Introducción

Abril de 2021, zona rural del nororiente del Cauca (Colombia). En medio de un espacio comunitario indígena donde se reflexiona sobre el progresivo incremento de la violencia en sus territorios, llega la guardia indígena (Puyaksa nasa) con un cargamento de hoja de coca recién “erradicada”. Las autoridades indígenas presentes dialogan, debaten y deliberan (catean^[2]) sobre el futuro inmediato de la planta que yace en el suelo. Se resuelve incinerar la hoja de coca, una decisión que hace titubear a algunas autoridades porque la planta tiene un carácter sagrado para la comunidad, pero que debe ser erradicada cuando se usa para sustentar la cadena del narcotráfico, pues este hecho “desarmoniza” el territorio.

Abril de 2021, Bogotá (Colombia). En medio de una crisis generalizada, fruto de la pandemia global y de un Estado colombiano titilante que ha gobernado a punta de decretos, se expide uno más: el Decreto 380. La medida, tomada por parte del ejecutivo encabezado por Iván Duque, busca reanudar la erradicación de plantaciones de coca a través de la aspersión con glifosato. Una práctica que había sido suspendida seis años antes (2015) por el legislativo colombiano debido a los riesgos que supone para la salud de las comunidades aledañas, pero que se retoma porque el proyecto político del gobierno asume que la lucha contra el narcotráfico es uno de los pilares de la seguridad territorial y la paz en Colombia.

Los actores políticos son completamente opuestos. No obstante, la planta, el acto y el objetivo son, técnicamente, los mismos; pues se erradica la hoja de coca para hacer frente al narcotráfico. En este horizonte, ¿Cómo entender que actores políticos considerados antípodas, eventualmente puedan llegar a coincidir en diferentes puntos programáticos y de acción en torno a temas tan sensibles como la defensa territorial y la construcción de paz en Colombia? ¿Cuál sería el papel que juegan actores comunitarios de control territorial como la guardia indígena en la construcción de paz y, a la vez, en la continuación del proyecto de un Estado beligerante? ¿Cuáles son los medios, estrategias y mecanismos a través de los cuales la guardia indígena y el Estado colombiano buscan desarrollar sus proyectos políticos y sociales en el marco de la construcción de paz? ¿Qué tensiones deja este tipo de fenómenos y qué implicaciones tiene para la construcción de paz en Colombia? Estos son solo algunos de los interrogantes que surgen al evidenciar las nuevas configuraciones territoriales en el posacuerdo de paz. La actual ciencia política no ofrece muchas alternativas para abordar este tipo de fenómenos, a pesar de que la disciplina cuenta con más de una docena de enfoques (Losada y Casas, 2008) y que el estado del arte sobre la construcción de paz en Colombia sufra un síndrome de gigantismo y la producción sea cada vez más extensa^[3]. No solo eso, la mayoría de perspectivas analíticas sobre la paz en Colombia asumen nociones como la “paz negativa/paz positiva” (Galtung, 2003), “paz imperfecta” (Muñoz, 2001), “paz liberal” (Paris, 2010), “paz híbrida” o “postliberal” (Richmond, 2006; Mac Ginty, 2011), “paz territorial” (Jaramillo, 2014), entre muchas otras que no han clarificado del todo las contradicciones políticas presentes en los territorios enmarcados en este proceso.

En este sentido, el presente trabajo busca realizar una aproximación, desde los conceptos de construcción de paz y gobernanza, al papel que tiene la guardia indígena en el proceso de construcción de paz en el Cauca. Para ello, la primera parte del trabajo propone un apartado conceptual, clarificando la noción de construcción de paz a partir de los estudios de paz y de gobernanza desde el enfoque estratégico relacional de la ciencia política (Jessop, 2008). La segunda parte identifica el rol de la guardia indígena del Cauca conforme a este marco referencial y, por último, la tercera parte realiza una serie de puntos a los cuales llegamos con este trabajo.

Algunos apuntes conceptuales

Construcción de paz

Como ya adelantamos, la construcción de paz es un campo de estudio gigante que cada día crece aún más. Algo que es entendible, dado que, en la actual coyuntura colombiana y global, hay un interés por entender las formas de afrontar los conflictos, ya sea para superarlos, transformarlos o directamente resolverlos. Fruto de este interés, desde mediados del siglo XX surgió una multiplicidad de nociones teóricas que progresivamente se han trasladado al ejercicio político. Dentro del campo léxico de los estudios de paz encontramos anglicismos como peacemaking (pacificación o establecimiento de la paz), peacekeeping (mantenimiento de la paz), peace enforcement (imposición de la paz), conflict prevention (prevención de conflictos) y peacebuilding (construcción de paz). Dentro de este conjunto, la peacebuilding tiene un lugar privilegiado, no solo en lo teórico, sino en la praxis política, pues desde que en 1992 (cuando la proclamó el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros-Boutros Ghali) hasta la actualidad, se ha convertido en una idea dominante en las agendas políticas de países que buscan la transición hacia un escenario pacífico (como El Salvador, Sierra Leona, Burundi, Irlanda del Norte, República Democrática del Congo y Colombia).

Desde su génesis, en la mitad del siglo XX, hasta la actualidad, las diferentes nociones de construcción de paz se pueden sintetizar como el conjunto de “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” (Boutros-Ghali, 1992), es decir, se asume como un proceso pos-bélico que necesita el silencio de los fusiles para poder desplegarse de forma adecuada, ya que incluye una serie de:

actividades realizadas al final conflicto para restablecer las bases de la paz y ofrecer los instrumentos para construir sobre ellas más que la mera ausencia de la guerra [incluyendo] la reincorporación de excombatientes a la sociedad civil, el fortalecimiento del imperio de la ley (por ejemplo mediante el adiestramiento y reestructuración de la policía local y la reforma judicial y penal); el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos mediante la vigilancia, la educación y la investigación de los atropellos pasados y presentes; la prestación de asistencia técnica para el desarrollo democrático (incluida la asistencia electoral y el apoyo a la libertad de prensa); y la promoción del empleo de técnicas de solución de conflictos y reconciliación (ONU, 2000, p. 3).

Esta visión retoma los conceptos clásicos del conflicto, entendido como una situación dialéctica que se puede superar y que necesita ser superada para tener un escenario pacífico. Un enfoque clásico de corte institucionalista, pues, asume que para edificar la paz se necesita fortalecer las instituciones políticas, donde encontramos el anglicismo hermano de peacebuilding. Hablamos de statebuilding o fortalecimiento del Estado. Esta idea, surgida en el neoinstitucionalismo, asume que el conflicto armado interno es el resultado de la debilidad del Estado. Por ello, la paz se lograría a partir del fortalecimiento del Estado y del monopolio de la fuerza. De acuerdo con esto, el tránsito de una situación de violencia a una de paz necesita del desarrollo de instituciones políticas sólidas, las cuales estaban ausentes o fueron deterioradas en el marco de la guerra, precisando así de la construcción de un Estado competente, autónomo y legítimo (Paris y Sisk, 2009). Una forma de paz que, para Oliver Richmond (2006) y Roger Mac Ginty (2011), se puede denominar “Paz liberal”, puesto que apunta a superar la violencia a partir de la construcción de instituciones fuertes que garanticen un conjunto de derechos políticos y económicos de corte liberal (Bautista, 2017). El modelo de Estado que se propone retoma la conocida fórmula weberiana del monopolio de la fuerza. Desde esta orilla conceptual, el Estado es definido de la siguiente manera:

aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el «territorio» es elemento distintivo), reclama [con éxito] para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite (Weber, 2009, p. 83).

En el caso de nuestro país, la experiencia muestra que el Leviatán colombiano, lejos de monopolizar la fuerza en el territorio para garantizar un mínimo de seguridad a la población, hace aguas por todos lados e intenta no sucumbir frente a la violencia sostenida que se ha presentado desde hace media centuria. De ahí que, como señala Sandra Bautista (2017), la paz buscada por los sectores políticos dominantes de Colombia haya sido la “paz liberal”. En efecto, se asume que el conflicto armado interno y sus muestras encarnizadas de violencia obedece a la histórica debilidad de las instituciones políticas del país, las cuales son el germen de los desequilibrios sociales, políticos y económicos que se manifiestan de manera especial en los territorios no urbanos. En la teoría, este enfoque liberal de la paz era una alternativa loable y expedita para superar las condiciones que generó el conflicto. En la práctica, en Colombia esto supuso la adopción del Plan Colombia, de la Política de Seguridad Democrática (2002-2010) y de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial-PNCRT ejecutada desde 2009. Un completo proyecto político que derivó en un fortalecimiento desproporcionado del papel coercitivo del Estado, el cual intensificó la violencia precisamente en esos territorios donde se buscaba generar las condiciones para la construcción de paz.

Tratando de solventar el desangre social que representó para Colombia la “construcción del Estado” durante 2002-2010, el sector político dominante en el periodo 2010-2018 redujo parcialmente el carácter militarista de su etapa previa, pero continuó con el enfoque institucionalista de la paz liberal. Sin embargo, ninguna de las dos tendencias del mismo enfoque logró el objetivo de construir paz a través de la construcción del Estado: si a través de la seguridad democrática, el Estado fue incapaz de monopolizar el uso de la violencia legítima, durante el proceso de paz FARC-Gobierno Santos, y tras la firma del Acuerdo de Paz, la debilidad del Estado sería más evidente, produciendo a nivel territorial configuraciones del conflicto armado y social que han intensificado la violencia armada. De hecho, el crítico escenario político, social y económico que tiene Colombia en la actualidad (marcado por la debilidad del Estado, el tortuoso proceso de construcción de paz y la generalizada inestabilidad social), es una coyuntura que muestra de forma nítida las contradicciones del modelo de paz implantado en Colombia, llegando incluso a incidir en su capacidad de gobernar en todo el país.

Gobernanza

Aquí es donde entra la idea gobernanza, que responde al cómo se produce el “arte gobernar”, es decir, las diversas prácticas y mecanismos que colectivamente utilizan los actores políticos para lograr, en mayor o menor medida, sus objetivos políticos. Esta idea polisémica, que en términos generales se puede entender como el conjunto de “modelos y prácticas de coordinación de la acción colectiva en condiciones de intereses creados, recursos distribuidos y en la búsqueda de objetivos comunes legítimos y aceptados” (Glückler, Rehner y Handke, 2019, p. 6), surgió en la etapa de posguerras, pero solo desde la década del 90 ha tenido un amplio desarrollo en las ciencias sociales con los trabajos de Elinor Ostrom (1990), James Rosenau y Ernst Czempiel (1992), Bob Jessop (1998, 2017), Renate Mayntz (2006), Guy Peters (2000, 2011), entre otros.

A pesar de contar con unas cuantas décadas desde su surgimiento en 1960, la idea de gobernanza aún dista de tener un consenso en cuanto a su significado. No obstante, dentro del abanico de posibilidades se encuentra la propuesta de Bob Jessop, que propone una visión crítica de la gobernanza. De acuerdo con el autor, la propuesta clásica de gobernanza se refiere al conjunto de “mecanismos y estrategias de coordinación de cara a la interdependencia recíproca compleja entre agentes, organizaciones y sistemas funcionales operativamente autónomos” (Jessop, 2017, p. 230). Esta estilizada visión conceptual puede ser útil para analizar los complejos escenarios políticos contemporáneos, en los que el poder se entiende no como una capacidad, ni como un ejercicio, sino más bien como una relación social que está mediada por una serie de variables (actores, instituciones, intereses, etc.) que definen, en estructuras jerárquicas y no jerárquicas, la toma de decisiones en determinados espacios.

En el caso colombiano, esto es aplicable al proceso de statebuilding y peacebuilding, dado que en las últimas décadas del conflicto armado interno se ha podido evidenciar que los procesos de construcción de paz han implicado sendas configuraciones territoriales. Allí han aparecido, desaparecido e incluso se han metamorfoseado actores políticos que ponen en entredicho el monopolio de la violencia que debe ostentar un Estado para garantizar la paz. No obstante, desde una perspectiva crítica de la gobernanza, esto se puede entender como un proceso que permite mantener el Estado que, aunque débil y concentrado en los centros urbanos, logra perpetuar un proyecto político en los territorios a pesar de su ausencia. Frente a su histórica debilidad, el actor político dominante del contexto colombiano (el Estado) omite selectivamente el monopolio legítimo de la violencia, siendo esta una función que han asumido otras estructuras políticas territoriales en un marco sociopolítico ambiguo, pues a la vez que persisten las condiciones generadoras del conflicto armado, se desarrolla el proceso de construcción de paz.

En efecto, ante la inexistencia del Estado en muchos territorios colombianos, el poder jerárquico que esta institución debería ostentar se ha irrigado en una serie de actores que, a falta de Estado, ejercen autoridad territorial a través de estructuras de control de múltiples raigambres. No solo legales y legítimas, como el caso de la guardia indígena, la guardia campesina y la guardia cimarrona, sino también ilegales como el caso de los paramilitares y su relación con partidos políticos y actores políticos locales, los cuales generan gobernanza criminal (Duque-Daza, 2021, p. 351). Dentro de las estructuras de control territorial que generan gobernanza en el marco del conflicto armado y la construcción de paz, podemos señalar por lo menos tres tipologías:

i. Las estructuras de carácter civil articuladas al Estado, donde tenemos nociones como “policía comunitaria” (Miller y Hess, 1994), “policía rural” (Vanderwood, 1982) e incluso la “gendarmería” (Ruiz, 2015).

ii. Las organizaciones de lucha contrainsurgente articuladas de forma subrepticia al Estado. Aquí encontramos los conceptos “parainstitucional”, “parapolicial” y “paramilitar” (Medina y Téllez, 1994).

iii. Las estructuras armadas y/o civiles no articuladas al Estado, que se materializan estructuras de “autodefensas” (Kalyvas y Arjona, 2005) y “mecanismos de autoprotección” (ABColombia, 2016).

¿Dónde se encuentra una estructura de defensa territorial como la guardia campesina? Y ¿qué implicaciones tiene en el marco de la construcción de Estado y la construcción de paz?

La Guardia Indígena y la gobernanza de la peacebuilding

Los anteriores interrogantes surgen en una coyuntura específica: el proceso de posacuerdo y la construcción de paz en Colombia que, como todo momento histórico coyuntural, tiene la capacidad de mostrar las entrañas palpitantes de la realidad social y política. En nuestro caso, ha sido una ventana para ver de forma clara la progresiva disgregación del poder otrora monopolizado por el Estado, en un conjunto diverso de actores políticos, sociales y económicos que han surgido o se han fortalecido en la actual gobernanza del proceso de paz. Las relaciones de poder estratégicas aun transitan por los aparatos de poder del Estado colombiano centralizado. Sin embargo, ya no son exclusivas de este, sino que ahora se tienden sobre una urdimbre, sobre una red de múltiples actores locales y regionales que cuentan con cada vez más capacidad de control territorial. Este es el caso de la Guardia Indígena del Cauca, una estructura civil de defensa territorial. Un mecanismo de autoprotección que surge en el seno del proyecto de resistencia indígena, el cual siembra sus raíces en el periodo colonial, se mantiene en suspenso durante la etapa republicana y se fortalece a partir de la década de 1970, cuando sectores indígenas del Cauca retoman el proceso de resistencia para la defensa de sus comunidades y territorios. De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), máxima estructura organizativa de los indígenas de esta región, la guardia indígena se entiende como un:

Organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia (CRIC, 2017, párr. 5).

Así entendida, la guardia indígena es una estructura que, fundamentada en el discurso de la autonomía y el gobierno propio, garantiza la defensa territorial de las comunidades indígenas. Es una estructura de protección territorial que es cada vez más relevante dada la intensificación de las condiciones de guerra del conflicto armado en Colombia, especialmente en el Cauca, cobrando mucha notoriedad política en la actual coyuntura del posacuerdo de paz. En efecto, la guardia indígena había estado presente de forma tenue durante los primeros años de formación del proyecto indígena del CRIC, pero se fortaleció progresivamente como una alternativa de defensa territorial ante la ausencia del Estado en departamentos como el Cauca, que a finales del siglo XX naufragaba en un mar grupos armados que se disputaban el territorio. De hecho, el relativo éxito de la guardia indígena generó el surgimiento de estructuras hermanas en las otras parcialidades sociales, tales como los sectores campesinos del centro-sur del Cauca que, al despuntar la primera década del siglo XX, crearon las guardias campesinas y posteriormente las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca que también crearon las guardias cimarronas.

Ahora bien, la limitada construcción del Estado en las profundidades de Colombia, buscando fundamentar un posterior proceso de construcción de paz, supuso la rápida eclosión de estructuras civiles de defensa territorial en Colombia. Esta es probablemente la clave del análisis de la guardia indígena y la construcción de paz en el marco de la gobernanza del posacuerdo: el carácter civil que estas tienen desde su origen, elemento central que las diferencian de las otras estructuras de control territorial que se originan ante la ausencia y/o debilidad del Estado pero que son de carácter armado e ilegal. De hecho, el caso de la guardia indígena (y, consecuentemente, de la guardia campesina y cimarrona) es uno de los pocos casos que sobresale en Colombia, en una región como Latinoamérica, donde, en los últimos años, han proliferado cuerpos de seguridad comunitarios armados (Hernández, 2014).^[5]

Esto es importante en el marco del posacuerdo de paz colombiano, en el que la guardia indígena se define como un cuerpo de defensa territorial de carácter civil, lo que ha supuesto su posicionamiento como un actor clave en la construcción de paz desde una perspectiva territorial. Así, la guardia indígena ha sido uno de los primeros actores comunitarios en aportar a los diversos procesos que implica la edificación de un escenario pacífico. Esto va desde contribuir a la construcción de memoria de la resistencia indígena, el conflicto armado y la paz (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2019), así como el desarrollo de estrategias propias de resolución y trasformación de conflictos (Acosta et al, 2019) e incluso la implementación de mecanismos de autoprotección y defensa del territorio para hacer frente a las nuevas violencias y las reconfiguraciones de poder que se han generado tras el Acuerdo de paz FARC-EP y el Gobierno de Colombia (Rojas y Useche, 2019; Sandoval, 2008). Ante la ausencia del Estado y la necesidad imperiosa de hacer frente a las reconfiguraciones territoriales del posacuerdo, la guardia indígena ha adquirido un papel preponderante. Esto se evidencia en el progresivo fortalecimiento de su autoridad en los territorios indígenas (Velasco, 2019), así como en la legitimación de sus estructuras de gobierno ante instancias estratégicas surgidas con el Acuerdo de Paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, (Zuleta y Romero-Cárdenas, 2020; Jurisdicción Especial para la Paz, 2019); una incidencia política que incluso desborda su territorio y llega a espacios de movilización ciudadana del orden nacional (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2021).

La clave del acelerado fortalecimiento de la guardia indígena en el marco de la construcción de paz en Colombia es su carácter civil. Esta condición le dota de legitimidad y genera un discurso de resistencia frente al Estado, pero no de disputa de su poder, como lo hacen otros actores territoriales en esta etapa del posacuerdo (como los grupos armados ilegales). Todo lo contrario. En el marco de la gobernanza para la construcción de paz, la guardia ha tenido que articularse, directa e indirectamente, al proyecto político dominante del Estado. En efecto, como señala Van Dam (2020), los pueblos originarios y sus proyectos políticos, económicos y culturales de resistencia han quedado en medio de las tensiones propias de coexistir en una condición desventajosa con otro proyecto dominante, que es el que se propende por parte del Estado. En este marco, la gobernanza, entendida muchas veces desde una perspectiva normativa, no se da en un plano de relativa igualdad, sino que los actores políticos alternativos y de resistencia pueden quedar subordinados al proyecto político dominante precisamente por estar en un plano de desigualdad (Van Dam, 2020, p. 16). En el caso de la guardia indígena, esta subordinación se ha hecho patente en muchos estadios de la resistencia indígena. En algunos momentos de forma estratégica, como cuando Quintin Lame aceptó el sistema jurídico republicano para ejercer resistencia jurídica, logrando con ello el reconocimiento de los territorios indígenas. Y en otros momentos de forma obligatoria, como es el caso de la progresiva burocratización y estatización de las lógicas administrativas de las instituciones indígenas, a las que se han visto sometidas las comunidades étnicas con el fin de obtener recursos del Estado central (Benavides y Duarte, 2009).

Este es el punto del análisis al que deseábamos llegar, puesto que esta forma de cooperación por parte de actores políticos contrarios, incluso antagónicos, al proyecto dominante del Estado, supone nuevas variaciones para la gobernanza y para su proceso más urgente, que en el caso colombiano es la construcción de paz. En este marco, la guardia indígena, como estructura de defensa territorial (que hace parte de un proyecto político de resistencia a las lógicas dominantes del Estado colombiano), maniobra frente a las condiciones territoriales de violencia que ha impuesto la debilidad histórica de ese mismo Estado y ante su incapacidad manifiesta, asume algunas banderas del proyecto político dominante para defender el horizonte político y social de las comunidades indígenas. Como pudimos ver en la introducción del trabajo, el efecto directo ha sido que las comunidades indígenas, autodefinidas como actores políticos antagónicos del Estado beligerante, apropien parcialmente la agenda de ese Estado al que le hacen resistencia; asumiendo así, la lucha contra los actores armados y los efectos de las reconfiguraciones territoriales en el posacuerdo de paz, lo cual ha implicado que sus proyectos políticos basados en proyectos de vida propios hayan sido permeados por el horizonte político del Estado dominante.

Esta subordinación se refleja no solo es la burocratización y estatización de las estructuras político-administrativas que los indígenas habían construido desde la década del 70, sino en la progresiva adopción de imaginarios y prácticas sociales que otrora no tenían asidero en su proyecto político (como la erradicación de una planta que tiene un carácter simbólico para las comunidades indígenas). El hecho anecdótico con el que se abrió este documento denota y connota la capacidad del Estado dominante para cooptar sectores antagónicos y alinearlos a su proyecto político. De otra forma no se entiende cómo un elemento sagrado para los indígenas caucanos, como la hoja de coca, termina desacralizado y deslegitimado por la comunidad, que asume este acto como una acción importante para la defensa de su territorio. Esta es la gobernanza que tenemos en la actual coyuntura de posacuerdo. Una gobernanza caracterizada no por la toma de decisiones en un plano de horizontalidad para un bien colectivo como señalan algunos autores,^[6] sino una gobernanza que le permite al Estado coaccionar sectores potencialmente antagónicos y los adhiere a su proyecto político para fortalecerse. Un fenómeno que no es exclusivo de los indígenas del Cauca, sino que se manifiesta en otros países con presencia de proyectos políticos de corte étnico como Nicaragua (Baracco, 2017), México (Zurbriggen, 2011), Perú (Van Dam, 2020), entre otros.

En un escenario como este, es importante cuestionarnos por las posibilidades que les allegan a los proyectos políticos diferentes al del Estado dominante, no solo para superar esta condición de subordinación que les impide el desarrollo de sus proyectos políticos autónomos, sino para avanzar en la construcción de una paz realmente territorial que, basada en una gobernanza no jerárquica, permita superar las condiciones que dieron origen al conflicto armado. Avanzar en la superación de estas condiciones se hace perentorio de cara a la construcción de paz desde un enfoque territorial y diferencial, pues la subordinación de los sectores indígenas al proyecto político del Estado dominante los acerca rápidamente a una agenda política neoconservadora en lo institucional (basada en un enfoque militar para hacer frente a las configuraciones territoriales que trae el posacuerdo y la construcción de paz) y neoliberal en lo económico (basada en la inserción de las lógicas del globalismo mercantilista a nivel local), que inciden de manera profunda en su proyecto político autónomo, a la vez que descarrila la construcción de paz hacia un institucionalismo beligerante que ha mostrado su inoperancia desde hace décadas.

De acuerdo con el marco analítico propuesto, una posibilidad frente a este tipo de jerarquías, que generan la subordinación e impiden una verdadera construcción de paz, sería la corrección de los desequilibrios a través de la construcción de redes de poder no jerárquicas, es decir, de una gobernanza descentralizada que se ubique en un punto medio entre la influencia del Estado y la autonomía que les permita la autonomía política a las comunidades locales. Algo que se denomina “metagobernanza” (Jessop, 2008, p. 296) o “gobernanza de la gobernanza” (Jessop, 2014, p. 25). Una idea que se define como “un proceso a través del cual ciertos actores dan forma, combinan, facilitan y orientan las formas particulares de gobernanza de acuerdo a reglas, procedimientos o estándares” (Sorensen y Torfing, 2009, citados por Vásquez, 2014, p. 14).

Algunos puntos de llegada (conclusiones)

¿Es realmente la gobernanza una idea que permite abordar el rol de actores políticos alternativos (como los indígenas) en el proceso de construcción de paz de Colombia? Desde un enfoque disciplinar de la ciencia política, hemos visto cómo esta idea puede abrir nuevos espacios analíticos que, más allá de posturas antropológicas e históricas que son igualmente valiosas, permitan escarbar en el subsuelo de los procesos políticos. Es allí donde se encuentran las contradicciones que impiden avanzar en procesos alternativos al proyecto dominante del Estado y que limitan de forma grave el desarrollo de proyectos políticos que podrían superar las históricas problemáticas que mantienen el conflicto armado y social en el país.

Desde esta perspectiva, la idea de gobernanza puede ayudarnos a entender no solo las contradicciones de la construcción de paz, sino también la coacción a la que se han visto sometidas las comunidades indígenas que, dada su posición de desventaja en los escenarios políticos, están cediendo en múltiples frentes que limitan sus proyectos políticos autónomos y ponen en riesgo sus procesos de resistencia. Si bien, discursivamente se proponen como actores antagónicos al “proyecto hegemónico neoliberal” (CRIC, 2018, 2019, 2020, 2021) y, eventualmente, inciden en múltiples espacios de resistencia política y fortalecen los procesos alternativos desde sus acciones; la baja autonomía económica y la debilidad de sus estructuras políticas en términos institucionales ha implicado ceder en aspectos centrales de su proceso de resistencia.

En suma, frente al objetivo de nuestro trabajo, podemos concluir que estructuras civiles de defensa territorial como la guardia indígena contribuyen a la construcción de paz de manera fundamental, pues ejercen control en regiones donde el Estado ha sido titilante y no ha sido capaz de llegar para consolidarse institucionalmente. No obstante, esta importancia debe ser matizada conceptualmente, pues a la luz de nociones esclarecedoras como la de gobernanza, podemos entender la posición de desventaja política de las parcialidades indígenas frente al Estado colombiano que, aunque débil y en muchos casos ausente, se ha logrado imponer en sectores considerados antagónicos. El resultado final ha sido la coacción y articulación de sectores alternativos al proyecto político, económico y cultural hegemónico de los sectores dominantes del Estado, lo cual supone un riesgo para los sectores alternativos y para procesos tan importantes en la actual coyuntura como la construcción de paz.

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Notas

Información adicional

Cómo citar este artículo: Pérez, D. (2022). La guardia indígena y la construcción de paz en el Cauca: una aproximación conceptual desde la ciencia política. Jangwa Pana, 21(1), 26-35. doi: https://doi.org/10.21676/16574923.4554