Los inicios del caos

La Ciénaga Grande, como circuito cultural y espacio geoambiental del Magdalena, ha sido históricamente epicentro de conflictos armados e intereses económicos. Esto ha generado una cultura espacial y territorial de autonomías particulares y formas paraestatales de organización por fuera del Estado, este último sustituido por medio de procesos de violencia y eliminación sistemática de lo público: contrabando, marihuana, coca, guerrilla, paramilitares, bandas criminales y familias terratenientes. Así, se ha construido un escenario que se debate entre los discursos ambientales y académicos —por las características del área— y las realidades económicas y violentas a las que han sido sometidos sus habitantes.

La historia de guerra y violencia no se puede ubicar a principios de los años ochenta, ni tampoco se puede entender la Ciénaga Grande como un circuito cerrado que tiene unas condiciones históricas, políticas, económicas y sociales cerradas. La situación actual de este territorio es el resultado de un proceso histórico de deterioro sistemático en el que confluyen la debilidad del Estado-Nación, el exterminio étnico, el latifundio desmedido y los conflictos armados. De los 23.188 km2 de extensión total del departamento, un alto porcentaje corresponde al circuito que conforma la Ciénaga Grande, y parte de esa gran extensión de terreno pertenecía a la otrora nación chimila. Es con el exterminio de este grupo étnico que se inicia la relación entre territorio y conflicto en esta parte del Magdalena.

La historia de los chimila es tan imprecisa como la realidad de su demografía. Con la llegada de los españoles se inició su desaparición: la fuerte resistencia que mantuvieron fue la primera causa de su continuo intento de exterminio. Marta Herrera (2007) llamó al territorio ocupado por ellos como las sabanas del Caribe:

Antes todo era monte y no había colombianos ni ganado, solamente estaban los indios por acá. Vivían cultivando en sus rozas el maíz, que la yuca, que el ñame y la batata y cada uno tenía su roza propia. Cuando venía la cosecha se guardaba el maíz en los zarzos de las casas y se cogía poco a poco la yuca. No había sal, se comía era con ají. La gente vestía con telas de algodón que hacían las mujeres. No se conocía el molino, se molía era con una piedra. Antes se salía a montear, a buscar morrocoyos, a buscar miel de abejas y en los arroyos se pescaba con flechas y arpones. Luego llegaron los colombianos y todo esto fue cambiando (p. 88).

La debilidad ―representada en la ausencia― con la que el Estado asumió buena parte de la costa atlántica colombiana se reflejó sistemáticamente en la manera como se pobló esta gran extensión de tierra del Magdalena. Una vez “domesticados” los chimilas y puestos en un resguardo, las grandes familias magdalenenses se tomaron las tierras para volverlas grandes haciendas agrícolas y ganaderas: la gran selva que fue hasta mediados del siglo XIX desapareció.

La eliminación del sustrato indígena de todo proceso concertado y la ausencia de mecanismos y dispositivos gubernamentales para incorporar la poca población de la llanura del Caribe a las dinámicas socioeconómicas produjeron un individuo vulnerable frente a las dinámicas económicas futuras. También generaron poblaciones casi “autistas” a las que la soledad les coaptó su capacidad de organización social. Escribe Marta Herrera (2007), diferenciando la relación entre las instituciones-Estado y el gobierno de las poblaciones andinas con las de la llanura del Caribe:

Como se puede apreciar, los pueblos indios [refiriéndose a los pueblos andinos] desempeñaron un importante papel en la estructuración de las relaciones de poder y sirvieron como efectivos canales de socialización política, a través de las cuales el Estado colonial logró establecer contacto y difundir sus mensajes tanto entre la población indígena como los vecinos (p. 202).

Probablemente, la llegada del siglo XX, y en particular la masacre de las bananeras en 1928, sea uno de los indicadores más llamativos para establecer una relación entre el hombre y la tierra en la llanura del Caribe, que ocupa buena parte de lo que hoy conocemos como la parte central del Magdalena. Escribe Posada Carbó (1987) que:

Cualesquiera que fuesen las condiciones de los pequeños cultivadores, existen pocas dudas de que un número significativo de ellos eran agricultores por derecho propio. Abundaban los arreglos entre arrendatarios y cultivadores. Pero, ya en su condición de aparcero o de mero arrendatario, estos estaban lejos de estar atados a la tierra. A lo largo del periodo estudiado la impresión que queda es la de una población rural móvil (p. 58).

El escenario que permite la masacre de las bananeras es el resultado de unas condiciones históricas determinadas por la debilidad económica, la ausencia de un campesino con tierra y articulado a sistemas de producción, la apatía de unas aristocracias empecinadas en un enriquecimiento autista y la política de un Estado centralista que ve en sus periferias o fronteras solamente formas de producción a destajo —enclaves que le permiten ciertos equilibrios aparentes con el imperio, así sea a costa de su propios connacionales—.

Los hechos en cuestión parten desde el día 12 de noviembre de 1928 cuando estalla una gran huelga en toda la región bananera del Magdalena. Una huelga que contó con la participación de más de 25 000 trabajadores de las plantaciones bananeras, los cuales se negaban a cortar la fruta hasta tanto sus condiciones laborales y prestacionales no fueran mejoradas. Esta huelga obrera básicamente tuvo como finalidad presionar a la multinacional estadounidense United Fruit Company para que legalizara las condiciones contractuales de los obreros que por jornal laboraban en sus plantaciones (Elías Caro, 2015: 2).

No se puede desarticular la masacre de las bananeras de los contextos pasados y futuros de la región. Esta no es el primer caso de desplazamiento forzado, de falsos positivos, de desaparición forzada, de robo de tierras, de usurpación de agentes externos en la región de la Ciénaga Grande, del centro del Magdalena o de las llanuras del Caribe, pero sí es el primer caso de naturalización y folclorización de este conflicto: su punto más álgido. No en vano la historia nos habla, sin un número exacto, de entre 800 y 3 000 trabajadores asesinados: muchos de ellos arrojados al mar.

La masacre generó varias realidades. Una de ellas es el poder de las multinacionales y la sumisión de las autoridades nacionales y locales en donde ellas operan; al mismo tiempo, el sometimiento dejó en el colectivo popular una imagen de revancha a futuro y rompió las relaciones de confianza que habían sido muy débiles entre las aristocracias regionales y el pueblo común y corriente. Por otro lado, la masacre de las bananeras no implicó un fortalecimiento al movimiento sindical. En efecto, abrió la posibilidad de organización social de los campesinos y los trabajadores de la región, organización que tuvo un sustrato en esta base pero que después, con la llegada de las guerrillas, no se potencializó: los cultivos siguieron, y también las masacres, la usurpación de las tierras y las exportaciones, que paradójicamente aumentaron; luego llegaron los paramilitares, y eso aniquiló la poca colectividad. Ahora bien, esto fue en el caso específico del Magdalena; en el departamento del Cesar es otra historia.

Efectos de la bonanza marimbera, el narcotráfico y el posicionamiento guerrillero en la subregión Centro y Río del Magdalena (1985-1995)

El fenómeno conocido como “la bonanza marimbera”, originado en las vertientes nororiental y noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, consistió en la propagación del cultivo, la cosecha y la exportación de la marihuana desde 1970 hasta mediados de la década de los ochenta. Las dimensiones económicas y sociales de la actividad marimbera en la región tuvieron repercusión nacional.

De acuerdo con Alfredo Molano (1988), la región Caribe fue una de las primeras en vivir las diferentes violencias asociadas a este tipo de economía. Los dueños de las plantaciones, los compradores y los exportadores formaron grupos armados privados para la protección de sus empleados, sus rutas comerciales y hasta la vida de ellos mismos, lo que dio lugar al surgimiento de los llamados “combos marimberos”, conformados en su mayoría por colonos provenientes de Tolima, Huila y Caldas, quienes además tenían experiencia previa en las guerras bipartidistas y en otros negocios ilegales.

Asimismo, la legalización de capitales ilícitos a través de la “ventanilla siniestra del Banco de la República”, generada por la bonanza marimbera, dio paso al fenómeno de familias que saltaron de la pobreza a la opulencia de la noche a la mañana. Según el informe realizado en 2005 por la Corporación Nuevo Arcoíris, titulado Monografía del Magdalena Grande, la ventanilla siniestra impulsó a algunos miembros jóvenes de las familias más influyentes del departamento, quienes lograron adquirir infraestructura y desarrollar negocios legales, acrecentando así su patrimonio. De este modo adquirieron enormes fortunas, una alta incidencia política y una variada gama de inversiones para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. De hecho, en la sentencia del 31 de julio de 2015 de la Sala de Justicia y Paz (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá) se lee:

el dinero proveniente de la “bonanza marimbera”, no solo afectó la paz, la cultura y los valores de la sociedad samaria y guajira. También repercutió sobre la estructura del poder político en estos departamentos. Así, muchos capos marimberos se convirtieron en aliados electorales poderosos ya sea porque disponían de sus propias bases sociales o porque tenían vínculos familiares con los congresistas, alcaldes o gobernadores (párrs. 303 y 519).

De acuerdo con el informe citado (Corporación Nuevo Arcoíris, 2005), la bonanza marimbera había dejado el capital humano, los contactos, las rutas, la infraestructura y los aprendizajes necesarios para una fácil adaptación al tráfico de cocaína. La ubicación de la SNSM y de la subregión Centro y Río Magdalena, ambas con rápida salida al mar y geográficamente de difícil acceso, les permitió a los incipientes grupos establecer negocios con los principales carteles de narcotraficantes del país: Gonzalo Rodríguez Gacha, Cartel de Cali, Grupo de los Ochoa y Cartel de Medellín, a quienes les transportaban droga hacia los Estados Unidos.

Según los relatos recopilados por Silva (2011), a finales de los ochenta y principios de los noventa los narcotraficantes disponían de grupos de sicarios como Los Meriño, Los Payares, Los Magníficos y Los Cuquecos. Estas estructuras operaban en la subregión de la zona bananera histórica principalmente y tenían sendas pistas de aterrizaje ubicadas entre Pueblo Viejo, Algarrobo y Retén, así como una red de contactos en países como España, Italia y Estados Unidos.

Estos grupos, además de servir como contratistas de las actividades ilícitas de los narcotraficantes locales —alianzas a través de las cuales expandieron su zona de influencia desde Ciénaga, pasando por Aracataca y Fundación, hasta lo que hoy se conoce como Algarrobo y Retén—, se volcaron en adelante al sometimiento de otras estructuras más pequeñas y a la persecución política de activistas de izquierda, sindicalistas y líderes campesinos acusados de simpatizar con la guerrilla.

Paralelamente a la evolución de este fenómeno, las guerrillas también se fueron posicionando. En primer lugar, de acuerdo a Villarraga (2015), el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se había concentrado en el Urabá y Córdoba, decidió en la Primera Conferencia Nacional del EPL (realizada en julio de 1981) ampliar su zona de influencia y crear nuevas guerrillas hacia los demás departamentos de la costa Caribe.

Por su parte, de acuerdo con Medina (2011), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), siguiendo las orientaciones emanadas de la VII Conferencia de 1982, decidieron enviar un grupo del Frente 4 a la SNSM por Pueblo Bello (Cesar) en julio del mismo año. Este fue el origen del Frente José Prudencio Padilla o Frente 19, que hizo presencia principalmente en la SNSM bajo el mando de Alejandro Caicedo Colorado, alias “Solís Almeida”. Asimismo, afirma Medina (2011) que, para 1983 y como parte de un segundo intento de posicionamiento de las FARC, el Frente José Prudencio Padilla ingresó a la parte alta del río Frío, en donde celebraron su primera asamblea con 35 guerrilleros. Allí se nombró a Adán Izquierdo como comandante del frente, el cual en 1985 ya tenía alrededor de 300 combatientes y se había posicionado cada vez más cerca de las ciudades y la costa.

Por su parte, el Frente de Guerra Norte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ubicó a finales de la década de los ochenta en el piedemonte de la Serranía del Perijá, el norte del Cesar y el sur del Magdalena, además de la SNSM. Sin embargo, solo hasta 1992, con la creación del Frente Francisco Javier Castaño, se estableció en la SNSM. Su zona de influencia alcanzó los municipios de Aracataca, Zona Bananera, Sevilla, Fundación, Ciénaga y Santa Marta, con esporádicas incursiones a los municipios del centro del departamento

El ELN pasó entonces de tener 3 frentes en el país a principios de la década de los ochenta a 46 en 1996. Además de los municipios de Ciénaga y Fundación, entre los cuales se desplaza este frente, el ELN creó núcleos en los municipios de Pivijay, Remolino, Sitio Nuevo, Cerro de San Antonio, Ciénaga Grande y la zona limítrofe con el departamento del Atlántico, en los que actuaba a través del frente Domingo Barrios (OPPDH, 2010: 187).

El principal corredor de guerra que utilizaban tanto las FARC como el ELN iniciaba en las estribaciones de la SNSM, flanqueando el sur de la Ciénaga Grande y pasando por los municipios de Fundación, el sur de Pueblo Viejo, El Retén y Pivijay, y terminaba en los municipios de Remolino y Salamina, que tienen conexión directa con el río Magdalena. Por otra parte, los municipios de la subregión Centro y Río Magdalena servían de salida a un segundo corredor que venía desde el centro del Cesar, pasando por Plato y Chibolo, utilizando el río Magdalena para comunicarse directamente con el sur de Bolívar y Barranquilla.

Como se puede ver, la expansión de las guerrillas hacia el Caribe y su posicionamiento en la SNSM coincidieron con los últimos años de la bonanza marimbera y la propagación de los “combos” a manera de autodefensas. Las organizaciones insurgentes se encontraron con una situación de descontento social a causa de las frecuentes estafas y los actos de violencia que ejercían los compradores de marihuana en contra de los colonos y jornaleros, sumada a los constantes enfrentamientos entre ellos, que dejaban pérdidas dentro de las familias campesinas y un clima de inseguridad permanente para los campesinos marimberos. Como reconoce la sentencia del 31 de julio de 2015 contra Mangonez Lugo, la estrategia de las FARC consistió en “estrechar vínculos con los campesinos marimberos, […] ‘ajusticiar’ a los compradores, mafiosos y demás personas que estuvieran presuntamente abusando de la ‘buena fe’” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, párr. 284).

Luego llegaron los secuestros: a comienzos de la década de los noventa, el gremio económico que se vio mayormente afectado por el accionar de las guerrillas fue el ganadero. Entre 1993 y 1995 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Magdalena y la Dirección Nacional de Antisecuestro y Extorsión (Dinase) informaron que se habían presentado 256 secuestros en los que los departamentos de Cundinamarca y Magdalena eran los mayores aportantes. Los grandes terratenientes y ganaderos de la subregión fueron entonces contratando los servicios de las autodefensas locales a medida que las acciones de las guerrillas se recrudecían. De esta manera, en palabras de Zúñiga (2008), “A finales de los años 90, el proceso de expansión de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia], a nivel nacional logró unir bajo una única estructura tanto a los intereses privados como a los criminales” (p. 74). La bonanza marimbera dio paso a la cocaína y con ella a la consolidación de los grupos paramilitares en la región, que son la base de todo este proceso ligado al dinero fácil y la seguridad privada.

Llegada y posicionamiento de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) al centro del Magdalena (1996-1997)

Según información del portal VerdadAbierta.com, basada en reconstrucciones históricas de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, la llegada de las ACCU al centro del Magdalena fue comandada por Salvatore Mancuso a mediados de 1996. En esa época, Mancuso se encargó de la conformación de un grupo en los departamentos de Cesar y Magdalena. Para esto comisionó a Baltazar Durango, alias “Baltazar”, para controlar el sector comprendido entre El Copey y Fundación —y su conexión hacia Pivijay— y a Martín Alberto Medina Camelo, alias “el Negro”, para hacer lo mismo en el sector comprendido entre Becerril, Codazzi, San Diego y Valledupar.

Simultáneamente, en abril de 1997 en Urabá, las ACCU organizaron la primera Cumbre Nacional de Autodefensas, en la que se conformaron las AUC. Desde ese momento, la creación y la estrategia de expansión de las AUC supusieron la articulación de los grupos armados ilegales existentes en la región y el traslado de combatientes desde Córdoba y Antioquia. Con esta nueva organización, según el portal VerdadAbierta.com, el grupo de Medina Camelo “El Negro” fue enviado al Cesar, mientras que el de Baltazar se quedó en inmediaciones de El Difícil (Magdalena). Dentro de este último, Jorge Luis Escorcia, alias “Rocoso”, se desempeñaba como mando de la compañía que operó en la parte rural de Algarrobo y Fundación, y a su vez el señor Omar Montero Martínez, alias “Codazzi”, trabajaba como patrullero.

Posiblemente, la primera acción fue la masacre del 5 y 6 de marzo de 1997 en la finca La Concepción, jurisdicción del corregimiento de Santa Rosa (Fundación). Luego de este crimen, y tras la negativa de Rigoberto Rojas Mendoza de asumir la comandancia militar de una estructura nueva que operara en la región de Fundación, Aracataca y la Zona Bananera, Edgar Córdoba Trujillo, alias “Virgilio” o “57”, fue encargado por Mancuso el 23 de abril de 1997 en Monterrubio (San Ángel) para comandar tres escuadras de ocho hombres que conformaron el denominado Frente Víctor Villareal de las AUC (Fiscalía General de la Nación, 27 de julio de 2013).

Para la subregión Centro no se asignó un frente en específico. Sin embargo, la cercanía al Atlántico y al centro del Magdalena incluyó a esta subregión dentro de la jurisdicción de los frentes José Pablo Díaz del Atlántico. A pesar de esto, los ganaderos y comerciantes de la subregión continuaban siendo extorsionados y secuestrados principalmente por guerrilleros del ELN, quienes presuntamente habían montado un campamento en la ciénaga La Aguja, ubicada al suroccidente de la Ciénaga Grande.

Aunque los indicadores de las acciones violatorias del derecho internacional humanitario (DIH) comenzaron a incrementarse de manera sostenida, es preciso aclarar que en esos años siempre estuvieron presentes, incluso desde la Colonia; solo después de firmados los convenios de Ginebra (1950) el Estado empezó a revisarlos sin implementar mucho, y por eso se exigió la aplicación del DIH como lo ordenó la Constitución de 1991 en su artículo 214. No obstante, es después de 1991 que se logra poner en consideración este mandato.

Avanzada paramilitar y respuesta guerrillera. Surgimiento del Frente Pivijay (1998-2000)

Entretanto, la segunda gran incursión en la vertiente occidental de la SNSM fue del 12 al 16 de octubre de 1998 a San Pedro de la Sierra. En esta oportunidad, con hombres traídos de las estructuras de Cesar y Urabá, además del frente Víctor Villareal comandado por alias “57” y con el apoyo en hombres y armas de Los Cheperos, Los Rojas y Hernán Giraldo, se conformaron tres compañías que en total sumaban 140 hombres y que fueron desplegadas en las estribaciones de la SNSM en el municipio de Ciénaga. A lo largo de esa operación fueron asesinadas alrededor de 20 personas sin que se presentara ningún enfrentamiento directo con la guerrilla. Este hecho se conoció como la masacre de La Secreta o de San Pedro de la Sierra y generó el primer desplazamiento masivo de los habitantes de todo el sector medio de la SNSM en jurisdicción de Ciénaga.

En el último trimestre de 1998, la subregión Centro y Río del Magdalena presenció el desencadenamiento de una serie de ataques guerrilleros que dan cuenta de la importancia que adquiría para estas estructuras conservar los corredores que atravesaban la subregión bajo su control. De acuerdo al dossier del Bloque Norte de la Fiscalía 31 de Justicia y Paz, en 1998 se desprendió del frente Francisco Javier Cataño del ELN una comisión denominada Domingo Barrios, a cargo del sostenimiento de las rutas de tránsito y redes de suministro de esta organización en los municipios de esta subregión.

De igual manera, el 30 de diciembre de 1998, en el nudo de Paramillo, la prensa en general registró el ataque más importante que habían perpetrado las FARC, con cerca de 400 guerrilleros de los frentes 5 y 18, a las AUC, en el campamento matriz de Carlos Castaño. En ese contexto también se ejecutó la masacre del Playón de Orozco, municipio de Piñón, el 9 de enero de 1999, al mando de alias “Sandra”. Allí, “En menos de una hora, asesinaron a 27 personas y las descuartizaron frente a sus familiares y vecinos” (VerdadAbierta.com, 29 de noviembre de 2013). La prensa dio cuenta de que al menos 650 personas resultaron víctimas, alrededor de 110 familias fueron desplazadas, y las viviendas fueron quemadas.

Según informes de la Fiscalía 31, a mediados del mes de mayo de 1999 Saúl Severini se reunió con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, en la finca Paraíso en San Ángel, en representación de los ganaderos de Pivijay. Luego de esta reunión, el 4 de junio de 1999, Córdoba Trujillo y “Jorge 40” crearon el Frente Pivijay (más adelante conocido como Frente Tomás Guillén). Alias “57” delegó a Tomas Gregorio Freile Guillén, alias “Esteban”, como comandante de este frente, que operaría en Pivijay, Salamina, Remolino, Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia y Pedraza. El 4 de junio de 1999, los 20 hombres fuertemente armados al mando de Tomas Gregorio Freyre Guillen, quienes salieron en unos tractores de la finca El Paraíso, ubicada en la zona rural del municipio de San Ángel”. A esta estructura se le adjudican algunos hechos violentos, entre los que se destacan el asesinato de la inspectora de policía y de los parceleros Óscar Barrios y Carlos Cantillo, en el corregimiento de Salaminita, y el homicidio del ganadero Alberto José Uhía Caballero:

Entre los ganaderos de la región hay consternación por el asesinato y a la vez temor, ya que los asesinos dejaron la consigna: vamos a seguir matando a los ganaderos. Un tío de Uhía Caballero, el exsenador Carlos Caballero Cormane, está secuestrado por la guerrilla, afirmaron familiares (El Tiempo, 1999).

Se cometerían por lo menos tres masacres más, ejecutadas por el Frente Pivijay, comandado por alias “Esteban”.

Tres meses después alias “Jorge 40”, el jefe paramilitar del Bloque Norte, ordenó que, para seguir la cadena de venganzas, se cometieran varios asesinatos en el corregimiento de Santa Rita de dónde [sic] se decía venían los guerrilleros.

Fue así como siguieron las masacres, la del 16 de septiembre de 1999, la del 16 de octubre y la del 10 de febrero de 2000 (VerdadAbierta.com, 26 de agosto de 2013).

Finalizando este breve periodo, el frente Domingo Barrios se había posicionado en las partes más aisladas de los municipios de la subregión del río: Pivijay, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina y Cerro de San Antonio.

Consolidación del proyecto paramilitar en el Magdalena y la subregión (2000-2006)

Para finales de 1999, el proyecto Bloque Norte de las AUC en el Magdalena había logrado con éxito 1) despejar el centro del departamento de las estructuras guerrilleras que operaban allí y establecer su retaguardia en esa zona, 2) crear nuevos frentes (Pivijay, Zona Bananera, Fundación y Algarrobo) y establecer alianzas con grupos armados ilegales de la subregión (Durán, Rojas, Giraldo, Barrera, Gnecco), y 3) contar con fuentes propias de financiamiento.

Para las AUC, el siguiente paso consistiría en penetrar el territorio controlado por la guerrilla y consolidar su proyecto. Esta sección describirá lo sucedido en esta fase, tanto en el departamento como en la subregión Centro y Río Magdalena, diferenciando en primer lugar los años entre 2000 y 2002, enmarcados por la puesta en marcha de la estrategia político-electoral de “Jorge 40” y la guerra con los grupos locales, y en segundo lugar los años entre 2002 y 2006 como el periodo de consolidación del Bloque Norte en todo el departamento, el repliegue de las guerrillas y la puesta en funcionamiento de dispositivos de control militar, social y político de los territorios bajo su jurisdicción, hasta la desmovilización.

Pactos políticos y fortalecimiento de los frentes del Bloque Norte (2000 y 2001)

Como se reconoce en la sentencia del 31 de julio de 2015 contra Mangonez Lugo, al mismo tiempo del avance militar de las AUC, Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, creó los “distritos electorales” como una estrategia de alianzas locales y departamentales para hacerse con el poder político de la región y captar para la organización los recursos asignados por el Estado a las administraciones municipales. El 28 de septiembre del 2000, en la vereda La Estrella, municipio de Chibolo, se firmó el denominado pacto de Chibolo para las elecciones municipales y departamentales de 2001, mientras que el 22 de noviembre de 2001 se firmó el pacto de Pivijay, de cara a las elecciones parlamentarias de 2002.

El pacto de Chibolo, como indican el informe de la Corporación Nuevo Arcoíris (2005) y la sentencia del 23 de febrero de 2011 contra José Domingo Dávila Armenta, fundó el Movimiento Alternativa Avanzada, Moral y Voluntad Popular. Los 410 firmantes del pacto aceptaron el respaldo del grupo armado para 13 candidaturas a alcaldías y 395 aspirantes a la Asamblea del Magdalena y los concejos de Plato, Tenerife, Pivijay, Pedraza, Chibolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, San Antonio, Algarrobo y El Piñón. Como compromiso principal, todos los firmantes apoyarían a José Domingo en su candidatura a la gobernación del Magdalena.

Tres meses después de la firma de este pacto, y en retaliación por el secuestro de El Torno, el grupo Pivijay cometió una de las masacres más numerosas y cruentas del Caribe colombiano: el 22 de noviembre de 2000, en los pueblos palafitos de Nueva Venecia y Buenavista, municipio de Sitio Nuevo, se contabilizaron más de 36 muertos y alrededor de 4 000 desplazados. Un año después de esta masacre se firmó el denominado pacto de Pivijay, en el que se propuso una “parcelación electoral” a través de la cual se garantizaba la elección de varios congresistas al Senado, quienes, a cambio de esto, ya con su curul, ayudarían a los firmantes con recursos y cuotas burocráticas.

Finalmente, en este periodo, de acuerdo a esta misma sentencia, se dio un pacto político electoral, denominado “el pacto de El Difícil” en el que todos los sectores partidistas en el departamento “debían” apoyar la candidatura única del señor Trino Luna Correa[2] a la gobernación de Magdalena.

Consolidación y desmovilización (2002-2006)

La victoria obtenida por las AUC ante la estructura liderada por Giraldo Serna inaugura el periodo de consolidación de esta organización paramilitar en todo el departamento. Las autodefensas dominaban totalmente la subregión Zona Bananera Histórica y la vertiente norte de la SNSM.

Mientras tanto, la guerrilla estaba ubicada en las partes medias y altas de la vertiente occidental.

La actividad de las autodefensas en las zonas planas de los departamentos del Magdalena y el Cesar ha sido contundente. Según el Departamento de Policía del Magdalena, las masacres de tres o más víctimas pasaron de 42 en 1998 a 45 en 1999 y a 116 en el 2000 siendo Ciénaga, El Piñón, Pueblo Viejo, Fundación, Salamina, Tenerife, El Banco y Plato los municipios más afectados […] El avance de estos grupos caracteriza el entorno de la Sierra, esto es, toda la zona plana de los municipios de Ciénaga, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en el departamento del Magdalena. (OPPDH, 2010: 79).

Por su parte, el Ejército había comenzado con la operación “Reconquista de la Sierra Nevada” al mismo tiempo que las estructuras de las AUC habían instalado sus nuevos frentes de guerra en Minca, Bellavista y Fundación. Con Hernán Giraldo sometido e incorporado a la organización, junto a su territorio, rutas y recursos, y con Chepe Barrera como aliado, las AUC habían cumplido su objetivo central en el Magdalena, y así la posibilidad de incorporar la vertiente occidental para el cultivo de coca solo estaba obstaculizada por la guerrilla. A inicios de 2002, según Córdoba Trujillo, “Jorge 40” organizó “La toma de Corea”, reuniendo nuevamente estructuras de los recientemente creados frentes Contrainsurgencia Wayúu, Resistencia Tayrona, William Rivas, Frente Pivijay y el remanente de la estructura de los Rojas.

Por otra parte, las guerrillas se concentraron más en su repliegue que en el mantenimiento del dominio sobre el territorio y las redes de financiamiento. Adicionalmente a estos factores, las FARC sufrieron serios eventos de indisciplina en el interior de la tropa y un mal manejo de recursos del frente por parte de la comandancia, lo que generó un reajuste de parte del secretariado: la implementación de concejos de guerra revolucionarios (que terminaban en fusilamientos) y la correspondiente deserción masiva de milicianos.

Entretanto, el ELN mostró factores como su incapacidad para la diversificación de sus fuentes de ingresos económicos y su dependencia exclusiva del secuestro y la extorsión. Esto desencadenó la inactividad política y militar de varias de sus estructuras, lo que a su vez ocasionó la pérdida de territorios.

No sólo [sic] la indisciplina interna y los fusilamientos incidieron en el retroceso militar y político de la guerrilla. También las estrategias de “guerra sucia” empleadas por los grupos paramilitares surtieron efectos en términos de marginalizar del territorio al Frente 19 de las Farc y al Frente Domingo Barros del ELN (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, párr. 388).

Las AUC estaban instaladas sobre todo el sistema de estribaciones de la SNSM, comprendidas entre Minca y Santa Clara, sin mayores enfrentamientos con otros grupos armados, bajo la complacencia y omisión del Ejército Nacional y con la guerrilla totalmente replegada en las partes más altas de los sectores de la Sierra en Cesar y La Guajira. Sumado al hecho de su pleno dominio político y militar sobre los cascos urbanos de los municipios que se ubican a lo largo de la carretera negra, las AUC entraron a ejercer la función de reguladoras del orden social de las localidades bajo su jurisdicción.

Se debe señalar el periodo de negociación, construcción de consensos y preparación para los eventos de desmovilización de los frentes paramilitares entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el Bloque Norte de las AUC. En el Magdalena, este implicó acuerdos para el reporte de hombres desmovilizados y armamento entregado, la corroboración de la retirada de tropas, y algunos listados de miembros activos y desmovilizados. El Bloque de Resistencia Tayrona se desmovilizó el 3 de febrero de 2006; el Frente Bernardo Escobar, el 8 de marzo en Chimila (adhiriendo la estructura del Frente William Rivas), y el Frente Tomás Guillén, el día 7 de marzo.

Resurgimiento del paramilitarismo y nuevas estructuras delincuenciales en la subregión Río y Centro del Magdalena

Tras la desmovilización de las AUC se ha detectado la conformación de nuevos grupos ilegales. Estas nuevas estructuras se rastrean desde el año 2006. Al respecto, Acnur y la Fundación Seguridad y Democracia, en su informe especial sobre el rearme paramilitar, aseguran que desde mediados de ese año y principios del 2007 se registró el rearme de organizaciones delictivas en varias regiones del país. En lo que corresponde a la Ciénaga Grande del Magdalena, se registró el 14 % (Fundación Seguridad y Democracia, 2007: 58). A todas estas nuevas organizaciones, sin hacer distingo de su origen, el Gobierno nacional las ha denominado bandas criminales (bacrim), mientras que la Defensoría del Pueblo las denomina grupos armados ilegales (GAI). El nuevo nombre es grupos armados organizados.

El VIII Informe sobre grupos narcoparamilitares, realizado por Indepaz, reveló que para el 2012 permanecían cinco estructuras paramilitares en 409 municipios. Estas organizaciones fueron identificadas como Los Rastrojos, Los Urabeños o Gaitanistas, Los Paisas, Las Águilas Negras y Erpac. El estudio reveló presencia de Los Rastrojos en 15 municipios del Magdalena: “Algarrobo, Aracataca, Ariguaní, Chivolo, Ciénaga, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Pivijay, Plato, Puebloviejo, Sabanas de San Ángel, Santa Marta, Zona Bananera” (Indepaz, 2012, p. 7). También evidenció actividad del grupo ilegal Las Águilas Negras y la presencia de Los Urabeños en los municipios de Aracataca, Ariguaní, Chivolo, Ciénaga, El Banco, Fundación, Guamal, Pivijay, Plato, Pueblo Viejo, Santa Marta y Zona Bananera. Estos nuevos grupos reproducen estrategias de amedrentamiento en contra de la población y prácticas delictivas como el cobro de vacunas, amenazas a líderes y defensores de derechos humanos y desplazamientos forzados. Igualmente, la región ha sido foco de enfrentamientos entre las bandas por el control de las rutas del narcotráfico.

A finales del año 2008, la confrontación entre Los Nevados, Los Urabeños y Las Águilas Negras se trenzó con el copamiento estratégico de los segundos y el sometimiento de los primeros. En tal año entró en el escenario del conflicto en el departamento de Magdalena una nueva agrupación conocida como Los Paisas, aparentemente herederos de la “Oficina de Envigado”.

Finalmente, la historia de la violencia sigue presente décadas después. Las 85 masacres cometidas entre paramilitares y guerrillas son el legado de este proceso violento que pasó por el aniquilamiento de pueblos indígenas, colonizadores, terratenientes, empresarios, marimberos, políticos, paramilitares y guerrilleros: todo ligado a un vasto territorio fértil, de fácil irrigación y canales de trasporte.

A partir de la información de fuentes orales, se sabe que actualmente, en la subregión Centro y Río Magdalena, algunos paramilitares no desmovilizados del extinto Bloque Norte de las AUC continúan ejerciendo prácticas extorsivas y actividades ligadas al narcotráfico. Se tiene claridad de la presencia de Los Urabeños, ahora Clan del Golfo, en los mismos sitios donde se asentaron los paramilitares. Muchas de estas regiones (por no decir todas) no han pasado un solo día, después de la desmovilización, sin la presencia de un grupo armado organizado que ejerza prácticas coercitivas en sus comunidades.

¿Podremos salir del caos?

El Grupo de Investigación sobre Oralidades, Audiovisuales y Cultura Popular en el Caribe Colombiano (Oraloteca) viene interactuando desde hace algunos años con las comunidades víctimas del conflicto armado, con quienes ha desarrollado proyectos académicos de investigación que han permitido inferir el daño causado por este pasado violento reciente y las perspectivas de futuro que tienen sus habitantes. Esto nos asiente, como académicos investigadores, para hacer algunas aproximaciones reales que convergen con facilidad en el tiempo y en el espacio donde se desarrollaron algunos hechos.

Revisemos un episodio que es transversal a este artículo: después de 17 años de la masacre del Playón de Orozco (El Piñón, Magdalena) (y solamente como un ejemplo entre decenas de muchas más masacres que aún siguen en la impunidad) y cinco años de la Ley de Víctimas, aún los playoneros sienten miedo por sus vidas, y su tejido social no ha sido reconstruido ni recuperado en su totalidad; los procesos organizativos que se han ejecutado por la voluntad propia carecen de apoyo institucional, y además es evidente la ausencia de la fuerza pública, lo que potencializa la condición de riesgo frente a nuevos hechos victimizantes.

Las condiciones de desigualdad se incrementaron por medio de la no satisfacción de las necesidades básicas como el acceso al agua potable tratada, al gas natural y a vías terciarias en mejores condiciones. Igualmente, la falta de empleo y de tierras es una problemática constante que ha forzado la estabilización socioeconómica de muchas de las familias que sobreviven del día a día realizando diversas labores informales. La ausencia de un equipo médico permanente en el corregimiento, el deterioro del puesto de salud y de la escuela principal, y la carencia de oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a niveles educativos profesionales y técnicos dan cuenta asimismo de que el goce efectivo de derechos como población víctima ha sido nulo para muchos playoneros. Frente a esto, para ser pragmáticos, solo nos vamos a referir a lo taxativo de la ley en mención: en conclusión, solo se podrá dejar de ser víctima una vez la persona supere esta condición y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

Lo mencionado permite reflexionar que los procesos de reparación integral, tanto colectivos como individuales, en muchos de los casos son cifras abstractas que suelen engrosar las estadísticas sobre el conflicto en Colombia. Estos no corresponden a la realidad inmediata a la cual están sujetas muchas de las poblaciones víctimas del departamento del Magdalena y son, en últimas, los resultados de una política pública que no ha cumplido con sus objetivos principales, por lo que a nivel académico, social e institucional resulta pertinente replantear la forma como se construyó y se ejecuta en el país la actual Ley de Víctimas.

De esta manera, a través de un ejercicio de construcción de conocimiento horizontal y participativo entre académicos, investigadores, juristas y población víctima, se podrían consolidar procesos, estrategias, lineamientos y nuevas políticas públicas que protejan los derechos y fomenten el desarrollo de la vida social de las comunidades afectadas por el conflicto en Colombia. Sin tanto número y arandela: pragmático y ágil. No es posible que frente al hecho victimizante (que es gravísimo, o al menos así se muestra desde los derechos humanos y desde el derecho internacional de los derechos humanos) las víctimas mendiguen y se vean sujetas a cualquier consideración humillante, que va desde un funcionario público hasta filas interminables para recibir, muchas veces, un trato frío, descortés y humillante.

En definitiva, solo teniendo en cuenta las voces de las víctimas, sus necesidades y sus particularidades históricas, culturales y sociales, y fortaleciendo los procesos locales y regionales, se podrá dar un salto cualitativo que elimine paulatinamente la visión retórica y abstracta de los procesos de reparación integral a las víctimas en el territorio nacional.

Si bien los procesos de reconstrucción de memoria histórica desempeñan un papel fundamental en la Ley 1448 para el esclarecimiento de los hechos y para la realización del derecho a la verdad y a la justicia, al tiempo que actúan como medida de reparación integral para la población víctima, estos no solo deben ser un instrumento para la reconstrucción de los hechos victimizantes y procesos históricos. Es decir, se ha hegemonizado y musealizado la memoria histórica como un elemento solo para el recuerdo del dolor, y es necesario trascender esa visión debido a que los ejercicios de memoria deben estar articulados a la reconstrucción de la vida social, económica y cultural de las comunidades víctimas. Es preciso comprender la memoria como un elemento vivo que resiste y se modifica, que puede ayudar a resurgir a las poblaciones atropelladas por el conflicto, a superar su condición de víctimas y a potencializar sus identidades colectivas.

Nos espera un posconflicto (como si cada vez que termina un ciclo violento no le precediera un posconflicto), y se nos olvida que la Ley de Víctimas y la Ley de Justicia y Paz son partes de un posconflicto inocuo. Este posconflicto no se pudo resolver pese a los miles de millones invertidos y no sirve como referente. Muchos de los acuerdos de La Habana rompen esa escala y ese modelo, y es justo: cada ciclo violento tiene unas particularidades que se pueden medir de acuerdo a sus dinámicas y al daño causado. Se puede medir incluso la mecanización de la muerte, y eso muestra diferentes tipos de víctimas asociadas a un mismo hecho violento. La innovación de la muerte en toda esta zona adyacente a la Ciénaga Grande del Magdalena se ve en el uso de animales para muerte y tortura, las decapitaciones y la práctica de cercenar órganos en la región media del departamento, así como las desapariciones en las partes altas de la SNSM. El nivel de sevicia, pese a un elemento común (la muerte), desarrolla también un tipo de víctimas, de modo que aquí el cómo también es contundente.

Terminaremos este artículo advirtiendo que grandes perpetuadores de la Ciénaga Grande del Magdalena recuperaron su libertad y regresaron a esta antigua zona de su operación. ¿Cumplieron con el mecanismo transicional? Seguramente; de lo contrario, no habrían recuperado su libertad, y en este sentido no podemos poner en sobredicho el ordenamiento jurídico, pero sí podemos decir que aquí se está configurando un nuevo hecho victimizante, porque, como se describe en este artículo, las poblaciones víctimas no han sido reparadas y recae sobre ellas el miedo natural de reencontrarse con su victimario. Deja una desazón.

Referencias

Corporación Nuevo Arcoíris. (Mayo, 2005). Monografía del Magdalena Grande. Proyecto de seguimiento a los procesos de negociación y diálogo entre grupos armados irregulares y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Convenio Corporación Nuevo Arcoíris - Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo ASDI.

El Tiempo (28 de junio, 1999). Regresa la violencia a Pivijay. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-855444.

Elías Caro, J. (2015). La masacre de las bananeras. Documento borrador. Santa Marta.

Fiscalía General de la Nación. (27 de julio, 2013). Informe de Antecedentes Frente William Rivas. FPJ 11 Investigador Criminalístico IV Elsie Carrillo Morales.

Fiscalía General de la Nación. (2 de octubre, 2013). Informe de Estructura y georreferenciación de estructuras paramilitares que operaron en el departamento de Magdalena. Santa Marta, Magdalena: Fiscalía 31 delegada ante tribunal. Código 7482 Investigador de campo Elsie Elena Carrillo Morales FPJ 11.

Fundación Seguridad y Democracia. (2007). Informe especial Pacto por la verdad: Colombia y la experiencia internacional (Boletín N.. 16).

Herrera, M. (2007). Ordenar para controlar. Bogotá: ICANH.

Indepaz. (2012). VIII Informe sobre grupos narcoparamilitares. Recuperado de http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/08/Informe-VIII-Indepaz-final.pdf.

Medina, C. (2009). Conflicto armado y proceso de paz en Colombia. Bogota. Universidad Nacional de Colombia

Observatorio de Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (OPPDH). (2010). Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Chimila-Ette Ennaka. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/DiagnosticoCHIMILA.pdf.

Posada, C. (1998) El caribe colombiano : Una historia regional (1870-1950). Bogota: El Ancora Editores

Silva, F. (2011) Reconstrucción de la memoria oral de los desmovilizados y desplazados en los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira entre 1980 y el 2009. Santa Marta: Universidad del Magdalena.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. (31 de julio de 2015). Sentencia del 31 de julio de 2015 con Radicado 11-001-60-00253-2007 82791; Rad. interno 1215 [MP Eduardo Castellanos Roso].

Uribe, C. A. (1993) Sierra Nevada de Santa Marta y las tierras adyacentes. En Geografía Humana de Colombia Nordeste Indígena II (pp. 8-203). Bogotá: ICANH.

Verdadabierta.com. (26 de agosto, 2013). El despojo-política en Remolino. Recuperado el 29 de noviembre de 2013 de http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/4807-la-despojo-politica-en-remolino.

Verdadabierta.com (29 de noviembre, 2013). Masacre de Piñón. Recuperado el 29 de noviembre de 2013 de http://www.verdadabierta.com/Especiales/timeline-2/1999-ene-9-2.swf.

Villarraga, A. (2015). Los procesos de Paz en Colombia. Bogota. Fundacion Cultura Democrática.

Zúñiga, P. (2008). Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena. En M. Romero (Ed.), Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Corporación Nuevo Arcoíris.

Notas