Ignacio
Zarragoitía y Jáuregui y la defensa de la Cuba no azucarera[1]
Ignacio
Zarragoitía and Jáuregui and the defense of the non-sugar Cuba
Gerardo Cabrera-Prieto
En
1811 el Real Consulado de La Habana solicitó una evaluación del estado de los
territorios de la isla. Desde Puerto Príncipe, Ignacio Zarragoitía y Jáuregui,
enviaba un informe donde se reflejaban los problemas de la región y de la zona
centro oriental en general. Jáuregui solicitaba reformas en que eran
administrados y una mayor libertad de
comercio, similar a la que ya disfrutaba el occidente de la isla.Nuestra
propuesta se centra en el análisis de las ideas económicas de Zarragoitía y
Jáuregui, quien en su doble condición de hacendado y funcionario del gobierno
colonial -administrador de rentas-, puso al descubierto las principales
dificultades por las que atravesaba la región centro oriental y adelantó
soluciones desde un ángulo no azucarero, que venían a servir de ejemplo del
enfrentamiento entre los dos modelos de desarrollo: azúcar versus ganadería.
Dos modelos que Juan Pérez de la Riva sintetizaba en la Cuba A -el occidente de
la isla- donde predominaba la plantación esclavista y se concentraba la riqueza
de la isla frente a la Cuba B, -la zona oriental- cuya actividad fundamental
era la ganadería y se caracterizaba por su grado de atraso.
Palabras clave:
comercio; ganadería; plantación
Abstract
In 1811 the Royal Consulate of
Havana requested an assessment about the state of the island’s territories.
Ignacio Zarragoitía y Jáuregui, landowner in Puerto Principe, sent a report
that reflected the problems of this region as well as the eastern central zone.
Jáuregui asked for reforms ranging from changes in the goverment system and
also directed to a greater freedom in trade; similar to that already enjoyed in
the west part of the island. Our proposal focuses on the analysis of
Zarragoitía y Jaureguiʹs economic ideas, who in his double condition of
landwoner and officer of the colonial government -manager of rants- exposed the
main difficulties faced by the eastern central region and proposed advanced
solutions from a non-sugar point of view, which came to be used as an example
of the confrontation between the two models for development: sugar versus
livestock. Two models that Juan Pérez de la Riva synthesized in Cuba A -the
west part of the island with a predominant slave plantation and a high concentration
versus Cuba B- the eastern part, which main activity was based on livestock
with a marked degree of backwardness.
Keywords: trade; livestock; plantation
Tipología: Artículo de investigación
Recibido: 28/02/2018
Evaluado: 22/03/2018
Aceptado: 12/07/2018
Disponible en línea: 00/00/2018
Cómo citar este artículo: Cabrera-Prieto, G. (2018). Ignacio Zarragoitía y
Jáuregui y la defensa de la Cuba no azucarera. Jangwa Pana, 17(3), XX-XX. Doi: http://dx.doi.org/10.21676/16574923.2490
Introducción
Los estudios sobre
pensamiento que se han realizado en Cuba, o sobre Cuba —desde afuera de la
isla, han potenciado la arista política, teniendo en cuenta su condición
colonial, en tal sentido se ha destacado el papel de algunas figuras que fueron
artífices del proyecto de plantación esclavista que, desde el siglo XVIII, tomó
cuerpo y se convirtió en un factor predominante en el contexto nacional.
En contraposición,
la historiografía vinculada al pensamiento económico no solo es exigua, sino
que con cierta frecuencia aparece diluida en temáticas generales que tienen que
ver con diversas cuestiones. Entre los ejemplos más significativas se encuentra
Historia de la Nación Cubana, en donde se abordan cuestiones relativas a los
proyectos económicos. Los análisis económicos, en esta obra, posteriormente
fueron enriquecidos por su autor Julio Le Riverend y publicados bajo el título
Historia Económica de Cuba, en cuyas páginas aparece una variada información
relativa a las instituciones y a las ideas económicas, así como a los grupos
sociales (Guerra, 1952a; Le Riverend, 1971). En un título homónimo al anterior,
pero de autoría de Heinrich Friedlaënder, se nos revelan aspectos de
importancia para comprender las fases de la evolución económica, las
condiciones internas de la isla, los organismos económicos que propician los
cambios y las principales ideas y proyectos en torno a los problemas de la
economía insular. (Friedlaënder, 1978).
En Manual de
Historia de Cuba podemos encontrar datos interesantes sobre los diversos
proyectos del siglo XIX y de la evolución de la mentalidad de las diversas
regiones económicas, así como de los proyectos que se van gestando a partir del
vínculo comercial del occidente (Guerra, 1971). Una de las obras generales que
toma como centro el azúcar y su influencia cultural en la vida del país es El
ingenio: complejo económico social cubano del azúcar, enjundioso por el acopio
de la información, por el abordaje de las especificidades económicas regionales
y por dar un seguimiento a la expansión y transformación del medio por parte
del azúcar. No escapan a Moreno las diferencias de los distintos territorios y
la formación de proyectos al margen de lo que occidente aspiraba (1978). Este
último aspecto fue ampliado por el autor en otra de sus obras Cuba/España.
España/Cuba, a modo de síntesis, Moreno enfatiza en la formación de los grupos
de poder desde la larga duración y la gestación de los primeros enfrentamientos
(1995).
La obra editada por
el Instituto de Historia de Cuba, La colonia: evolución socioeconómica y
formación nacional, recoge las manifestaciones del pensamiento desde el mismo
surgimiento de la sociedad criolla, así como las influencias de los cambios
socioeconómicos vinculados a las relaciones sociales, en la vida cotidiana y en
la educación (Instituto de Historia, 1994). Para finalizar, consideramos la
enjundiosa obra de Leví Marrero, publicada en diversos tomos —y en buena
medida, sobre la base de documentos que muchas veces reproduce—, en la que se
recogen cuestiones vinculadas a las ideas y aspiraciones de los criollos como
parte de la historia económica y sociocultural, cuestión muy novedosa para el
estudio de la vida del hombre (Marrero, 1988; Torres-Cuevas, 2006).
La mayor parte de
estas obras de carácter general fueron escritas desde La Habana, por
historiadores habaneros. En estas, el departamento centro-oriental aparece
diluido en el contexto colonial, salvo en las tres últimas fuentes citadas, que
dedican apartados y anexos a demostrar, a partir de las propias fuentes archivísticas
e historiográficas, la realidad del departamento centro-oriental. La escasez de
obras historiográficas de alcance nacional tratará de ser salvada por las
historias regionales, en las cuales, si bien no se toca de manera profunda lo
referido al pensamiento, al evaluar la realidad del campo intelectual, ameritan
ser tenidas en cuenta.
Entre estas obras
destacan, la de José María Callejas (1911), Historia de Santiago de Cuba:
representación de la mentalidad criolla y de una generación interesada en
cambiar la realidad de una región, que aun cuando fue escrita en 1823 no fue
publicada hasta 1911; por su parte, Emilio Bacardí (1908), en sus Crónicas de
Santiago de Cuba (1913-1925), pone de manifiesto las influencias del
positivismo en las primeras décadas del siglo XX, al recoger, en síntesis,
momentos notables del devenir santiaguero. Entre las investigaciones de factura
más o menos reciente aparece Olga Portuondo (1986), quien, en su estudio
introductorio dedicado a Nicolás Josep de Ribera, realiza un estudio de época y
de las condiciones que tenía el departamento centro-oriental, así como,
también, de las condiciones en las que florecen inquietudes y aspiraciones que
trascienden la perspectiva regional. La misma autora, en su estudio Santiago de
Cuba. Desde su fundación hasta la Guerra de los Diez Años, ofrece una visión
general del período de 1515 a 1868, con énfasis en los orígenes de la comunidad
santiaguera y en la formación de la sociedad criolla, sus afirmaciones y
transformaciones a lo largo de los siglos coloniales (Portuondo, 1996).
El proceso de
formación nacional en el departamento centro-oriental, fue abordado por Jorge
Ibarra Cuesta en algunos de sus estudios, a partir del análisis de las
particularidades regionales y teniendo en cuenta los aspectos económicos y
demográficos; dentro de estos, resalta su artículo Regionalismo y esclavitud
patriarcal en los departamentos oriental y central de Cuba, en el cual se
refleja la preocupación de los hacendados por vincularse directamente al mercado
europeo e iniciar la introducción de avances tecnológicos (Ibarra, 1986). El
autor atiende a la trayectoria de los enfrentamientos entre las comunidades
criollas de Cuba (Ibarra, 2005), tesis que fue ampliada, posteriormente, desde
perspectivas comparadas con el Caribe, teniendo en cuenta la mentalidad de los
distintos sujetos coloniales (Ibarra, 2015).
La necesidad de
realizar estudios históricos desde perspectivas regionales fue apuntada por
Hernán Venegas, a partir de la realización de varias investigaciones sobre la
economía en el departamento central, con énfasis en territorios como Las Villas
y Trinidad. (Venegas, 1980, 2006). Este mismo autor aporta un conjunto de
ensayos, donde somete a perspectiva histórica las regiones de la isla y las características
de la historia que se ha producido, desde la colonia, hasta la revolución, así
como los problemas más urgentes que deben ser atendidos por los historiadores
(Venegas, 2001).
Los estudios
particulares sobre pensamiento económico que se han publicado, casi en su
totalidad, han favorecido a personalidades que fueron promotores y/o defensores
del mundo de la plantación (Hernández, 1943; Molina, 2007). Uno de ellos es
Francisco de Arango y Parreño, de quien se ha escrito sobre su relación con la ideología
iluminista, el entorno familiar e intelectual en que se desarrolló y que le
facilitaron el éxito, los recorridos realizados por el mundo colonial y
capitalista en busca de las mejores prácticas económicas y mecanismos que le
permitieran fomentar el proyecto que defendía como portavoz de la plantocracia
y teórico de la sociedad plantacionista, así como, acerca de sus análisis sobre
el papel de occidente como motor de la economía insular (García, 2005, 2006;
Guerra, 1952b; Maestri, 1937; Ponte, 1937; Torres-Cuevas, 2006).
Otro de los
proyectos económicos recurridos por parte de los estudiosos es el de José
Antonio Saco, quien apostó por nuevas prácticas laborales en la producción de
azúcar, a partir del empleo de mano de obra asalariada, y por oponerse al
tráfico de esclavos y a la esclavitud. De ahí que todos sus esfuerzos
estuvieran encaminados a lograr la superación de las condiciones esclavistas y
a proponer la colonización blanca como solución al problema de la mano de obra
en Cuba (Figarola, 1921; Moreno, 1960; Ortiz, 1933; Ortiz, 1974; Portuondo,
2005).
Las concepciones de
diversificación y de cambio de la estructura de la economía, propuestas por
Ramón de la Sagra en las primeras décadas del XIX, también han encontrado eco
entre los investigadores. Director del Jardín Botánico de La Habana entre 1824
y 1836, Sagra —cuestionado por los criollos por su adhesión al régimen
colonial, que sufragaba sus estudios— basó sus proyectos en el estudio de las
condiciones económicas y los sistemas de cultivos en las regiones tropicales,
sobre los cuales consideraba, podían fundarse en la rotación alterna de
cosechas y en la creación de industrias rurales, entre otras (Aguilera, 2005;
Cambrón, Estrade y Lecuyer, 1993; Sánchez, 2008, 2012; Torres-Cuevas,
1984).
La otra figura más
recurrida por sus concepciones económicas es la de Francisco Frías y Jaccott
(Conde de Pozos Dulces), defensor de la pequeña propiedad y el desarrollo de
cultivos que podían servir de base para el fomento de otras industrias —todos,
sobre la base del trabajo asalariado—, así como de la separación del sector
industrial azucarero del sector agrícola. En lo que respecta a la fabricación
de azúcar, planteó la necesidad de formar jóvenes con los conocimientos
necesarios para desarrollar la industria y dominar el cultivo desde
perspectivas científicas (Bonilla, 1983; Misas, 2010, 2016).
Vale aclarar que
todas esas concepciones económicas fueron desarrolladas desde La Habana y bajo
el prisma de la defensa del status español en Cuba. En la mayor parte de los
casos, se ignora la realidad de la otra parte de la Isla y las aspiraciones de
los hacendados ganaderos, sobre quienes descansaba el abastecimiento de ganado,
en pie y carne, para cubrir las demandas de la plantación en el occidente.
Estos precedentes
han sido tenidos en cuenta al analizar la figura de Ignacio Zarragoitía y
Jáuregui. El presente trabajo se encamina a explicar los aspectos fundamentales
de su pensamiento, a través de la revisión de un informe enviado al Real
Consulado de Agricultura, Industria y Comercio y Junta de Fomento, donde se
analiza la situación que presenta la región centro-oriental, así como de la
correspondencia enviada a los reyes de España con propuestas de proyectos
económicos para la parte oriental de Cuba. Sus puntos de vista permiten
formarnos una idea sobre el modelo económico al que aspiraban los hacendados
ganaderos del este de la isla —en contraposición al modelo azucarero— y sobre
el interés de la élite de aquel territorio por construir una sociedad
alternativa, propia, asentada en la ganadería y la pequeña agricultura,
diferente de la generada por el azúcar.
Jáuregui representa,
dentro del pensamiento económico de su época, la defensa de un proyecto no
plantacionista que merece ser atendido por lo que pudo representar para la
época. Sus planteamientos y aspiraciones, que se encaminan a lograr un
desarrollo en el este de la isla, contribuyen a reforzar la idea sobre la
presencia de modelos agrarios contrapuestos, enunciados posteriormente por historiadores
como Juan Pérez de la Riva y Heinrich Friedlaënder, quienes aluden al
desarrollo diferenciado de dos regiones: la Cuba A, que se corresponde con el
occidente: La Habana, Matanzas y Cárdenas, donde se concentraban los mayores
porcentajes de la riqueza nacional, la población y el comercio, y predominaba
la plantación esclavista; y una Cuba B, que abarcaba la zona centro-oriental y
se caracterizaba por un bajo nivel de desarrollo y por la ganadería, como
actividad fundamental (Friedlaënder, 1978; Moreno, 1978; Pérez de la Riva,
1975).
El departamento centro-oriental de Cuba en los finales del siglo XVIII
e inicios del XIX
A inicios del XIX,
Inglaterra y otras potencias europeas tomaron medidas que estrecharon el
bloqueo económico, lo que contribuyó a que languideciera el comercio marítimo
español, incluyendo el que sostenían con las colonias; Cuba quedó prácticamente
aislada de los habituales consumidores de sus productos, con un considerable
descenso de las actividades económicas de efectos bastante nefastos para su
actividad comercial (Friedlaënder, 1978; Le Riverend, 1942).
Para las regiones
del este, esas medidas fueron doblemente desfavorables, al privarlas de las
pocas salidas que tenían sus producciones a través del mercado de La Habana. La
situación se agravó aún más tras la decisión de los Estados Unidos de poner en
práctica la ley de embargo en 1807, ante los riesgos de registros y amenazas
para la marina; la medida paralizó el comercio oceánico de la flota nacional
más numerosa de los países neutrales y cerró la vía de escape de muchos
hacendados del departamento del centro de la isla, para exportar carne salada,
cuero y madera, entre otras producciones (Le Riverend, 1971).
Desde Cuba, tampoco
se adoptaron medidas que favorecieran el intercambio. En 1807, el Gobernador y
Capitán General Salvador Muro Salazar, Marqués de Someruelos, dispuso regular
el tráfico mercantil internacional que, en la práctica, prohibía el comercio
con Estados Unidos, lo que limitó el intercambio y cortó las pocas
posibilidades de exportación que podían quedar: única vía que permitía a los
territorios del interior dar salida a sus producciones, a través de
embarcaciones que llegaban a los puertos y embarcaderos (Franco, 1977).
Someruelos, además, obligó a los territorios del este a abastecer de carne a
las guarniciones distribuidas en todo el territorio nacional, cada vez más
numerosas, a precios bajos, sin tener en cuenta que el ganado era el producto
básico de aquella región, del cual percibían los principales ingresos.
Todas estas
regulaciones —tanto las externas como las internas— incidieron en la parte
centro oriental, cuyos territorios precisaron de una reorganización de la
ganadería para un mejor aprovechamiento del suelo en las unidades productivas
que, por cierto, habían dado muestras de disminución en los niveles de
aprovechamiento productivo, motivadas, entre otras razones, por la desatención
y desinterés de los productores.
De manera paralela,
los principales centros de la región sufrían cambios, desde el punto de vista
agrario, en cuanto a usos y dominios del suelo. En territorios de Puerto
Príncipe, las tierras se transformaron en potreros para la cría y ceba de
ganado, mientras, en Sancti Spíritus tomaban fuerza las vegas y estancias, fundamentalmente
para tabaco; en Bayamo predominaba el sitio de labor y en Santiago de Cuba, el sitio de crianza
.
Estos problemas no
eran totalmente nuevos. La certeza de esta afirmación se refleja en los
informes y memoriales presentados anteriormente, por personalidades del
territorio con funciones en los gobiernos locales. Por ejemplo, en 1756,
Nicolás Joseph de Ribera señalaba —de una manera racional y coherente—, a
partir de las condiciones de la isla, las necesidades del patriciado cubano y
las posibles soluciones; al respecto, evaluaba que debía darse paso a una
ampliación y libertad de comercio y navegación como antesala al florecimiento
de la producción agrícola y su diversificación, también apuntaba la necesidad
de disponer de mano de obra a partir del crecimiento demográfico (Portuondo,
1986).
El programa
económico de Ribera para Cuba, si bien se centraba en el necesario desarrollo
de la ganadería no excluía la agricultura en general, concediéndole importancia
a los ramos azucarero y tabacalero, con fines comerciales, sin intención de
favorecer a unos en detrimento de otros. Sus ideas, al igual que otras
formuladas durante la segunda mitad del siglo XVIII a la administración
colonial española, por parte de los criollos, se enfocaban en la búsqueda de un
desarrollo similar para toda la colonia.
Años después, en
1788, el regidor Juan Bautista Creagh, en nombre del ayuntamiento de Santiago
de Cuba, presentó en Madrid un informe que solicitaba reformas para la
economía, entre ellas, libertad absoluta para introducir esclavos, material y
maquinarias, exención de diezmos, por diez años, a los que recibieran tierras
para plantar cualquier producto, y otras (Irisarri, 2003). En 1789, un nuevo
informe volvía a tocar los problemas del departamento, el Gobernador del
Departamento Oriental de Cuba, Juan Bautista Vaillant (1788-1796), elevaba una
petición al Monarca Carlos IV, donde exponía posibles soluciones para el
fomento de la jurisdicción de Cuba, entre las que, nuevamente, se abordaba la
introducción de esclavos y se planteaba la posibilidad de colonizar a través de
la introducción de familias canarias, así como la entrada de alimentos para
paliar las necesidades de la población (Portuondo, 1986).
Sobre la misma
situación, en noviembre de 1794, el Arzobispo de Santiago de Cuba, Joaquín de
Ozés y Alzúa, denunciaba que el grado de explotación de aquellas regiones, en
beneficio de occidente, era una circunstancia de suficiente peso para marcar el
origen de las diferencias entre una y otra zona de la Isla. Alzúa revelaba el
estado de deterioro en que se encontraba la región oriental, el atraso en su
agricultura y la necesidad de fomentar la pequeña propiedad; para el prelado,
la solución podía estar en la división de la isla en dos regiones con igualdad
de posibilidades, sin que necesariamente prevaleciese siempre el criterio de
autoridades y funcionarios habaneros, en detrimento de los intereses de los
habitantes de la región oriental, y ampliaba: “¿Somos cavilosos, voluntarios e
infieles porque nos quejamos de las opresiones que sufrimos porque manifestamos
los sentimientos de nuestro corazón, y representamos nuestras desgracias?”
(Alzúa, 1880). En sentido general, todos
los informes reflejan el sentimiento de exclusión en que se sentían los
habitantes de aquella parte de la isla, quienes aspiraban a que se les diera el
mismo trato que se le daba a La Habana, sin embargo, sus intentos fueron
infructuosos. Un informe emitido dos años después, por el Real Consulado de
Agricultura, Industria y Comercio y Junta de Fomento, corroboraba el atraso
económico frente a las regiones del occidente de Cuba. Esta institución, desde
su aparición en 1795, había trabajado en función de los proyectos de la
oligarquía habanera, sin embargo, reconocía el estado de atraso y pobreza en lo
referido a las riquezas de las jurisdicciones de la parte centro-oriental del
país (Real Consulado y Junta de Fomento, 1796); al respecto, refería el elevado
número de viviendas en malas condiciones y, sobre todo, la baja productividad
en las principales actividades económicas, incluyendo la ganadería —que era el
renglón fundamental de una buena parte de los territorios del departamento— y
la poca explotación de su industria de derivados. Respecto a otros renglones,
también refería poca prosperidad.
Durante los primeros
años del siglo XIX, desde la Sociedad Económica de Amigos del País se generaron
diversas acciones tendientes a resolver los problemas de la vida nacional,
convirtiéndose este, así, en un organismo de divulgación, de propaganda, de iniciativas,
aunque se apreciaron contradicciones, ya que en su seno también se
representaban los intereses encontrados de los dueños de ingenios y los
hacendados ganaderos. Los primeros, en total simpatía con el poder colonial,
pues representaba dinero seguro en las arcas madrileñas, eran los receptores de
todas las ventajas y prebendas; los segundos, al no constituir la ganadería una
fuente de ganancias para la metrópoli, eran discriminados y recargados con
impuestos que hacían la crianza de ganados prácticamente incosteable (Balboa,
1991, 2013).
Entre los diferentes
estudios dedicados a la ganadería promovidos por la Sociedad Económica que
ofrecen una visión sobre el estado del ramo en la parte centro-oriental se
encuentra el realizado por Juan Antonio Morejón. En su perspectiva, desde fines
del siglo XVIII este ramo atravesaba por una situación compleja, al punto de
descender del primero al tercer lugar de la riqueza agropecuaria de la isla,
situación posible de revertir solo con el fomento de las haciendas de ganado en
el país, para lo cual ofrecía sugerencias respecto al número de cabezas que
debían criarse, la cantidad de esclavos más convenientes para el trabajo, etc.;
así mismo, resaltaba los perjuicios que ocasionaba el sistema de impuestos,
entre ellos: la pesa, la carnicería, las enfermedades y los arriendos. Esa
situación se complejizaba más aun hacia la zona centro oriental, a causa del
peso que tenía allí la ganadería, por la obligación que se le impuso de suplir
el abastecimiento de carnes al occidente, tras el auge de la producción
azucarera (Morejón, 1800).
El análisis ponía al
descubierto las dificultades por las que atravesaba el ramo pecuario y las
múltiples causales que las generaban, entre ellas, la política gubernamental
tendiente a sacrificar los espacios dedicados a la cría de ganado para
destinarlos al cultivo de la caña y favorecer así a los dueños de ingenios,
sobre todo del occidente del país.
También tomaba en
cuenta los problemas internos que aquejaban al renglón, provenientes, en primer
lugar, de las características que desde sus orígenes había asumido la crianza
de ganado en la isla. La ganadería se limitó a aprovechar las ventajas
naturales para la crianza extensiva en hatos y corrales, sin ocuparse por la
introducción de adelantos tecnológicos, como el mejoramiento de las razas o las
técnicas de crianza, además de la poca explotación de la industria de los
derivados para la elaboración de productos que podrían haber cubierto las
necesidades de consumo interno de los territorios y la exportación.
Jáuregui vocero de
las transformaciones del departamento centro-oriental
Dentro de las
reformas liberales que se dieron a inicios del siglo XIX estuvo el nombramiento
de Juntas Subalternas del Real Consulado en algunos territorios como Puerto
Príncipe y Trinidad, en 1803. Las mismas fueron presididas por el Teniente
Gobernador y compuestas por cuatro vocales: el síndico procurador, un regidor,
un vecino hacendado y otro comerciante, propuesto por el teniente gobernador
(Real Consulado y Junta de Fomento, 1803). Las Juntas se reunían, por lo
general, una vez al mes y entre sus funciones estaban, ventilar los conflictos
y problemas de los territorios y propagar nuevos proyectos para el fomento
económico. En ellas, los hacendados se pronunciaron contra la tendencia, cada
vez más creciente, de priorizar el azúcar en detrimento de la ganadería,
propiciando un descenso en dicha actividad y en el resto de los renglones
económicos.
Con el propósito de
promover medidas que contuvieran la ruina, que veían en cercana perspectiva,
las Juntas propusieron al Gobernador y Capitán General Marqués de Someruelos y
al Real Consulado de Agricultura, Industria y Comercio y Junta de Fomento emprender el análisis sobre el estado
económico de los territorios de la isla, a partir de una encuesta destinada a
calificar la situación de la agricultura y el comercio. Las instancias, muestra
de las aspiraciones de los hacendados para sacar adelante la economía, fueron
enviadas a cada una de las regiones .
Para elaborar el
informe sobre el estado económico de la jurisdicción principeña en 1811, fue
comisionado Ignacio Zarragoitía y Jáuregui, funcionario de confianza para las
autoridades de la isla y persona ducha en el ramo económico y financiero, si
tenemos en cuenta que, en Bayamo, había ocupado importantes funciones como
Comisario de Guerra, Oficial Real y Tesorero Administrador de Rentas, desde
1799 (Reales Ordenes y Cédulas, 1799)). La familia Jáuregui llegó a Cuba
procedente de Navarra y se estableció en La Habana en la primera mitad del
siglo XVI. El apellido dio lugar a varias ramas, entre las que se destaca la
que llega a Bayamo en el siglo XVIII, de la cual descendía el funcionario en
cuestión (Santa Cruz, 1940).
Dentro de las
principales dificultades que recoge el informe, está la referida al estado
económico de las comarcas del este del país, a partir de las consecuencias del
sistema de impuestos y tributo y de las diferencias creadas por las ventajas de
unos en detrimento de los otros. De igual modo, insiste en la necesidad del
fomento de la agricultura, industria y población y de medidas modernas de
control económico para fomentar el país.
Su visión de la
realidad interna fue definitoria para recoger un propósito propio, que captaba
los problemas y las posibles vías de solución y buscaba impulsar ideas
renovadoras. Esa capacidad para captar el medio y reconocer las dificultades
existentes lo llevaron a plantearse diversas soluciones que, de alguna forma,
nos propone en su informe dado a conocer, y a través del cual intentó influir
en las instituciones y en sus contemporáneos.
Los planteamientos y
cuestionamientos realizados por Jáuregui transitan a través de una amplia gama
de aspectos que enfocan principalmente hacia lo económico y sus interrelaciones
con el aspecto sociopolítico, lo cual lo sitúa como un conocedor de la realidad
nacional y en particular del este de la isla. Sus puntos de vista, enmarcados
en cuestiones como la necesidad de explotar las riquezas de cada región y de
diversificar las producciones y el comercio con igualdad de condiciones para
todas las regiones, evidencian un pensamiento reformador a tono con las
necesidades del país.
Los datos y
evaluaciones del territorio expuestos en el informe recogen el estado
económico, así como las interrogantes y preocupaciones de los criollos en lo
referido al libre comercio y a la escasez de productos necesarios, de ahí que
una de las primeras cuestiones que aparece reflejada en su exposición es lo
relacionado con el comercio y el privilegio concedido a los puertos de La Habana, Santiago de Cuba,
Trinidad y Matanzas, una situación que afectaba a las poblaciones del este de
la isla dejándolas en una situación de inferioridad. Al respecto, evaluaba que
no existía fundamento para que los comerciantes peninsulares y hacendados
habaneros decidieran, porque “El bien de una clase, por recomendable que sea,
de una ciudad o provincia, no bastan para decidir la suerte de las demás” (Real
Consulado y Junta de Fomento, 1811a).
La preponderancia
del cabildo habanero, desde fechas bien tempranas, y los vínculos de las
familias de ese teritorio con las autoridades coloniales le proporcionaron beneficios
en los negocios que llevaron a cabo. Esta preponderancia habanera sería el
origen de los resentimientos y de numerosos conflictos regionales
(González-Ripoll, 1999; Marrero, 1988; Moreno y Fontana, 1995).
En el caso
particular de Santiago de Cuba, si bien los puertos fueron favorecidos con la
Real Cédula del 28 de febrero de 1789, que permitió la introducción de
esclavos, y la del 24 de noviembre de 1791, que hizo extensiva las
prerrogativas de suprimir el impuesto anual de dos pesos por cada esclavo no
dedicado a las faenas agrarias y dio la libertad para la introducción de
mujeres esclavas, sus efectos no llegaron con la rapidez esperada ni con los
efectos deseados, y así continuó en los inicios del XIX (Ortiz, 1987).
De manera general,
las medidas llegaban con bastante retraso, esto explica las constantes
reclamaciones ante el poder colonial y el comercio de contrabando, potenciado
aun más por la necesidad de disponer de una vía que garantizara cubrir las
necesidades de la subsistencia diaria. La posibilidad de que la región
centro-oriental pudiera disponer de mejores opciones para comerciar de manera
legal pondría en una situación de igualdad a los pueblos descartados –epíteto
con el que define, el autor, a los territorios de aquella zona del país, y en
particular a Puerto Príncipe– y les permitiría adquirir útiles de agricultura,
máquinas para los ingenios y otros productos en general, necesarios para el
desarrollo local –antes provistos a través del tráfico ilícito–, de ahí que
enfatizara en que “el antídoto para aminorar el contrabando, no está en la
multitud de resguardos, sino en quitar las prohibiciones” (Real Consulado y
Junta de Fomento, 1811a).
Zarragoitía y
Jáuregui va más allá de las implicaciones que tenía el contrabando en la esfera
mercantil, para analizar su incidencia en cuestiones de índole política. Al
respecto, reflexiona sobre la incapacidad del gobierno para eliminarlo a pesar
de las medidas impuestas, a causa, entre otras cosas, de las condiciones
geográficas del país, que impedían cortar la entrada y salida de personas de
los más variados lugares, y que además eran posibles puertas de entrada para
las ideas y proyectos. La relevancia de este punto de vista es calzada con el
análisis que realiza de la composición poblacional, que calcula el autor en
alrededor de 60 000, de los cuales “la parte de pudientes se considera en
2.000, la mediana 6.000, y la de infelices de 52.000 blancos, pardos y morenos”
(Real Consulado y Junta de Fomento, 1811a).
En el informe,
Jáuregui recoge la existencia de varias poblaciones en condiciones de
precariedad e imposibilitados, en muchos casos, de sufragar los impuestos
fijados, que caracteriza como una carga molesta, a la vez que cataloga las
medidas de la Real Hacienda como un sistema absurdo y abusivo; sugiere, por
tanto, un rápido remedio, no para mejorar la situación de los habitantes, sino
para evitar estados de malestar que desencadenasen en movimientos conspirativos
o de oposición. Tales criterios ponen de manifiesto su compromiso con la metrópoli
y el poder colonial, sus proyecciones reformistas le llevan a plantearse
cambios que en modo alguno comprometan el vínculo que unía a Cuba con España, y
por ende, reflejan la necesidad de evitar situaciones que pudieran comprometer
la estabilidad en la colonia, teniendo en cuenta el proceso de luchas que se
estaba desarrollando en las colonias españolas en América, así como algunos
procesos conspirativos en otros territorios de la isla.
Los criterios
expuestos rebasan el espacio principeño, para extenderse a toda la región del
este, en similar situación de abandono. Al respecto, declara:
El pueblo de la Isla
de Cuba no está representado, ni lo constituyen los vecindarios de La Habana,
Cuba, Trinidad y Matanzas. El pueblo de la Isla de Cuba es compuesto de todos
sus habitantes, y este mismo pueblo compuesto de todos sus habitantes, no debe
formar sino una sola familia, y entre los miembros de esta sola familia es que
se deben distribuir los bienes, y los males sin distinción, ni privilegios. (Real
Consulado y Junta de Fomento, 1811a)
Tal definición
encierra una crítica a la autocracia ejercida desde La Habana, a sus métodos y
formas de gobierno, a la desatención en que sumían a otros territorios,
llevándolos al estancamiento. Les recuerda, Zarragoitía, el arte que debe
identificar a cualquier gobierno: “ceder voluntariamente lo que le puede ser
arrancado por fuerza, o por astucia, y siempre con peligro y perjuicio suyo”.
(Real Consulado y Junta de Fomento, 1811a)
No dejan de llamar
la atención las motivaciones que llevan al autor del informe a expresar esos
criterios, si tenemos en cuenta que era un funcionario del gobierno colonial y
que sus puntos de vista, precisamente, enjuician algunos procederes de este;
creemos que su actuación respondió al conocimiento que tenía en el ramo de la
hacienda pública, que le permitía ver, en la larga perspectiva, la situación de
un territorio y su posible desenlace, una realidad que, además, podía atentar
contra sus intereses particulares en el territorio bayamés.
La inconformidad de
los principeños con la forma de proceder del ayuntamiento habanero está
presentes en el documento, pues, coincidentemente, su elaboración acontece en
medio de la agudización de las pugnas
entre esos territorios a raíz de haberse denegado a Puerto Príncipe la
solicitud de crear allí una representación local del Real Consulado y una
Sociedad Patriótica (Torres Lasqueti, 1888). Los diputados de La Habana,
encabezados por Andrés de Jáuregui —hasta donde hemos podido precisar sin parentesco
con Zarragoitía—, se mostraron contrarios al proyecto e incluso llegaron a desacreditarlo para que no tuviera respaldo
dentro de la corporación municipal habanera. La denuncia a aquella actitud
aparece expuesta en los términos siguientes en el informe:
Quiere que el
Ayuntamiento de La Habana sea el preponderante de toda esta vasta Isla, que su
Consulado sea el único, y los vecinos de La Habana los Priores, Cónsules,
Consiliarios. Quiere que sea única su Sociedad Patriótica, y en suma, que no se
conozcan los Ayuntamientos de esa parte oriental, ni que se fomente cual
corresponde. Esa vanidosa e injusta superioridad que ha pretendido y se ha dado
siempre a La Habana, ha servido de rémora al progreso general de la Isla (…).
(Real Consulado y Junta de Fomento, 1811a)
En un momento en que
desde occidente se clamaba por eliminar el régimen de crianza de las haciendas
ganaderas, Jáuregui abogó por estimular el mercado para fomentar la producción
interna, consideraba que la ausencia de un mercado de exportación para ciertos
productos, al menos de forma legal, influía negativamente en el desarrollo de
los diferentes ramos de la economía. En el caso particular de las haciendas de
ganado, la baja productividad demostraba la necesidad de pasar a una nueva fase,
para la que no estaban preparados los dueños de las haciendas del este, que
contaban con grandes extensiones de tierra básicamente destinadas a la cría de
ganado, pero carentes de otros productos que suplieran sus necesidades.
Atendiendo a ello,
Jáuregui evalúa el intercambio de
productos entre las haciendas como una necesidad:
La miseria de estos
pueblos interiores necesitan de los mismos auxilios que aquellas ciudades
[alude a las ciudades del occidente de Cuba], porque aunque tienen carne, esta
no suple por los demás alimentos de primera necesidad (…) Los privilegios
exclusivos no tienen otras favorables resultas que el engrandecimiento de los
que disfrutan, la miseria y esclavitud de los demás (…). (Real Consulado y
Junta de Fomento, 1811b)
Ese parecer,
expuesto por Zarragoitía y Jáuregui en 1811, encierra el sentir de los
hacendados del departamento centro-oriental de Cuba, opuestos al proyecto
hegemónico de sus similares de La Habana, que aspiraban a convertir la economía
de la parte oriental de la isla en complemento del modelo plantacionista del
occidente.
El impacto del
informe de Jáuregui
Ninguno de los
informes presentados a la Junta de Fomento de la Isla de Cuba abordó los
problemas de los territorios de una forma tan profunda, directa y concreta,
como el presentado por Jáuregui. En él se aprecia un pensamiento reformador, a
partir de la combinación de su experiencia política y el conocimiento de la
situación de la economía, para avizorar algunas de las causales del
estancamiento en que se encontraban las jurisdicciones de la parte
centro-oriental de la isla. Las alternativas propuestas por él estaban
encaminadas a lograr los mismos derechos de que ya gozaban los habaneros, entre
estos, la concesión de préstamos para el fomento de ingenios, la autorización
para la demolición de las haciendas, el privilegio de introducir mano de obra
esclava, con la dispensa de proveerlo a otros territorios, etc.
La concreción de
esas aspiraciones de los hacendados habaneros estuvo favorecida por la condición
de La Habana como puerto escala, así como por residir en ella el gobernador y
ser centro del poder en la isla, en torno a lo cual se fueron tejiendo diversas
relaciones y redes que involucraron a
los principales apellidos y fortunas y le dieron un ascendente poder local al
cabildo; esa unión entre poder local y poder central, fortalecida por
matrimonios de conveniencia, generó un grupo fuerte con ilimitadas
posibilidades de enriquecimiento y ascenso social que llevaron al cabildo a
autoproclamarse con la representatividad de todo el país, y terminó imponiendo
sus valores y proyecto económico sobre el resto de los territorios.
Distante, la zona
centro-oriental, del poder administrativo y, por tanto, privada de ese mundo de
relaciones, su situación económica resultaba desventajosa, razón por la cual,
en el informe se exponían como premisas esenciales para consolidar su avance
la: libertad económica para todos los territorios, disminución de los impuestos
que entorpecían el desarrollo de diferentes ramos, igualdad de condiciones para
la obtención de la mano de obra y maquinaria, entre otros aspectos.
Los puntos de vista
de Jáuregui respecto a la situación del departamento centro-oriental del país
apuntaban en dos direcciones: hacia la administración colonial y al interior de
los territorios. En cuanto a lo primero, definía qué papel le correspondía al
gobierno en las transformaciones que debían llevarse a cabo desde una
perspectiva económica y política; respecto a lo segundo, señaló la
responsabilidad de los hacendados en muchos de los problemas intrínsecos de los
territorios, que, si bien requerían ser atendidos desde el poder central para
resolver las carencias económicas, también se debían a prácticas que era
preciso eliminar, como la política de tierras y el contrabando, pues solo
tendían a crear conflictos.
Ciertas posiciones
asumidas por Zarragoitía y Jáuregui le plantearon conflictos con los hacendados
del territorio, cuyos intereses de alguna manera también defendía, solo que,
puestas en una balanza, las ilegalidades cometidas por los integrantes del
cabildo bayamés y las obligaciones que debía asumir en su condición de
funcionario colonial, se impuso lo segundo.
El carácter
abarcador del informe, a corto plazo, arreció el enfrentamiento entre el
cabildo de Bayamo y su autor, quien, de acuerdo con sus obligaciones, también
debía poner freno a ciertas ilegalidades. A tono con ello, trató de poner orden
a las libertades que se tomaba la corporación municipal de negociar con las
carnes de carnicería y de cambiar los precios sin previa consulta. La queja
elevada a la Real Audiencia de Puerto Príncipe, por Zarragoitía, para que
indagara en los fraudes de cobro e imposición de castigo contra los
infractores, exacerbó los ánimos y agudizó el conflicto motivado por intereses
económicos contrapuestos. En adelante, los miembros del cabildo involucrados
fueron amonestados y limitados de algunas de sus funciones, como la de entrar a
votar mientras no pagaran las costas correspondientes o limitarlos de
facultades para elevar cualquier queja a la Intendencia General, viéndose
obligados a recurrir al Síndico.
La corporación de
Bayamo se cuestionó el dictamen de la Audiencia de Puerto Príncipe que
favoreció a Zarragoitía y sus procedimientos. La confrontación arreció con las
medidas llevadas a cabo por la Administración de Rentas para evitar la evasión
del fisco por parte de los hacendados de mayor poder económico que, coincidentemente,
eran miembros de aquella corporación. Dentro de los más connotados se
encontraban el Teniente Coronel Francisco Vicente Aguilera, Juan Tamayo y Palma
y Antonio María Aguilera, acusados de fraudes en las alcabalas, así como de
valerse de sus influencias para evadir el pago por las ventas de ganado de sus
haciendas (Asuntos Políticos, 1814).
Otro de los
enfrentamientos se produjo por los inmuebles y propiedades agrarias, los
miembros del cabildo aspiraban a que fueran rebajados los impuestos en lo referido
a colgadizos y terrenos de propios; estos últimos habían sido copados por los
hacendados de mayor poder económico para ensanchar sus espacios de crías y
dedicar parte al cultivo de la caña. Similar comportamiento presentaba el ramo
de tierras realengas, que habían sido denunciadas por los dueños de hatos y,
posteriormente, refrendada su propiedad, con la entrega de títulos falsificados
a cambio de grandes sumas de dinero. Frecuentemente, las corporaciones
municipales actuaron como mediadoras al autorizar la mensura y venta de las
tierras, por ejemplo, el regidor bayamés Miguel de Fornaris permitió devastar
los montes de Manzanillo de árboles de caoba y cedro.
Los cargos
presentados por Ignacio Zarragoitía, ante la Audiencia de Puerto Príncipe y el
gobierno político del departamento oriental ubicado en Santiago de Cuba,
demuestran su papel al servicio de los intereses de la metrópoli, que le había
otorgado la misión de ingresar a las arcas del estado los fondos procedentes de
la venta y composición de los terrenos realengos de Manzanillo, a través de la
Intendencia de Hacienda (Gobierno General, 1809). Pero ya los hacendados de
mayor poder económico, a través del cabildo, habían tomado la delantera, al
subastar las tierras entre sus allegados y haber ingresado los fondos para el
manejo de aquella corporación.
Jáuregui condenó las
posiciones de los hacendados que estaban procurándose las tierras cercanas para
tener el control de las zonas y así poder invertir en otros ramos, sin tener la
oposición de los miembros de la comunidad en la que se encontraban las tierras,
al respecto señalaba:
La devastación que
han sufrido los montes del Manzanillo, en términos que será milagro si le ha
quedado un solo árbol de cedro y caoba, y demás maderas que lo hacían apreciable
y vendible, pues que, procediendo a la averiguación de sus autores, hallase por
resultado ser las licencias que franqueó el cabildo (…). (Jáuregui, 1814
(Asuntos Políticos, 1814)
Frente a un opositor
tan influyente, como lo era Zarragoitía y Jáuregui, los hacendados se trazaron
como estrategia desacreditarlo, utilizando como argumentos los mismos que él
había empleado; las quejas enviadas al Gobierno Superior Civil y al tribunal se
basaban en tres cuestiones fundamentales: permitir los despojos que se estaban
llevando a cabo en las tierras realengas, defraudar las Rentas Reales y
promover movimientos de oposición en el territorio.
Jáuregui,
ciertamente, fue de los peninsulares que arribó a Bayamo y llegó a tener cargos
políticos en un momento en el que los criollos tenían mayoría en las
principales instituciones del territorio, incluyendo los partidos en toda la
jurisdicción. Las numerosas quejas elevadas a la Intendencia de Hacienda y al
Gobierno Superior Civil evidencian las pugnas existentes entre algunos
hacendados solventes del territorio bayamés y los miembros del poder central,
estos últimos, interesados en tomar medidas para cortar el comercio de
contrabando, establecer oficinas para el control de las embarcaciones, así como
el envío de tenientes gobernadores que fueran enérgicos en el control económico.
Como funcionario
colonial, Zarragoitía y Jáuregui, fue capaz de darse cuenta de los problemas
fundamentales de la zona donde estaba ubicado y enfrentar al patriciado de la
región con medidas tendientes a disminuir su poder económico. Supo distinguir,
dentro de los problemas, aquellos que constituían trabas desde el poder
colonial y los que eran responsabilidad de los hacendados.
Esas rivalidades
explican las confrontaciones que a lo largo de las décadas siguientes se
produjeron entre los hacendados y Jáuregui, comisionado para llevar a cabo un
grupo de reformas dirigidas al fomento económico de la parte centro-oriental de
la isla, que limitaban la actuación de los hacendados y las ventajas económicas
que los productos de la zona podían reportarles, entre ellos: la exportación de
tabaco en hojas y torcido a la península y otros puntos que se determinaran, al
precio de 15 pesos el quintal de la hoja y a un (1) peso fuerte la hoja, sin
más gravamen ni costo adicional. Otra de las aspiraciones estaba encaminada a
la habilitación del puerto de Guantánamo en clase de puerto franco, con el
objetivo de disminuir el poder de Inglaterra en el comercio de la región (
Reales Órdenes y Cédulas, 1833).
Otra de las
intenciones de Jáuregui era contrarrestar el contrabando que se realizaba por
las costas de estos territorios en los términos siguientes:
Del contrabando que
se podía temer pueden tomarse precauciones y medidas que lo destruyan casi
enteramente por la parte de tierras y aun por la de mar, el que se efectúa por
las costas casi desiertas de esta isla, de la propia Jamaica, de San Tomás, de
los Dinamarqueses, de Curazao, de los Holandeses, como de otros puntos de
Inglaterra y Francia por medio de dos buques de guerra que crucen las costas de
esta parte oriental. (Reales Órdenes y Cédulas, 1833).
La propuesta
resultaba contraria a los intereses de los hacendados del departamento
centro-oriental, privándoles de los vínculos comerciales que propiciaba el
contrabando con otras naciones, además de controlar las producciones de las
haciendas, de las cuales obtenían cultivos comerciales de apreciable valor. Al
respecto señalaba:
El Partido de
Tiguabos y Santa Catalina a que pertenece Guantánamo, como la mayoría de los de
la parte centro-oriental, proporcionan bastante tabaco, algodón, azúcar, café y
otros frutos que generalmente lo aprovechan los ingleses y demás extranjeros
por la vía del contrabando, con el destrozo de los montes por falta de una Administración
de Rentas Reales de que no han cuidado la Intendencia, ni los Administradores
de la Aduana, pues no están consagrados al servicio de SM ( Reales Órdenes y
Cédulas, 1833).
Este último aspecto
del informe que envió Zarragoitía nos da la clave de su entrega a los proyectos
que, desde la metrópoli, se encaminaban a tener un mayor control de los
territorios. El proyecto de Jáuregui daba continuidad a las aspiraciones de
España de situar a las regiones del este de Cuba en la mira de los proyectos colonizadores,
como había ocurrido a finales del siglo XVIII con la expedición del Conde de
Mopox a Guantánamo, cuyos intentos fueron infructuosos por la propia posición
que asumieron los hacendados de aquella parte, en lo referido a las tierras,
aguas, minerales y otras reservas que poseían (de San-Pío y Puig, 1999; Guirao,
1991).
Pero había objetivos
que Jáuregui solo se atrevió a manifestar en su correspondencia reservada con
el Secretario de Estado y Despacho de España, Victoriano Encina y Piedra, en lo
referido a las ventajas económicas que podía reportar aquel proyecto, afirmando
que:
Cuando ningún
beneficio resulte al Real Erario de la Monarquía, se conseguirá al menos la
formación de una población que rivalizará en muy pocos años a la nunca bien ponderada
Habana, sin perjudicarla, y se aminoraran políticamente los grandes productos
que saca la Gran Bretaña, de la isla de Jamaica y otras de las Antillas
(Jáuregui Reales Órdenes y Cédulas, 1833).
Jáuregui aspiraba, a
través del Real Consulado y Junta de Fomento, activar la navegación de cabotaje
y organizar el comercio costero, para autorizar las importaciones lícitas que
estuvieran sujetas a la reglamentación aduanal y así contrarrestar el
contrabando, en medio de la crisis internacional provocada por la expansión de
Francia y la hegemonía y el poder de Gran Bretaña. De esa manera podría
fortalecer económicamente a otras regiones del país con potencialidades para la
explotación de nuevos rubros, sobre la base de la búsqueda de otras formas de
organización de la tierra.
De esa forma, no
solo se beneficiarían los territorios de la zona centro-oriental, sino también
a la propia metrópoli, pues se intentaba garantizar un equilibrio entre las
diferentes regiones de la isla, lo que redundaría en diversidad productiva
capaz de garantizar las necesidades del occidente y la incorporación de nuevas
producciones al mercado internacional.
Hasta este momento
los hacendados del este no habían comprendido los objetivos de Jáuregui y el
papel descentralizador de sus proyectos, por ello, no es casual que lo asocien
a escandalosos comentarios financieros y morales y lo presenten como el mayor
encargado de la venta de esclavos del territorio, cuando en la práctica, una
buena parte de los hacendados de la zona se beneficiaban del lucrativo
negocio.
A modo de
conclusión, es preciso enfatizar que Jáuregui partió del conocimiento de los
problemas como primer paso para proponer soluciones a las dificultades de cada
uno de los territorios, en función de ello presentó proyectos que, sugería,
debían ser llevados a cabo para contrarrestar los efectos negativos de
políticas y, sobre todo, de la mentalidad de algunos hacendados que solo
aspiraban al progreso personal y no se percataban de que la diversificación de
la economía y la producción de bienes materiales eran el arma de transformación
de la sociedad.
Jáuregui no fue
propiamente un ideólogo que dejó una obra orgánica y sistemática para la época,
en sus escritos, que fueron básicamente informes, exposiciones, cartas, se
exponía la situación económica en función de cambiar el estado de atraso de los
territorios del este, lo que consideraba, era necesario acometer para modificar
la realidad allí, con resultados favorables para toda la isla y por ende, para
la metrópoli.
El informe elaborado
demostró que, si bien el Real Consulado y Junta de Fomento era una institución
que debía velar por el fomento económico y la puesta en práctica de proyectos
renovadores en toda la isla, en la práctica respondía, ante todo, a los intereses
de los productores habaneros que apostaban por poner todos los recursos
nacionales en función del azúcar, razón por la cual los criterios de Jáuregui
nunca fueron tenidos en cuenta ni se adoptó ningún tipo de medida tendiente a
dar respuesta a los problemas planteados.
Sus posiciones
tendientes a frenar las usurpaciones de tierras por los hacendados no lo hacía
más justo en su proceder, sencillamente, en sus funciones de recaudador de
rentas el interés no estaba en privar a los propietarios de mayor poder
económico de los espacios que habían usurpado, sino en que tributaran por el
uso de las mismas, al ramo de hacienda.
En lo referido al
alcance del informe, si bien planteó los problemas que comprometían una época y
un territorio, no cubrió las expectativas de sus habitantes al plantear
reformas que no se llevaron a cabo y no pasaron de la simple denuncia o
enumeración de las trabas que entorpecían el desarrollo económico; solo fueron
tenidas en cuenta aquellas que de alguna manera respondieran a los intereses de
la economía de occidente. La negativa a crear en el territorio principeño una
representación del Real Consulado que se preocupara por atender proyectos de
fomento para el mejoramiento de los cultivos y la economía local, en sentido
general, patentizan el poco interés mostrado en promover cambios que
permitieran un equilibrio regional.
Por su contenido,
más que por el alcance, trasciende el memorial presentado por Ignacio
Zarragoitía y Jáuregui, que además se preocupó por representar a otros
territorios relegados más allá del espacio principeño y abordar cuestiones que
comprometían el desarrollo de otros puntos de la isla, entre ellas, la
necesidad de colonizar nuevos espacios, habilitar nuevos puertos y fomentar la
política de colonización blanca.
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de Hacienda. (1778). Autos obrados contra hacendados de la villa de Bayamo por
fraudes, 1778. (Leg.495 no.11). Fondo Intendencia General de Hacienda, Archivo
Nacional de Cuba, La Habana.
.
Gobierno General.
(1809) Título de comisión para la venta del realengo del Manzanillo a favor de
Ignacio Zarragoitía y Jáuregui en la jurisdicción del Bayamo. (Leg. 419
no.19.931). Fondo Gobierno General, Archivo Nacional de Cuba, La Habana.
Asuntos Políticos
(1811). Documento que se refiere a la correspondencia de Luis de Chávez al
Intendente de Hacienda fechado en Puerto Príncipe sobre las desavenencias entre
los Capitulares de Bayamo y el Adminstrador de Rentas Ignacio de Zarragoitía.
(Leg. 213 no.18). Fondo Asuntos Políticos, Archivo Nacional de Cuba, La
Habana.
Asuntos Políticos
(1814) Expediente promovido en el Bayamo sobre que aquel administrador de
rentas cese en el repartimiento de los realengos del Manzanillo. (Leg. 866
no.29.274). Fondo Asuntos Políticos, Archivo Nacional de Cuba, La Habana.
Reales Órdenes y
Cédulas (1833). Informe que remite las exposiciones que hace a SM Ignacio de
Zarragoitía que contienen varios proyectos que el autor cree de mucha utilidad
(Leg. 89 no.42). Fondo Reales Órdenes y Cédulas, Archivo Nacional de Cuba, La
Habana.
Reales Órdenes y
Cédulas. (1799). Real Orden concediendo la Administración de Rentas de Bayamo a
Ignacio de Zarragoitía y Jáuregui por separación de Andrés Saavedra. (Leg. 36
no.128). Fondo: Reales Órdenes y Cédulas, Archivo Nacional de Cuba, La
Habana.
Real Consulado y Junta de Fomento. (1803)
Expediente relativo al establecimiento de Juntas Consulares Subalternas en la
villa de Puerto Príncipe y la ciudad de Trinidad (Leg. 2 no.60). Fondo Real
Consulado y Junta de Fomento, Archivo Nacional de Cuba, La Habana.
Real Consulado y
Junta de Fomento. (1811a). Expediente instruido sobre los medios que convenga
proponer para sacar la agricultura y comercio de esta Isla del apuro en que se
halla. (Leg. 93 no.3953) Fondo Real Consulado y Junta de Fomento, Archivo
Nacional de Cuba, La Habana.
Real Consulado y
Junta de Fomento. (1811b). Expediente para calificar la extrema decadencia que
sufre la agricultura y comercio de esta Isla, particularmente en el ramo del
azúcar. (Leg. 93 no.3953). Fondo Real Consulado y Junta de Fomento, Archivo
Nacional de Cuba, La Habana.
Asuntos Políticos (1814)
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[1] El presente texto ha sido realizado en el marco del
proyecto “Segunda esclavitud, producción para el mercado mundial y sistemas
laborales en Cuba (1779-1886)” (HAR2016-78910-P/ MINECO).