7). Aunque su importancia es cada vez más aceptada, parece haber un vacío conceptual con relación a las apuestas éticas en la producción del conocimiento en estas áreas, las cuales no son fácilmente reconocibles y pertenecen a un territorio por explorar (Montaño-Rozo, 2021).
En Colombia, la legitimación de la investigación que conduce a formas de conocimiento por medio de la práctica creativa es un fenómeno de reconocimiento reciente. La investigación-creación es definida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias, 2020a) como:
el proceso estructurado mediante el cual se genera nuevo conocimiento a través de la creación de obras, eventos, objetos y productos con valor estético, valor entendido como la capacidad que tiene un objeto para atraer la atención hacia sí mismo, produciendo una experiencia en la que se transmite un contenido de verdad que puede ser compartido de forma intersubjetiva (p. 11).
En este orden de ideas, algunas universidades han formulado políticas y reglamentos institucionales que proporcionan directrices éticas sobre este tipo de estudios, como la Institución Universitaria del Valle (2021), la Fundación Universitaria Católica del Sur (2021) y la Universidad de Los Andes (2022). También destaca el Simposio Javeriano sobre la ética en la creación (Pontificia Universidad Javeriana, 2021), que abordó esta problemática y fomentó el análisis al respecto. Estos esfuerzos subrayan la importancia que las instituciones de educación superior otorgan a la dimensión ética de la investigación-creación, asumida como una discusión emergente que viene tomando fuerza en el panorama científico y académico y que se encuentra en vías de construcción.
Considerando este contexto, el propósito de este artículo es adentrarse en la trascendental tarea de incorporar la ética como un elemento central de la investigación-creación, desde su enseñanza hasta su puesta en práctica. Se aspira a enriquecer el diálogo que ya está en marcha, tanto en Colombia como a nivel global, a partir de los componentes conceptuales y normativos de esta problemática. Es posible y relevante educar el criterio para el juicio moral (Morandín-Ahuerma y Salazar-Morales, 2023), de manera que la formación de los investigadores creativos sea integral. Así, el presente escrito pretende llamar la atención no solo de docentes y estudiantes, sino también de los profesionales en general, subrayando la importancia de sus productos, los cuales, ineludiblemente, ejercen un impacto significativo en la realidad cultural, social, política o ambiental. Es imperioso abogar por que este ámbito de estudio y práctica deje de ser relegado a cuestiones secundarias y sea abordado con la madurez y seriedad que el mundo actual demanda.
La reflexión sobre el quehacer del investigador no debe situarlo de manera aislada, sino reconocerlo como parte de un marco organizacional que da sentido a su labor. En la búsqueda de un modelo conceptual que trate el segmento encargado de las disposiciones éticas en dicho marco, Cadenas (2019) define los comités de ética como la institucionalidad organizacional en su sentido más amplio, que incluye comisiones, consejos, tribunales, juntas y entidades similares, e involucran un conjunto complejo de prácticas, roles, comunicaciones y normativas instauradas. Su propósito es tomar decisiones acerca de la ética aplicable normativamente a las conductas actuales o potenciales de los miembros de la comunidad, así como imponer sanciones de manera independiente, aunque no ajena, a la legislación vigente.
Ahora bien, los comités de ética de investigación se diferencian sustancialmente de sus homólogos en ámbitos deportivos, profesionales, políticos y empresariales. Su rasgo distintivo radica en asumir la responsabilidad de prever consecuencias indeseadas, priorizando la acción preventiva antes que la reactiva (Cadenas et al, 2021). Se centran en abordar posibles riesgos antes de que se materialicen, contribuyendo así a la integridad ética de la investigación a partir de tres componentes: la dimensión moral (que aborda normas explícitas o implícitas que fundamentan la legitimación y operación de la institucionalidad ética); la dimensión jurídica (relacionada con normas socialmente generalizadas y sancionables a nivel estatal vinculadas al organismo, debido a que sus decisiones ocurren en los marcos legales vigentes); y la dimensión organizacional (todo lo concerniente a los miembros del comité, sus procedimientos y operaciones concretas).
La responsabilidad atribuida a los comités de ética, reafirmada en la revisión de la Declaración de Helsinki de 2013, abarca tanto la salvaguardia de los derechos humanos como la preservación de la calidad científico-técnica de los proyectos de investigación. En coherencia, dentro del contexto
colombiano, la Política de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica (Minciencias, 2020b) busca consolidar y enriquecer la estructura de los comités de ética de la investigación en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este enfoque orienta la investigación hacia la integridad, la transparencia y la excelencia, resaltando la importancia de establecer y visibilizar los comités de ética institucionales e interinstitucionales.
En este orden de ideas, resulta imperante la existencia de al menos un comité de ética vinculado a la Vicerrectoría Académica o de Investigación de cada institución. En el caso de entidades de mayor envergadura, se contempla la posibilidad de contar con un comité de ética institucional, así como comités específicos por cada facultad, cada uno con atribuciones diferenciadas. La asignación de proyectos de investigación a un comité particular puede obedecer a criterios diversos, tales como la naturaleza del proyecto (pregrado o posgrado), su contexto (formativo o formal), la existencia de financiamiento externo o colaboración con entidades adicionales, entre otros.
La configuración específica de cada comité de ética está ineludiblemente determinada por la misión y la visión de la organización educativa. Siendo así, un estatuto normativo debe delinear la composición del comité, sus funciones, la periodicidad de sus reuniones y los criterios para otorgar aprobación, todo ello alineado con la postura ética institucional. Asimismo, se hace imperativa la existencia de un protocolo público que detalle los procedimientos para someter el proyecto al comité, los documentos requeridos y los plazos establecidos, los cuales deben ser rigurosamente observados. Cabe destacar que esta postura, aunque propia y distintiva, no debe perder de vista los marcos nacionales e internacionales que rigen la investigación y la conducta ética.
Es determinante recordar que los fundamentos éticos de la investigación tienen sus raíces en el contexto biomédico, y fueron posteriormente extrapolados a diversas áreas de estudio, por lo que es esencial fomentar una discusión amplia para establecer estándares éticos que cubran cualquier tipo de estudio (Rovaletti, 2009). Considerando la
peculiaridad de las investigaciones en disciplinas creativas como las artes plásticas y la música, se vuelve imperioso reflexionar sobre la pertinencia de diferenciar los comités de ética necesarios en estos campos del conocimiento, en contraste con aquellos propios de las ciencias de la salud, cuya trayectoria y tradición no necesariamente generan postulados equiparables a otros ámbitos:
El reconocimiento de la investigación- creación como productora de nuevo conocimiento es reciente, por lo cual los proyectos de esta índole plantean retos para los comités de ética, que deben abordar lógicas provocadoras y lenguajes irónicos que no siempre se adaptan a los protocolos establecidos. Además, quizás la noción de libertad artística o de valor estético puede resultar extraña en los procedimientos de los comités de ética, que no contemplan que el arte contemporáneo puede buscar detonar, intencionalmente, incomodidad, inquietud e incluso subvertir normas sociales y culturales con el fin de develar contradicciones (Beltrán-Luengas y Osorno, 2019, p. 27).
Dada esta complejidad, en los comités de ética es necesaria una ampliación en la forma de pensar la realidad. Los niveles de riesgo ético definidos en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud pueden servir como referencia y punto de partida, si bien se requiere de la construcción de criterios nuevos, adaptados a la naturaleza específica de los problemas abordados en la investigación-creación. Este enfoque ampliado permitiría una mayor comprensión y apreciación de las dimensiones éticas asociadas a proyectos que exploran expresiones en el ámbito artístico y cultural.
Los comités de ética universitarios son esenciales para salvaguardar principios y valores en la academia, pero para fomentar una cultura de investigación responsable es crucial complementarlos con una formación ética sólida y continua. Implementar espacios educativos dirigidos a docentes y otros agentes institucionales es esencial para capacitar profesionales reflexivos,
en línea con el concepto de Schön (1983), capaces de analizar críticamente sus decisiones, acciones y modelos mentales subyacentes, así como abordar problemas creativa y adaptativamente. Estos procesos deben enfatizar la consideración moral de los contextos y sujetos de investigación, promoviendo la producción equitativa de conocimiento y contribuyendo a un futuro más justo y sostenible a través de las artes y el diseño. Al fomentar estas reflexiones en todos los niveles organizacionales, se crea un entorno transversal donde la ética de la investigación es valorada, discutida y practicada.
La reflexividad en la investigación conlleva “la observación crítica, la transformación de las relaciones de poder; y permite encarnar una epistemología situada con implicaciones concretas en la generación de conocimiento” (Torres-Quintero y Granados-García, 2023, p. 1). Formar investigadores-creadores va más allá de transmitir conocimientos teóricos y técnicos; debe fomentar el discernimiento sobre las implicaciones de la práctica creativa y desarrollar habilidades para tomar decisiones en situaciones complejas y ambiguas. Como señala Eisner (2002), el proceso creativo debe ser un ejercicio constante de reflexión y autoevaluación, en el que los investigadores cuestionen sus propios supuestos y sesgos, en la búsqueda del bienestar social.
Aplicando estos principios, los educadores pueden diseñar talleres y seminarios que promuevan el diálogo ético, el arbitraje y la deliberación argumentada frente a problemáticas actuales. Adicionalmente, la incorporación de estudios de caso y dilemas reales en el currículo, como sugiere Rest (1986), puede fortalecer la capacidad de los estudiantes para identificar y abordar cuestiones éticas en su práctica. Esto se alinea con la propuesta de Freire (1970) de una educación problematizadora, que estimula la capacidad de análisis y la acción transformadora, que resulta en el enriquecimiento del impacto formativo de los investigadores-creadores.
La creación de espacios de aprendizaje colaborativo y transdisciplinario es otra estrategia crucial para promover la ética, y puede realizarse desde diferentes asignaturas, semilleros y actividades
extracurriculares relacionados con la formación investigativa o humanística. Autores como Gibbons et al. (1994) han destacado la importancia de la producción de conocimiento modo 2, que trasciende las fronteras disciplinarias y promueve la construcción colectiva de saberes. Este enfoque puede materializarse a través de laboratorios de creación, residencias artísticas, festivales, exposiciones y plataformas digitales que involucren a diversos actores, fomentando una ética de la reciprocidad y el reconocimiento mutuo, como señala Bishop (2012). Al integrar estas pedagogías, la comunidad educativa experimenta el sentido social y cultural de sus diseños y producciones artísticas.
En este contexto, el compromiso estudiantil emerge como un factor crucial, con implicaciones que trascienden el ámbito académico y se extienden hacia lo cívico. McMahon y Portelli (2004) y Kuh et al. (2008) subrayan que un estudiante comprometido no solo obtiene mejores resultados de aprendizaje y desarrollo personal, sino que también se involucra más activa y sistémicamente en su entorno. En el contexto colombiano, Pineda- Báez et al. (2014) resaltan el poder transformador de integrar a los estudiantes en proyectos sociales y fomentar así un profundo sentido de corresponsabilidad, arraigo y apropiación del conocimiento. Este enfoque, basado en la colaboración y el beneficio mutuo entre la academia y la sociedad, nutre la formación de investigadores- creadores con una praxis éticamente orientada, conscientes de su rol como agentes de cambio.
La reflexión sobre la función social del producto creativo revela contrastes significativos: mientras que el arte busca expresión y provocación, el diseño se centra en la funcionalidad y el uso. La crisis inherente al modelo de desarrollo fundamentado en el consumismo, junto con la innovación indiscriminada de productos creativos, ha suscitado diversas consideraciones que llaman a que todas las áreas del conocimiento adopten posturas éticas (Aguirre-Ramos, 2017). En este contexto, la imperiosa necesidad de repensar los paradigmas
dominantes se manifiesta como una respuesta indispensable ante los desafíos contemporáneos.
Una concepción popular y generalizada sobre la ética del diseño es resumida por Zabalbeascoa (2013), cuando afirma que lo mínimo que se le debe exigir a un producto es "que dure, que sirva, que esté bien hecho, que aporte, que mejore nuestra vida, que nadie tenga que sufrir para que uno pueda disfrutar, que su existencia no termine con la de otros o empeore el futuro de los que vendrán después de nosotros" (p. 39). La reflexión se enriquece al considerar que el diseño es una actividad significativa que debería resolver problemas. Por lo tanto, la comunidad creativa es responsable de plantear una agenda social relativa a su labor, como propone Papanek (1984).
Margolin y Margolin (2002) diferencian entre el diseño comercial, centrado en la creación de productos para la venta, y el diseño social, que busca satisfacer necesidades humanas y comunitarias para la mejora de las condiciones de vida mediante soluciones innovadoras, sustentables y no consumistas, como propone Armstrong et al. (2014). Esta categoría se relaciona con enfoques como el diseño para la innovación social, el diseño socialmente responsable y el diseño activista. La actual producción discursiva destaca al diseño como una respuesta a problemas no resueltos por el mercado o el gobierno, mientras numerosos autores contemplan la ética como indisoluble del diseño en cualquier escenario. Buchanan (2004) defiende la creación de productos que sirvan genuinamente a las personas, y Manzini (2006) aboga por un compromiso ético arraigado en el bienestar y la vida, lo que desafía las demandas de la industria.
Cruz-Aburto (2021) aporta a la discusión al enfatizar la necesidad de superar el temor asociado con la adopción de posturas éticas en la investigación creativa. Sugiere que esta disciplina aborde sus acciones desde la identificación de principios, valores y metas que impulsan a comunidades, sociedad e individuos, librándose de inhibiciones y adoptando una perspectiva más amplia. Esto resulta, además, enriquecedor para los estudiantes de diseño, toda vez que dicha perspectiva proactiva no solo favorece el proceso de investigación en diseño, sino que también contribuye a una práctica
más consciente, alineada con las necesidades y aspiraciones de las comunidades a las que sirve.
Desde un ángulo muy distinto, por otra parte, se han conceptualizado las artes y su relación con los límites éticos. La autonomía creativa, excluyendo influencias morales, políticas o religiosas, conlleva a la defensa de la libertad total del artista sin restricciones externas, como las que un comité de ética pueda ejercer, y rechaza injerencias de cualquier tipo. Este enfoque anula el debate ético, toda vez que la imposición de límites va contra la misma definición del arte en sí, independientemente de los impactos sociales que puedan derivarse de los productos artísticos. Estos impactos, no obstante, son innegables, lo que ha contribuido a la emergencia de diferentes miradas reflexivas.
En el siglo XX, el arte experimentó una transformación que desembocó en el paradigma contemporáneo que ha instado a los artistas a considerar las implicaciones éticas, políticas y sociales de sus obras. Según Heinch (2011), el arte clásico se distinguía por su meticulosa atención a la representación figurativa, regido por las normativas académicas que demandan la fidelidad a la realidad, y abarcaba expresiones como naturalezas muertas, retratos y paisajes. En contraste, el arte moderno compartía la apreciación por los materiales convencionales, pero se apartaba al poner énfasis en la manifestación de la subjetividad del artista. Por otro lado, el arte contemporáneo se define por su inclinación a desafiar sistemáticamente los criterios arraigados tanto en la tradición clásica como en la moderna. En el periodo histórico actual, estas tres categorías coexisten y conforman el paradigma artístico contemporáneo, caracterizado por su complejidad en formas y propósitos.
Desde la perspectiva de León-Cannock (2019), las nuevas prácticas artísticas desafían normas y valores estandarizados. El arte contemporáneo no solo rompe con convenciones, sino que, en su constante diálogo con la ética, redefine el carácter mismo de la creación artística y la politiza. En este contexto, el autor propone que los artistas que llevan a cabo proyectos de investigación-creación en entornos académicos deben observar al menos cinco principios éticos:
El Principio de Respeto destaca la autonomía de cada individuo, ya que enfatiza en la necesidad de informar detalladamente a los participantes sobre los aspectos de la investigación, y asegura que tomen decisiones conscientes y voluntarias.
El Principio de Beneficencia y No Maleficencia establece la responsabilidad de maximizar el bienestar de los participantes y minimizar cualquier daño potencial.
El Principio de Justicia aboga por la distribución equitativa de beneficios y costos entre los diferentes grupos afectados, y subraya la importancia de considerar las implicaciones sociales de las producciones creativas.
El Principio de Mérito y Beneficio Potencial destaca que los proyectos deben justificarse por sus potenciales beneficios, tanto para grupos específicos como para la sociedad en su conjunto.
Finalmente, el Principio de Integridad destaca la importancia de llevar a cabo la investigación con honestidad y rectitud en todas las etapas, evitando la corrupción de la esencia misma del proyecto.
En el ámbito académico, la adherencia a este marco ético posibilita la calidad formativa de los estudiantes y el cumplimiento de la función social de las instituciones educativas. La inteligencia ética debe ser fomentada y cimentada sobre valores que favorezcan el discernimiento y la sabiduría en la toma de decisiones para reconocer la acción responsable (Seijo y Barrios, 2012). En este orden de ideas, resulta pertinente el compromiso con estos principios por parte de cualquier miembro de una comunidad académica que proponga un proyecto de investigación-creación, ya sea que el estudio involucre seres humanos o cualquier ser vivo, y sin importar si sus objetivos son altruistas, comerciales o estéticos. Así, se asegura que dicho proyecto contribuya de manera positiva o, por lo menos, no perjudique a la sociedad.
Al reconocer el poder inherente en las relaciones entre participantes e investigadores en cualquier estudio, se hace evidente la necesidad de prevenir posibles abusos o descuidos en la obtención y uso de información confiada de buena fe por las personas (Figueroa-Perea, 2014). Para ello, se establece como medida fundamental la creación de un contrato que clarifique las condiciones y alcances del estudio, y así evitar daños o usos indebidos de los datos. El consentimiento informado va más allá de la mera anuencia para participar, es un estándar ético fundamental y un derecho humano por el que debe velar la investigación (Meo, 2010).
Los aspectos cruciales abordados por el consentimiento informado incluyen los objetivos del proyecto, las metodologías específicas, los posibles beneficios y riesgos, las medidas para proteger la confidencialidad y el anonimato, el uso previsto de la información y el compromiso del investigador de devolver los resultados. También se aclara si se grabarán sesiones o actividades y cómo se llevará a cabo dicho proceso. Paniagua-Arguedas (2012) destaca la importancia de establecer la libertad de las personas para retirarse en cualquier momento de la investigación sin consecuencias adversas, lo que evidencia un respeto genuino a la dignidad.
Cabe aclarar que cuando se realizan proyectos de investigación que involucran a comunidades, grupos o personas en situación de vulnerabilidad, surge un imperativo ético de generar relaciones más respetuosas y recíprocas entre los investigadores y los participantes. Si bien el consentimiento informado es necesario, puede no ser suficiente para garantizar un marco ético de la investigación. Así lo plantean diversos expertos que proponen aproximaciones colaborativas y comprensiones horizontales sobre la construcción del conocimiento.
Uno de los primeros en criticar el extractivismo y unilateralidad de la investigación tradicional fue el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda. En su emblemático libro sobre Investigación Acción Participativa en América Latina (Fals-Borda, 1987), planteó la necesidad de una producción de
conocimiento más democrática, mediante el rol activo de las comunidades, no solo como objetos del estudio sino como sujetos investigadores de sus propias realidades. Esta visión de ciencia sentó las bases para un paradigma más horizontal, dialógico y recíproco con grupos subalternos. En coherencia con lo anterior, Smith (1999) critica las prácticas de investigación occidentales que tratan a pueblos indígenas solo como entes pasivos proveedores de información, sin devolver nada a cambio, proponiendo formas de investigación recíprocas, en las que se intercambien conocimientos en pos de un entendimiento intercultural.
Similarmente, Martin y Mirraboopa (2003) discuten la necesidad de desarrollar relaciones de confianza, aprendizaje mutuo y beneficios tangibles cuando se investiga con comunidades aborígenes. En la misma línea, los principios de Propiedad, Control, Acceso y Posesión (OCAP) impulsados por grupos indígenas en Canadá (First Nations Centre, 2005) establecen estándares que fortalecen la autonomía de los grupos estudiados y reivindican sus derechos sobre el conocimiento generado colaborativamente.
De manera similar, varios autores han extendido estas ideas éticas a la investigación con otros colectivos vulnerables. Mertens et al. (2011) proponen lineamientos para investigación respetuosa con personas con discapacidad, mientras Banks et al. (2013) discuten un marco ético interseccional aplicable a minorías diversas. A su vez, Bonevski et al. (2014) resaltan la importancia de la justicia, la equidad y la evaluación conjunta de los proyectos en investigaciones de salud con comunidades de bajos ingresos. La noción transversal es la necesidad de trascender la simple extracción de datos, y abogar por el reconocimiento de la agencia y humanidad de cualquier persona que participe en una investigación, sus intereses y la retribución de sus aportaciones.
Este tipo de perspectivas también han permeado las artes y el diseño, por ejemplo, en propuestas de educación para el arte socialmente comprometida (Helguera, 2011), el fomento de ciudadanos diseñadores (Resnick, 2021) y el diseño para la justicia social en ingeniería (Reynante, 2021). En conjunto, estos planteamientos construyen un corpus teórico interdisciplinario sobre cómo
investigar y colaborar de manera más dialógica y beneficiosa con la sociedad. Si bien los contextos y poblaciones varían, la idea unificadora es que los involucrados no deben ser vistos meramente como fuentes de inspiración o de obtención de datos, sino como sujetos y socios válidos, con derechos sobre el proceso y los frutos del trabajo conjunto. Como ya advirtiera Fals Borda décadas atrás, esto conlleva reformular las jerarquías para contrarrestar inequidades estructurales.
La formación en competencias investigativas en el contexto universitario no puede desconocer el compromiso de la educación con la transformación social (Bolaño-García, 2022). Aunque adoptar aproximaciones participativas y de compromiso comunitario no puede imponerse como una obligación ética a todos los investigadores creadores, la reflexión acerca del tema sí debe hacer parte del proceso formativo del estudiante, puesto que se trata de discusiones de vanguardia que reflejan las demandas actuales de la sociedad. Ello incluye conocer, analizar y cuestionar distintas posturas teóricas y metodológicas en torno a la investigación ética.
De este modo, puede desarrollar progresivamente su propia brújula de valores y principios para orientar su praxis, teniendo en cuenta que no existe un imperativo absoluto, por lo cual es crucial que su preparación académica incorpore herramientas conceptuales que enriquezcan su pensamiento crítico y autonomía.
La propiedad intelectual “abarca una amplia gama de actividades y desempeña un importante papel tanto en la vida cultural como en la económica” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021, p. 1). Esta se divide tradicionalmente en dos grandes áreas: propiedad industrial y derechos de autor. La primera protege invenciones, diseños industriales y signos distintivos mediante patentes, registros y otros títulos legales concedidos por el Estado. Los derechos de autor y conexos, por su parte, salvaguardan creaciones artísticas, culturales, audiovisuales, fonogramas y similares, reconociendo al creador prerrogativas morales y patrimoniales. Adicionalmente, existen figuras
afines como secretos empresariales, protección a obtentores de variedades vegetales, entre otros, con el fin de resguardar los productos del ingenio humano (Minciencias, 2021).
Conforme al artículo 61 de la Constitución Política de Colombia (1991), es necesario salvaguardar las creaciones sobre las que el ser humano ejerce titularidad o derechos y así evitar apropiaciones no autorizadas. Proteger la propiedad intelectual fomenta la creatividad y el progreso al recompensar el esfuerzo invertido en innovaciones tecnológicas y culturales. Esto, a su vez, estimula la mejora de la calidad de vida al impulsar ecosistemas de innovación y desarrollo competitivo sostenibles, con beneficios económicos y sociales.
Siguiendo esta línea, la necesidad de implementar medidas en el ámbito de la propiedad intelectual cobra especial relevancia en la investigación, toda vez que la reputación y la influencia de la ciencia se cimenta en la credibilidad de sus descubrimientos y creaciones. Ello implica subrayar la importancia de la integridad del investigador, protagonista de este escenario. En este orden de ideas, la primera responsabilidad en materia ética no recae únicamente sobre los organismos estatales e internacionales, las leyes y mecanismos regulatorios derivados de estas, sino sobre la buena conducta del investigador en el marco de la delicada tarea de la producción y divulgación de conocimientos.
En coherencia con lo anterior, Miranda-Montesinos (2013) caracteriza al investigador ejemplar así: primero, distingue claramente materiales de terceros, por lo que otorga crédito aún a aportes orales de colegas; segundo, maneja apropiadamente convenciones de citación y referenciación; tercero, se mantiene actualizado en las discusiones contemporáneas de su campo, ya que reconoce antecesores y evita falsas novedades; cuarto, conoce la normativa vigente sobre propiedad intelectual, incluso excepciones éticas a su acatamiento absoluto; quinto, al enviar obras a publicación, declara casos de contenidos sustancialmente idénticos a trabajos propios previos; sexto, su currículum vítae identifica reimpresiones o versiones nuevas, sin duplicar ítems; y séptimo, no tolera plagios de estudiantes, pues erosionan la reputación académica.
Ahora, para profundizar en esta reflexión, resulta pertinente realizar algunas precisiones sobre las producciones que incorporan elementos conceptuales, creativos o técnicos provenientes de grupos étnicos o comunidades específicas. El debate sobre la apropiación ha adquirido relevancia en el contexto de la globalización y la interconexión de sociedades diversas que interactúan en los procesos de investigación-creación. Es necesario abordar esta cuestión desde una perspectiva ética para garantizar el respeto a las comunidades y proteger tanto sus conocimientos como sus expresiones culturales.
A este respecto, Vallejo (Pontificia Universidad Javeriana, Vicerrectoría de Investigación, 2021) destaca la necesidad de evitar la confusión entre los conceptos de acceso y dominio públicos. Solo porque un elemento de origen tradicional se haya divulgado abiertamente y sea de fácil acceso, no implica que esté en el dominio público ni la renuncia a la titularidad colectiva por parte de la comunidad que inicialmente lo concibió. Entonces, si el investigador-creador hace uso de dicho elemento, debería cuestionarse acerca de los derechos de propiedad intelectual de su obra, que no serían del todo suyos. Lamentablemente, la falta de claridad legal y de inventarios que registren estos activos intangibles facilita su utilización descontextualizada y sin retribución, lo que puede provocar la pérdida de significados, la propagación de estereotipos reduccionistas y el despojo al patrimonio cultural.
Urge, entonces, construir consensos para la protección de saberes tradicionales. Los protagonistas de la investigación-creación están llamados a formar parte del debate actual sobre los derechos de autor y conexos, la representación y la apropiación.
Asimismo, los comités de ética universitarios pueden promover pautas mínimas, como requerir licencias o permisos de los representantes legítimos de la comunidad, realizar consultas previas donde se sinceren los objetivos de la investigación, contemplar posibles titularidades compartidas sobre las obras derivadas, y asegurar la participación de las comunidades en las decisiones sobre los productos que tienen referencia a sus conocimientos o expresiones culturales. Finalmente, cabe aclarar que estas disposiciones
deben plasmarse en un acuerdo jurídicamente válido, pactado entre las partes, con la finalidad de establecer las claridades y garantías a las que haya lugar.
La integración de la sostenibilidad en la educación se ha generalizado, impulsada por compromisos institucionales, demandas estudiantiles y un creciente reconocimiento de la crisis climática (Wright, 2002). Sin embargo, el ambicioso discurso de muchas universidades no siempre se ha traducido en una incorporación significativa de la ética ecológica en la realidad cotidiana, pues no faltan las posturas tibias que trivializan, maquillan e incluso falsean el enfoque verde. Este fenómeno de adopción superficial y estéril del ambientalismo sin un compromiso real subyacente, bastante reconocido como estrategia publicitaria y de márquetin empresarial, ha sido conceptualizado como greenwashing, e implica la adopción de una retórica atractiva, pero que no va acompañada de cambios prácticos ni de la reexaminación de los paradigmas dominantes que causaron el problema inicialmente.
Vallaeys (2014) describe la complejidad de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como un desafío incómodo y fastidioso. Señala que, a diferencia de las grandes empresas, la universidad no enfrenta demandas externas significativas para cumplir con sus responsabilidades sociales, así que puede prescindir de ellas: ningún stakeholder ejerce presión directa. Ello le permite mantenerse en una zona de comodidad, donde puede elaborar una RSU a manera de barniz verde que actúa como fachada. Si las acciones de la universidad responden únicamente al mandato burocrático del desarrollo sostenible, evaluado de manera superficial en ránquines cuantificables o dirigido exclusivamente a ganar popularidad a través de publicidades vacías, pueden tener efectos contraproducentes que requieren una reflexión profunda (Fernández-Mora, 2023).
En la esfera profesional del diseño proliferan tendencias como el Diseño Sostenible, Eco-friendly, Ecodiseño o Green Design, que deben ser aplicadas con cuidado, toda vez que “el sistema ha disociado
consumo (y bienestar material) con el peligro de colapso ambiental” (Zito, 2014, p. 101). Esto quiere decir que, cuando el esfuerzo no se centra en frenar el consumismo, el riesgo está en perpetuar el falsoverdismo. En un contexto de superpoblación y crisis, revisar la producción de productos innecesarios se vuelve una cuestión esencial. La perspectiva ética educativa debería incluir el reconocimiento de los límites de regeneración del planeta, teniendo en cuenta que la exuberancia del consumo de las sociedades industrializadas es la principal causa de la destrucción del entorno natural. Es clave cuestionar el estilo de vida cultural que pone el fundamento de la felicidad personal sobre la adquisición deslumbrante de productos, y el sentido de éxito profesional de los creativos sobre el exceso de su producción y venta.
En palabras de Kagan (2011), la modernidad ha evolucionado hacia una cultura de la insostenibilidad, a la cual las artes han contribuido. Estas pueden servir como incubadoras de pequeños proyectos verdes ingenuos que podrían posicionarse en el greenwashing aun sin saberlo. Sin embargo, también pueden convertirse en formas alternativas para producir significados socioambientales que fomentan la conciencia sobre la emergencia climática y propician el pensamiento crítico al respecto. Esta perspectiva destaca el poder del arte para catalizar una conciencia colectiva, lo que genera narrativas visuales y emocionales capaces de inspirar un cambio en la percepción y acción de la sociedad. Es clave superar propuestas estéticas o conceptuales que mencionan el conservacionismo solamente porque está de moda y porque es lo que se espera que hagan, sin confrontar al statu quo dominante.
Al interior del aula, a su vez, existen múltiples indicios de una integración cosmética de discursos verdes sin repensar nociones como la obsolescencia programada y el consumismo. Por ejemplo, es incoherente que los educadores hablen de la protección a los ecosistemas, mientras emplean las clásicas metodologías de aprendizaje que siguen demandando la creación de maquetas y prototipos de manera continua, lo que genera una considerable cantidad de desechos que se acumulan en el día a día de las asignaturas. Cuando los productos materiales de los ejercicios académicos no son
reutilizables y terminan en la basura poco después de ser presentados, se reproduce en la mente del estudiante la idea errónea de que la Tierra es infinita en recursos, los cuales tenemos derecho a explotar sin consecuencias.
Frente al panorama descrito, la RSU podría aprovechar los procesos de investigación-creación que se desarrollan al interior de sus programas académicos para transformar a fondo la cultura institucional, de manera que se revitalicen y autentiquen los sobreexplotados discursos de sostenibilidad. Es evidente la necesidad de implementar medidas en los campus universitarios, tales como infraestructuras de tecnología ecoamigable, ahorro de recursos, energías renovables, reutilización y reciclaje, entre otras alternativas por construirse con ayuda de las disciplinas creativas. A través de dichos procesos, además, resulta posible fomentar acciones educativas para que los estudiantes desafíen las ideas dominantes acerca de la interacción humana con la naturaleza, desarrollen una verdadera sensibilidad hacia el cuidado del entorno y se desidentifiquen con las populares tendencias falsoverdistas.
En ese sentido, resulta pertinente interrogar: ¿hacia dónde se inclina hoy la investigación-creación en el ámbito universitario?, ¿hace la tarea de cuestionar paradigmas y proponer soluciones necesarias para una verdadera preservación de la naturaleza, o se conforma con un ecologismo débil, cómodo e incluso funcional al depredador modelo comercial del desarrollo? Transgredir, imaginar y oponerse al statu quo parecen verbos imprescindibles si se pretende ir más allá de la retórica ecológica y asumir éticamente la situación límite que enfrenta la humanidad del siglo XXI.
La investigación-creación en el ámbito universitario se desenvuelve en un escenario de tensiones y desafíos éticos emergentes, que obligan a un abordaje profundo desde múltiples aristas. En primer lugar, se requiere analizar el propósito y función social del conocimiento generado en las instituciones. Más allá de fines utilitaristas o economicistas, la misión de la universidad implica formar profesionales con criterio ético sobre su
campo disciplinar. La consideración de marcos regulatorios, como los comités de ética, no debe ser vista como una barrera burocrática o una mera exigencia, sino como un garante de integridad y un espacio para la deliberación que enriquece el impacto de la academia en el mundo. Asimismo, es fundamental complementar esta estructura con espacios reflexivos continuos y transversales para toda la comunidad educativa, que promuevan una cultura de la investigación comprometida con el bien común.
En segundo término, es preciso superar conceptualizaciones restrictivas de la libertad creativa que nieguen sus responsabilidades sociales. Sin desconocer la autonomía necesaria para la creación, los productos culturales e innovaciones generadas desde la universidad acarrean inevitables repercusiones que no pueden obviarse. Por tanto, el cultivo de competencias éticas resulta indispensable, con una atención especial a los principios de respeto por los participantes, de beneficencia y no maleficencia, justicia, mérito y beneficio potencial, e integridad. La ética no limita la creatividad; al contrario, potencia su carácter transformador y significativo.
Tercero, la investigación-creación debe reconocer epistémicamente los aportes de comunidades, grupos étnicos y minorías. Más allá del extractivismo de datos, se requieren relaciones horizontales y recíprocas que retribuyan las contribuciones de todos, promuevan su inclusión en la toma de decisiones, y eviten representaciones folklorizadas o estereotipadas. Similarmente, la realización de aportes a la construcción de consensos interculturales sobre la propiedad intelectual es una tarea a la que se debe comprometer la universidad. Tanto los conocimientos como las expresiones culturales requieren ser abordados mediante marcos éticos (especialmente cuando los jurídicos son insuficientes), que regulen usos apropiados en producciones híbridas emergentes y fortalezcan alianzas participativas entre academia y sociedad.
La cuarta conclusión se refiere a que la ideología del crecimiento económico ilimitado es incompatible con la realidad. La investigación-creación puede catalizar narrativas que confronten imaginarios hegemónicos naturalizados, disputando sentidos
sobre la relación de los humanos con la naturaleza. La educación es capaz de cumplir un rol vital si asume el desafío de concretar posibilidades justas y sustentables, más allá de la moda presente de conseguir likes por medio del greenwashing. La ética, como principio ordenador, parece la única capaz de devolver el contenido genuino a los discursos sobreexplotados de la sostenibilidad. Quizás, entonces, la práctica académica termine resignificando su labor a la luz de estas necesidades, más allá del lucro y la competencia, más allá del barniz verde, pues la educación universitaria integral es la que se arraiga de manera honesta en el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Finalmente, la universidad tiene la responsabilidad de liderar un cuestionamiento crítico continuo y una deliberación democrática sobre los fines que guían la producción de conocimiento a través de la investigación-creación. Ello demanda una reconfiguración del propósito epistémico y social de las disciplinas creativas en diálogo con los desafíos contemporáneos. Además, implica la formación de profesionales íntegros, con una sólida brújula ética que oriente sus contribuciones hacia el bien común. Si bien persisten zonas grises e incertidumbres en las coordenadas éticas emergentes, la educación debe fomentar esta reflexión transversal que trascienda universalismos abstractos y oriente la praxis innovadora hacia su potencial transformador.
Se hace constar que en el proceso de redacción de este escrito no han influido intereses personales ni externos que pudieran sesgar la objetividad del contenido ni ejercer manipulación para orientarlo de alguna forma. Se ha mantenido un compromiso en este artículo de reflexión, evitando cualquier conducta impropia y asegurando que los contenidos incorporados sean consistentes con los valores éticos de los campos educativo, social y científico.
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