SEGURIDAD HUMANA: APLICABILIDAD DEL CONCEPTO A LA REALIDAD COLOMBIANA1
Camilo Andrés Devia-Garzón2, Dina Alejandra Ortega-Avellaneda3
1. Este trabajo es producto del proyecto de investigación INV-EES-1815 “El Enfoque de la seguridad humana en escenarios de Post-Conflicto” adscrito a la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, financiado por la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá-Colombia vigencia 2015
2. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Magister en Asuntos Internacionales. Docente investigador, Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Faries – Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. Correo electrónico: camilo.devia@unimilitar.edu.co
3. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Estudiante de Maestría en Asuntos Internacionales. Joven Investigadora, Faries. Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. Correo electrónico: dina.o.30@gmail.com
Tipología: Artículo de Investigación Científica y Tecnológica.
Fecha de Recepción: 19/02/2016
Fecha de Aceptación: 23/03/2016
Como citar este artículo: Devia-Garzón, C.A. & Ortega-Avellaneda, D.A. (2016). Seguridad Humana: Aplicabilidad del concepto a la realidad colombiana. Jangwa Pana, 15 (1), 71 - 87
RESUMEN
Este documento busca establecer la relación entre el concepto de Seguridad Humana y las realidades de Colombia. En una primer parte, muestra los principales aportes teóricos que desde el país se han realizado a la Seguridad Humana. Después se muestra la implementación del concepto a la práctica en Colombia. Finalmente se establece el contexto actual de Colombia y los retos que debe enfrentar en el potencial escenario de posconflicto desde la Seguridad Humana; mostrando que la finalización del conflicto armado hace necesaria la inclusión de otro tipo de dimensiones a la seguridad que mejoren las condiciones de la población y permitan un escenario real de paz.
Palabras Clave: Seguridad Humana; Colombia; posconflicto
HUMAN SECURITY: APPLICABILITY OF THE CONCEPT TO THE COLOMBIAN REALITY
ABSTRACT
The purpose of this document is to establish the relationship between the concept of Human Security and the realities of Colombia. On the one hand, it shows the main theoretical contributions, which have been done in this country to the Human Security issue. On the other hand, it shows how this concept is put into practice in Colombia. Finally, the document stablishes the current context of Colombia and the challenges facing the potential. l post-conflict scenario in Human Security. It also demonstrates, that the end of armed conflict requires the inclusion of other dimensions to security. With the purpose of improving the conditions of the population and allowing a real peace scenario.
Keywords: Human Security; Colombia; post conflict
INTRODUCCIÓN
La seguridad ha sido abordada desde diversos puntos, pasando de un nivel macro enfocado en lo militar a un nivel micro enfocado en el ser humano. Debido a la complejidad de los asuntos humanos ha sido necesaria la separación de los ámbitos de seguridad a la hora de planificar la acción colectiva y el concepto de seguridad se ha especializado cada vez más. En los últimos años, ha surgido la necesidad de volver a conectar las diferentes estrategias de seguridad en la acción política y en la reflexión académica con el fin de reducir las diferentes fuentes de inseguridad.
En este contexto, han aparecido varios conceptos de amplio espectro que quieren revindicar la seguridad frente a amenazas multidimensionales. El concepto de Seguridad Humana implica claramente un cambio de énfasis, pasando de defender el territorio a salvaguardar las personas en todas sus dimensiones. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el instrumento para ello no son las armas y los ejércitos sino el desarrollo humano sostenible.
El concepto de Seguridad Humana se traslada a las necesidades básicas de las personas para hacer frente a los nuevos retos que surgieron luego de la Guerra Fría como la expansión de la globalización, la profundización de las diferencias económicas y las consecuencias de la violencia interpersonal producidas por las nuevas guerras y las inestabilidades políticas e institucionales de los Estados.
Este concepto, está en función de una seguridad multidimensional (económica, política, ambiental, cultural y social) en donde cada dimensión es igualmente necesaria para el desarrollo humano desde una perspectiva individual y colectiva (Fundación Konrad Adenauer, 2011). Las implicaciones de la Seguridad Humana, claramente responde a las necesidades que ha generado la creciente interdependencia entre las naciones, en una sociedad internacional cada vez más compleja con la aparición de los actores trasnacionales y en donde aparecen problemática igualmente trasnacionales.
El fin de la competencia bipolar trajo consigo el decrecimiento de los conflictos interestatales y el aumento de los conflictos intraestatales, la confrontación étnica, terrorismo, migraciones, desplazamientos forzados, extrema pobreza, marginalización y exclusión de grupos y comunidades, enfermedades como el VIH y sida. En el siglo XXI, la seguridad va enfocada más hacia el bienestar de los individuos que la defensa militar o los intereses políticos del Estado.
La contextualización del caso colombiano está marcada por uno de los conflictos internos más longevos, con la convergencia de diferentes actores, principalmente la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el marco de estas negociaciones que se vienen desarrollando en La Habana (Cuba) y la posibilidad de un escenario de posconflicto próximo, se hace pertinente hacer un análisis sobre cómo se debe dar la trasformación de la seguridad hacia un esquema en donde no esté presente el conflicto armado y las prioridades de seguridad deban establecerse hacia nuevos escenarios en donde el aporte y el papel de la Seguridad Humana puede ser vital para consolidar la paz.
En este sentido, el presente documento pretende relacionar el concepto de Seguridad Humana a las realidades del contexto colombiano en la actualidad. Para tal fin se mostrará en primera instancia cual ha sido el tratamiento académico de la Seguridad Humana en el país, relacionando los principales trabajos que al respecto se han desarrollado. El segundo apartado muestra la implementación de la Seguridad Humana en la práctica con la participación de las Naciones Unidas y a instancias de diferentes representaciones gubernamentales. En tercer lugar, se muestra los escenarios de la Seguridad Humana en Colombia presentando las variables que dimensionan las principales problemáticas en cuanto a indica dores socioeconómicos que van más allá de la problemática militar y política. Para terminar, se presenta a manera se discusión los retos que enfrenta Colombia en el potencial posconflicto bajo la óptica de la Seguridad Humana.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este documento es realizado bajo una metodología que combina elementos cualitativos y cuantitativos. Desde lo cualitativo, se parte desde el marco teórico de la Seguridad Humana para hacer la revisión de los diferentes trabajos realizados en Colombia y que en su temática responden a la Seguridad Humana. Para este fin, se tiene un amplio componente de estudio documental con la pretensión de ser explicativo. Desde lo cuantitativo, se pretende establecer las realidades que muestran los distintos indicadores socio económicos en Colombia para dimensionar los elementos de las Seguridad Humana. Los diferentes indicadores se realizaron a partir de los datos siniestrados por fuentes gubernamentales e instituciones internacionales como el Banco Mundial y centro de pensamiento sobre todo en los temas de violencia.
RESULTADOS
“Seguridad Humana” desarrollo teórico desde Colombia
A pesar de lo novedoso del concepto, la Seguridad Humana ha sido tratada y documentada por diferentes autores colombianos que expresan sus perspectivas mediante el estudio del concepto intentando abordar su alcance y dimensiones. Para efectos del presente documento se abordarán las perspectivas de algunos de ellos.
En primer lugar, el Programa de las Naciones Unidas en Colombia, a través del coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, publicó el libro titulado La Seguridad un desafío permanente para Bogotá. En este texto, se aborda la relación clara entre Seguridad y desarrollo humano, donde la seguridad humana es el primer escalafón del desarrollo humano (Moro, 2008). De allí que uno de los principales deberes del Estado sea garantizar la integridad de quienes hacen parte de dicho Estado.
En este sentido, la Seguridad Humana significa que la gente pueda ejercer todas las opciones de las que dispone en forma segura y libre y que pueda tener relativa confianza en que las oportunidades que tienen no desaparecerán (Moro, 2008). Moro, hace una reflexión interesante cuando menciona que la seguridad y la justicia son considerados bienes públicos y su consolidación depende de la acción estatal pero también del compartimiento del ciudadano y al final de la cooperación entre el ciudadano y el Estado.
Es por ello que desde el PNUD se hace una invitación a las autoridades específicamente de Bogotá para recuperar el concepto de Seguridad humana como concepto integrador a la hora de orientar la formulación y ejecución de políticas en la ciudad, y cambiar el concepto de seguridad; la seguridad, no como una preocupación por las armas, sino una preocupación por la vida y la dignidad humana.
En segundo lugar, está la publicación hecha por la Fundación Konrad Adenauer, un cuaderno de análisis y problemas urbanos en Colombia, donde se presenta a la Seguridad Humana como eje trasversal. Allí se definen una serie de componentes que integran la seguridad humana.
La Seguridad Humana es caracterizada por dos tendencias: Una internacionalista y una localista. La primera tendencia hace referencia al concepto como generador de cambio en el modelo de seguridad en diferentes regiones y la redefinición de la seguridad nacional concebida en términos estatales. La segunda tendencia, utiliza el concepto para analizar la violencia en relación a los derechos humanos, en búsqueda de la seguridad ciudadana y como respuesta a la vulnerabilidad social de la población (Fundación Konrad Adenauer, 2011).
Un aspecto interesante que se evidencia en el cuaderno de análisis de problemas urbanos en Colombia, es la relación entre la Seguridad Humana y la gobernabilidad urbana, lo que explica que los planes obligatorios para las administraciones en Colombia, como el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial, se orienten no solo a la organización gubernamental, sino a corregir lo que amenaza la dignidad y la calidad de vida de la población desde un enfoque multidimensional que responden a la Seguridad Humana (Fundación Konrad Adenauer, 2011).
Otro aporte desde la academia en Colombia es la caracterización de la Seguridad Humana que hace Carolina Barco Isakson, Exministra de Relaciones Exteriores de Colombia, a través del libro titulado Reflexiones sobre la Política Exterior de Colombia 2002-2006. En este libro, cuando se tratan los cambios en el escenario internacional, se pone en evidencia los cambios en el panorama hoy en día en donde las mayores amenazas que enfrenta el mundo a comienzos del siglo XXI son, más que las guerras convencionales entre los Estados, la violencia interna y sus diferentes manifestaciones: la delincuencia trasnacional organizada, la proliferación y el posible uso de armas nucleares, por parte actores estatales o no estatales. Estas amenazas afectan no solo la seguridad de los Estados, sino de los seres humanos.
Es en este contexto en el cual surge un nuevo concepto de seguridad colectiva que extiende su alcance a la seguridad de los individuos. Este concepto, implica a un Estado la responsabilidad primordial de la protección a su población, sin embargo, a la comunidad internacional le corresponde la responsabilidad de proteger a la población civil cuando ese Estado no quiera o no este en capacidad de hacerlo. De allí, la posibilidad de que la comunidad internacional pueda exigir a los Estados unos estándares mínimos, que responden a la normatividad internacional en el trato y en la calidad de atención al ciudadano. Es así como el concepto y sus implicaciones puede llegar incluso a rebasar la autonomía de los Estados (Barco, 2006).
La Seguridad Humana, además de estar centrada en el ser humano, busca más la prevención de los riesgos que la actuación posterior. En este sentido considera que las fuentes de inseguridad pueden estar relacionadas entre sí y son diversas, razón por la cual se considera la Seguridad Humana como un concepto multidimensional. Si bien este concepto ha encontrado respaldo institucional en varias organizaciones y países como Canadá y Japón, que lo han adoptado como concepto teórico central de sus políticas exteriores y un numeroso grupo de Estados se han integrado en la red de Seguridad Humana, también ha sido objeto de múltiples críticas entre estas, la amplitud del concepto y su uso para justificar actuaciones que responden más a la agenda del realismo político que a una aproximación genuina a la seguridad (Fundación Konrad Adenauer, 2011).
En este sentido, el concepto ha sido usado para favorecer y justificar abusos e intervenciones. La crítica generalizada sobre el concepto es su escasa precisión, por ello el concepto puede convertirse en un concepto redundante, en solo un lema movilizador sin definición, en otra versión de viejos conceptos de seguridad asociados al realismo político o en un término definido y utilizado solo por las elites para imponer un orden (Fundación Konrad Adenauer, 2011). Otro de los defectos señalados es que, tras la aplicación de este programa, países occidentales se pueden aprovechar como excusa para intervenir en países de la periferia que se encuentren en conflicto interno o crisis humanaría. Evitar la violación de derechos humanos por parte de algunos gobiernos y preservar la seguridad en otros países ha sido la excusa por muchos años de los Estados occidentales (Pérez, 2007).
Por otro lado, se equipara el concepto a otros conceptos como derechos humanos o desarrollo humano, conceptos que en su momento también fueron objeto de críticas por su ambigüedad, pero se convirtieron en referente mundial hoy en día apoyados de índices que hacen operativos y medibles dichos conceptos.
El Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales en Colombia, también se ha referido a un nuevo concepto de seguridad, donde el individuo se ha convertido paulatinamente en el centro de atención de las políticas públicas enfocadas a este ámbito y se ha abandonado la visión estatocentrista clásica. Por ello, para el estudio actual de la seguridad, se hace necesario ahondar en aquellos elementos que convierten a la misma en un concepto dinámico y complejo.
En este sentido, el modelo de la seguridad nacional enmarcado en el realismo político que le asignaba a lo militar y territorial un papel preponderante es insuficiente. Hoy día surgen nuevos ámbitos de acción que deben ser contemplados, así como actores que merecen atención como factores que entran a jugar en el escenario de la seguridad. En este nuevo panorama, se resalta la configuración de la Seguridad Humana como una propuesta alternativa que le da al bienestar individual un peso significativo a la hora de medir las condiciones de seguridad de un Estado (Fernández, 2014).
Los aportes desde la academia colombiana también muestran como la aplicación del concepto de Seguridad Humana se ha convertido en un reto para los diferentes Estados. La Seguridad Humana está en una fase de apropiación y empoderamiento y que lo ha llevado a convertirse en la novedad en términos de seguridad en el escenario internacional. Este concepto trasnacional, presenta una estrecha relación entre paz, desarrollo humano y derechos humanos, conceptos en vigencia y considerados de aplicación universal (Cubides & Garay, 2013).
Por este motivo, Cita y Cubides (2013) analizan los efectos de la Seguridad Humana en las políticas de Seguridad, en dos dimensiones: Primero, de una forma endógena para que la adopción de dichas políticas que tengan como objeto la seguridad, responda a la protección de la persona, teniendo como fundamento el aislamiento de los peligros; y segundo, de una forma exógena, en cuanto a la promoción del ejercicio de las libertades, el pleno goce de los derechos y la efectiva toma de decisiones.
Implementación de la seguridad humana
El concepto de Seguridad Humana, tuvo su origen en 1994 a partir del informe sobre desarrollo humano del PNUD. Posteriormente en 1999 se creó el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana bajo la dirección de la oficina del Contralor de las Naciones Unidas (UNTFHS) y con el apoyo del gobierno de Japón. En ese mismo año, se integró la red de Seguridad Humana (RSH). En 2001, se estableció la comisión de Seguridad humana y en 2003 se visualizó el primer informe de esta comisión y se constituyó la Junta Consultiva de Seguridad Humana (JSCH). En 2004 se creó la dependencia de Seguridad Humana (DSH) para incorporar la Seguridad Humana en las actividades cotidianas de la ONU. En el 2006, se agrupan los amigos de la seguridad humana como foro no oficial para discutir el concepto de Seguridad Humana desde diferentes ámbitos y poder incorporar este elemento dentro de los Estados.
Desde el 2007, los gobiernos de Eslovenia, Grecia, México y Tailandia contribuyen también a la financiación del UNTFHS. Cabe resaltar que las Naciones Unidas, a través de este fondo y de la DSH, promueve y financia proyectos que van encaminados a empoderar a la población vulnerable como refugiados, desplazados y migrantes y a abordar las situaciones de inseguridad humana, a prevenir los conflictos y a consolidar la paz. Hasta 2015, se financiaron más de 220 proyectos en más de 85 países del mundo (Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 2015).
Las Naciones Unidas han mostrado un claro interés y preocupación por incluir la Seguridad Humana dentro de la agenda internacional. Si bien el concepto aún está en proceso de consolidación y fortalecimiento.
Para el caso colombiano, la DSH ha financiado dos proyectos. Uno dirigido a la población del municipio de Soacha para mejorar las condiciones de Seguridad Humana allí, a través del desarrollo de un sistema de protección social integral y sostenible. Este proyecto duró desde mayo de 2010 hasta mayo de 2013, ejecutado por varias entidades asociadas a las Naciones Unidas. El otro proyecto estuvo dirigido a la población desplazada en Colombia y operó desde 2004 hasta 2005 y fue ejecutado por ACNUR (Naciones Unidas, 2016).
Así mismo, Japón a través del esquema de Asistencia financiera no reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC), ofrece ayuda a organizaciones no gubernamentales o autoridades locales para solucionar problemas relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas básicas fundamentales, en población vulnerable por factores socio-económicos determinables y víctimas del conflicto (desplazados, reinsertados y víctimas de minas antipersonal, etc.). En el caso colombiano, desde 1989 se han realizado a través del esquema APC, más de 500 proyectos por un monto superior a los 48 millones de dólares americanos (Embajada del Japón en Colombia, 2016, p.1).
Por otro lado, desde el 2014 hasta el 2016 se viene desarrollando una estrategia de cooperación entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y Colombia. El objetivo global de dicha estrategia es contribuir a mitigar las consecuencias de la violencia armada, promover la reconciliación, y apoyar los procesos hacia una construcción de paz duradera a través de tres pilares fundamentales (Fig. 1). Cabe resaltar, que desde COSUDE, ya se viene desarrollando el proyecto SUIZAGUA “Huella Hídrica puesta en práctica” desde 2009, lo que demuestra un interés de los países por incluir temas de Seguridad Humana en la agenda de cooperación internacional (Confederación Suiza, 2015).
El escenario de la seguridad humana en Colombia
El contexto histórico moderno de Colombia ha estado marcado por un conflicto armado con un ciclo constante de violencia que se inició en los años 50 donde los dos partidos políticos tradicionales, el Conservador y el Liberal, recurrieron a la violencia para dirimir disputas por el poder. La confrontación política termina por llegar a lógicas de violencia en distintas partes del país.
Las raíces del conflicto armado colombiano están dadas por dos factores principalmente: por un lado, el centralismo como modelo de organización territorial que llevó poco a poco a aumentar la desigualdad en el territorio; y, por otro lado, un sistema que cerró las puertas a la participación política de la población durante el Frente Nacional (1958-1974). Posteriormente, en los años 50, llegó la alternancia del poder entre Liberales y Conservadores, excluyendo otras alternativas políticas. En este contexto, aparecieron las guerrillas que no encontraron un espacio en el centro del sistema político emergente. Recordemos que las guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el M-19, fueron grupos que se sostuvieron en las áreas rurales con ausencia estatal y donde actuaban como sustitutos del Estado (Suelt, 2006).
Colombia, ha sido catalogado como un desastre humanitario de proporciones similares a las existentes en Sudán y el Congo, la sociedad civil ha sido víctima del conflicto por muchos años. Aquí, la violencia ha sido un evento cotidiano por cerca de doscientos años. Empezó con la Guerra de Independencia, a principios del siglo XIX, luego hubo varias guerras civiles entre 1830 y 1886, la Guerra de los Mil Días al comienzo del siglo XX y la violencia de los años cincuenta que se ha extendido, de alguna manera, hasta nuestros días. (Aya, 2005, p. 260)
En los años 60, las guerrillas comienzan su lucha con objetivos políticos y se da la aparición de los grupos de autodefensa o paramilitares, grupos armados irregulares creados para luchar contra las guerrillas. Sumado a ello, emergió el tráfico de drogas como un factor desestabilizador, que evidenció las alianzas entre los grupos armados ilegales y los traficantes de drogas con el fin de obtener un soporte financiero para sus actividades militares.
Aunque las guerrillas y los paramilitares tuvieron diferentes orígenes y caminos de actuación ambos tenían una estructura militar y llegaron a controlar territorios, haciendo un profundo daño a la sociedad civil a través de masacres, especialmente en aquellos lugares donde había debilidad institucional, implicando las peores consecuencias para la población con graves violaciones a los derechos humanos y altos niveles de desplazamiento, cifras que hoy día se mantienen.
Algunos han argumentado que las causas principales del conflicto que ha azotado a Colombia durante más de 50 años, se encuentran en los altos niveles de pobreza. El ex-presidente Belisario Betancur, siempre insistió en “darle un tratamiento político al conflicto y a la guerrilla, más que un tratamiento militar o criminal, el acuñó la noción de las «condiciones objetivas» de la violencia” (Chambers, 2013).
En los últimos treinta años, los diferentes gobiernos, sin importar la filiación partidista o las tendencias ideológicas, han tratado de establecer diálogos con los distintos actores armados para buscar la finalización del conflicto, sin embargo, estas iniciativas han tenido resultados muy dispares. Desde la presidencia de Betancur donde a pesar de no lograr acuerdos completos se cambió la apreciación del mismo conflicto y se establecieron las intenciones de dialogo que fueron capitalizadas por Barco logrando acuerdo de desmovilización con el M19 y que va a continuar con Gaviria que logró la consolidación de acuerdos individuales con el Ejército Popular de Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Movimiento Armado Quintín Lame y el Corriente de Renovación Socialista (CRS).
Tanto Samper como Pastrana buscaron salidas negociadas con los principales grupos armados, las intenciones no lograron concretar acuerdos. Solo hasta el gobierno de Uribe en donde a pesar que se privilegió la vía militar para la finalización del conflicto, se logró el acuerdo de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia.
La presidencia de Santos estableció de nuevo diálogos para la finalización del conflicto con las FARC, convencido de que la solución militar en estos días ya no garantiza el fin del conflicto y muestra de ello es la capacidad que han tenido las FARC para acomodarse a las coyunturas del mismo conflicto en términos militares y la capacidad de repliegue a diferentes zonas. La mesa de conversaciones de La Habana se instaló luego de una primera fase exploratoria con miembros delegados de dicho grupo armado. Esa primera fase terminó el 26 de agosto de 2012 con la firma del documento “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En esta mesa se establecieron seis puntos que regirían la agenda, y que difiere mucho de la que se estableció durante el gobierno de Pastrana tratada en el Caguán.
En términos de negociación, los diálogos en la Habana se mueven entre la negociación inclusiva (condiciones para la reinserción de insurgentes), distributiva (distribución del poder entre las partes) y con pocos adeptos, integrativa (reconfigura los espacios de poder a partir de la negociación y los acuerdos políticos) (Bejarano, 1999). Sin embargo, y en contra del actual proceso de paz, está la permanencia de la inequidad y las implicaciones del posconflicto en cuanto se presentarán reclamos de derechos represados, lo cual no es beneficioso para los sectores y las elites ya acomodados en el conflicto. Esto, demuestra que en el marco de la Seguridad Humana y todas las dimensiones que esta implica lo que restan son retos por superar.
La participación de la sociedad civil, ha sido y será de gran relevancia en medio de las negociaciones para la consecución de la paz en Colombia. Este actor, históricamente, ha sido gestor de la educación para la paz a través del fortalecimiento de la civilidad, en todas las esferas sociales. Sin embargo, y a pesar de la constante condena que hace a la violencia, la sociedad civil ha sido excluida de múltiples espacios (Bejarano, 1999), que podrían ser de gran beneficio para la consecución de la anhelada Paz y por ende establecer unas condiciones mínimas para un escenario de posconflicto y garantía de Seguridad Humana.
Más allá de la finalización del conflicto armado, que parece entrar en una fase culminante, los desafíos que presenta la paz son aún más significativos. En primera instancia, la sociedad civil ha sido la parte más afectada por un conflicto armado tan largo y por lo tanto debe ser parte activa de la negociación, de los acuerdos y de la refrendación de los mismos. El Estado ya no solo debe cumplir con la garantía de la vida y de condiciones de paz, sino que también debe encargarse de cumplir con el resto de las dimensión de la Seguridad Humana que tan descuidadas están. Estas situaciones si bien pueden tener como punto de partida el potencial acuerdo con las FARC no se reducen al mismo. Deben ser complementadas y ampliadas en otros escenarios sociales y políticos.
La coyuntura de las conversaciones entre el gobierno y las FARC hoy, hace que términos como la reparación simbólica se establezca como asunto de primer orden para los espacios de deliberación política. Así mismo lo hace el debate en torno a la protección jurídica y la garantía de los derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares en el marco del conflicto armado. Esto pone en evidencia que temas que antes no eran visibles y que hoy por hoy se resaltan como pilares para el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En el contexto colombiano, la Seguridad Humana se presenta como una propuesta universal con aplicación en todos los ámbitos global, nacional, regional y local. Está constituye una herramienta práctica para que el Estado Colombiano contrarreste la creciente interdependencia de las diferentes amenazas con sus situaciones particulares (Cubides & Cita, 2014).
En Colombia, la relación entre el gobierno y los ciudadanos ha sido históricamente de desconfianza y la multiplicidad de actores armados que ha generado empatía entre la población llevan a microsociedades que evidencian los vacíos de poder por la falta de presencia estatal y de gobernabilidad en el país. La existencia de narcotráfico, grupos armados, pero también falencias socio estructurales como pobreza, homicidios, exclusión, desigualdad, minorías vulneradas, tasas de natalidad dejan de manifiesto la necesidad de cambiar la visión de la seguridad a partir de la lógica de la violencia estructural.
Galtung (citado por Molina & Muñoz, 2004, p. 230) sostiene que “la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales” En este sentido, Galtung formuló distinciones sobre las dimensiones de la violencia relacionándolas en un Iceberg que incluye tres tipos de violencia, la directa, la cultural y la estructural.
Jiménez (2012) sostiene que el conflicto es natural en el ser humano, pero la violencia proviene de un entorno cultural el cual influye en toda la sociedad. De allí que la violencia estructural sea un concepto que debe ser comprendido en términos de desigualdad, y que proviene de un desequilibrio en la estructura social existente, que implica no solo personas, sino numerosas instituciones internacionales, gobiernos, y grupos sociales (Galtung, 1969).
Esta violencia, también es producto de mediaciones institucionales que se identifican con la injusticia social y puede ser entendida como un tipo de violencia indirecta, relacionada con circunstancias que hacen que muchas de las necesidades básicas de la población no sean satisfechas (Molina & Muñoz, 2004, p. 269)
La violencia estructural se ve reflejada en la incapacidad de los aparatos estatales para satisfacer las necesidades básicas y asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos a la salud o a una vida digna. En este sentido, esta violencia aparece cuando hay un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad por el uso de los recursos materiales y sociales, y se diferencia de la violencia directa en la intensión de un grupo a cambiar o afianzar su posición por vía de la fuerza.
La contribución de los estudios de la Seguridad Humana, incluidos los que se han desarrollados desde Colombia, está determinada por colocar a los individuos más que al Estado como el objeto referente de la seguridad. En este sentido, la Seguridad Humana busca salvaguardar la integridad del individuo y sus valores. La Seguridad Humana, considera las causas estructurales de la inseguridad incluyendo elementos objetivos y tangibles como ingresos insuficientes, desempleo crónico, acceso desigual a salud, calidad e educación etc., y también incluye las percepciones subjetivas como el miedo al crimen, a los conflictos violentos. En este contexto, vale la pena hacer una revisión de algunas áreas que son abordadas por la seguridad humana y que implican un reto para Colombia en el presente y en un futuro escenario de posconflicto.
La pobreza sigue estando presente en medio de la sociedad colombiana. Si bien la figura 2 demuestra que se ha avanzado pasando de 18´164.000 en 2008 a 13´210.000 personas en pobreza monetaria para 2014 y la figura 3 demuestra que se ha pasado de 7´094.000 en 2008 a 3´742.000 personas en pobreza monetaria extrema en 2014, aún hay un número considerable de personas en situación de pobreza que no cuentan con los ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas.
La figura 4 muestra la denominada pobreza multidimensional un indicador que tiene en cuenta no solo el tema monetario sino también el referente de acceso al trabajo, a la salud y la educación. En este ámbito se puede observar una pequeña mejora del 24 al 21% de 2013 a 2014, presentando cerca de millón y medio de personas menos en condiciones de pobreza en el país.
Respecto al desempleo, el panorama presenta tantos retos como la pobreza. Según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), la tasa promedio de empleo en Colombia entre 2012 y 2015 ha sido de 58,29 y la tasa promedio de desempleo ha sido de 9,51 hay graves falencias en proveer a los ciudadanos la posibilidad de emplearse o formalizarse cuando se trata de empleos informales (Fig. 5).
Durante el año 2014, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) recibió 25.225 casos por muertes violentas con una tasa de 52,92 casos por cada 100.000 habitantes, como se evidencia en la figura 6; el homicidio según la manera de muerte ocupa el primer lugar con 12.626 casos equivalentes al 50,07% del total de los casos y una tasa de 26,49 por cada 100.000 habitantes. Entre los 15 y 29 años se presenta el mayor número de víctimas que representan un 50 y 51 % del total de víctimas.
Es evidente que en los últimos años ha disminuido la tasa de homicidios en Colombia, sin embargo, sigue representando retos para el posconflicto donde se verá la participación de nuevos actores o actores trasformados y donde aparecen nuevas modalidades delictivas que socavan la capacidad institucional para hacer frente a estos nuevos retos. La trasformación de las bandas de crimen organizado, de estructuras grandes multinacionales hacia pequeños grupos descentralizados y con nexos con sus paralelos de otros países, hace más difícil la persecución y desarticulación. Si estos grupos no son combatidos, serán un lugar de recepción para los desmovilizados de los grupos armados que no logren establecer una reintegración socioeconómica óptima.
Así mismo, la desigualdad sigue siendo uno de los principales retos que no han sido tratados eficientemente por las instancias políticas en Colombia. Muestra de ello es que permanece prácticamente igual. Es así como para 2014 Colombia tiene un coeficiente de Ginni de 0,538 (Fig. 7). Esto muestra una sociedad profundamente desigual en donde a riqueza está concentrada en un grupo muy reducido de la población en los centro de las principales capitales y convive con una mayoría de la población que no puede acceder a los servicios básicos. Esta desigualdad es clave para generar descontento social, lo que puede conducir a nuevos ciclos de violencia.
La pobreza, el desempleo, la desigualdad y los homicidios son una pequeña muestra de los retos que presenta Colombia en términos de desarrollo humano y que por ende involucran la aplicación efectiva de la Seguridad Humana, especialmente en un escenario de posconflicto al que llegaría a Colombia con importantes vacíos en los componentes que integran el día a día de cualquier ciudadano.
Otro factor poco considerado dentro de la sociedad colombiana y no por ello menos importante, es la existencia de la diversidad étnica y cultural en Colombia, donde existen lenguas diferentes del castellano, grupos humanos diversos y múltiples culturas. Sin embargo y a pesar de que en Colombia los individuos comparten diferentes espacios, no siempre se comparten los elementos culturales, económicos, políticos, simbólicos e identitarios de cada uno de los pueblos. En este sentido, hay una necesidad en el marco de la Seguridad Humana de generar espacios interculturales y de promover la educación intercultural que involucre a toda la población, a todos los grupos, clases y culturas (Rojas & Barona, 2012).
En este contexto, el caso colombiano es uno de los más complejos hablando en términos sociales, teniendo en cuenta la duración del conflicto que ha azotado el país por más de 50 años y la diversidad de actores participantes. En este sentido, la paz, la reconciliación y la Seguridad Humana se convierten en conceptos complementarios que permiten proteger a los ciudadanos desde una perspectiva individual y cerca de un escenario posconflicto. La integración de todos los colombianos víctimas y victimarios directos o indirectos del conflicto en un proyecto común de Seguridad Humana se convierte en una necesidad a partir de un enfoque diferente al enfoque militar tradicional al que se ha recurrido por décadas y que ha degenerado aún más el conflicto. La población en Colombia enfrenta diversas amenazas, especialmente por la incapacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos en temas de seguridad y pobreza. De allí, la necesidad de implementar iniciativas que permitan empoderar a las comunidades y le permita mayor participación y protagonismo a favor de sus intereses y con el fin de mitigar los conflictos. Con la implementación de la Seguridad Humana en Colombia, se busca también aumentar los niveles de gobernanza y legitimidad del Estado.
La implementación efectiva de la Seguridad Humana en Colombia, también implica un trabajo mancomunado con la comunidad internacional y todos los actores involucrados. Esta cooperación implica mejorar los sistemas de policía y judiciales, para que sean efectivos especialmente en un posconflicto donde las penas para los delitos atroces cometidos durante el conflicto armado sean juzgados y pueden ir de la mano con la justicia social y económica que aporte al desarrollo de una cultura de paz, tolerancia y respeto por la ley (Suelt, 2006).
DISCUSIÓN
El aporte de la seguridad humana
El enfoque de la Seguridad Humana considera los seres humanos como la base fundamental de seguridad lo cual implica que la seguridad internacional depende de la seguridad de los individuos (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). En este sentido la Seguridad Humana y su implementación integral dentro de la dinámica social es una necesidad no solo para Colombia, sino para los todos los países.
La relación entre derechos humanos, derecho internacional humanitario y desarrollo humano se hacen ejes fundamentales en el camino hacia el posconflicto en Colombia. Por ello, los tomadores de decisiones deben considerar que toda política dirigida hacia la seguridad humana debe contener cinco elementos básicos: antropocéntricos, multidimensionales, integrales, contextualizados y preventivos.
Las políticas de Seguridad Humana que se implementen con estos cinco elementos, serán la salida integradora, efectiva, con factores de prevención, protección y empoderamiento en un posconflicto que trae consigo retos, que está centrado en la dignidad humana y que busca promover una convivencia pacífica y un alcance real y material a los medios de vida (Cubides & Cita, 2014).
Colombia en un escenario de posconflicto, debe hacer frente a nuevas amenazas individuales que no se acogen a las reglas tradicionales de combate, y que afectan directamente a la sociedad civil, sus derechos básicos y su bienestar, además del Estado. Estos enemigos no tienen representación oficial y no son reconocidos por el sistema internacional. Por consiguiente, Colombia debe promover un modelo de seguridad no convencional que trate las consecuencias que ha dejado para Colombia un conflicto largo y desgastador no solo para los combatientes sino para toda la sociedad en general.
Sin embargo, y a pesar de la necesidad de implementar un nuevo enfoque en términos de seguridad en Colombia, vale la pena resaltar que la Seguridad Humana no debe ser entendida como una amenaza a la soberanía estatal, por el contrario, las dos visiones de seguridad, la visión clásica y la noción de seguridad humana son complementarias y pueden ayudar a reforzar la legitimidad interna e internacional.
En el caso colombiano, todos componentes de la Seguridad Humana son importantes y se ven comprometidas por el conflicto; sin embargo, se corre el riesgo de que la seguridad personal, una de las dimensiones que presenta los mayores retos se convierta en prioridad, dejando de lado las otras dimensiones de la Seguridad Humana y la necesidad de garantizarla integralmente. En este punto cobra gran relevancia la Seguridad Ciudadana, que se sustenta en el fortalecimiento del estado de derecho desde la visión de la Seguridad Humana y se convierte en un complemento para la misma. El gobierno tiene que enfrentar las consecuencias económicas, políticas y sociales que resultan del conflicto interno. Entre estas secuelas tenemos las minas antipersonales, los menores en el conflicto y los desplazados entre otros factores.
En relación a las minas antipersonales, para 2015 se presentaron 222 casos, según la Dirección Contra Minas de la Presidencia de la República. Si bien es una cifra que ha venido disminuyendo, especialmente desde 2006, donde se presentó el pico más alto con 1.232 víctimas, sigue siendo un reto el desminado en Colombia para evita que más personas siguen siendo víctima de esta arma de guerra.
En Colombia, a febrero de 2016, se encuentra 7.902.807 víctimas registradas, según la Unidad de Victimas. De estas 7.640.180 víctimas del conflicto armado. El panorama en términos de desplazamiento no es más alentador. Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de desplazamientos a nivel interno con 6’044.200 millones de desplazados hasta el 2014, al lado de países como Siria, Sudan e Irak entre otros (Semana.com, 2015). El conflicto y la violencia criminal son los factores que más profundizan esta problemática. En un escenario de posconflicto, esta es una de las más grandes amenazas, teniendo en cuenta los niveles de insatisfacción y abandono de esta población.
Según el Ministerio de Defensa Nacional, para 2015 se dieron 210 secuestros, 20.662 casos de delitos sexuales, 5.304 casos de extorsión, 72.306 casos de violencia intrafamiliar, siendo esta última una cifra alarmante y que va en ascenso. (Dirección de Estudios Estratégicos, 2015). Según un informe de Medicina Legal Forensis. Datos para la vida en 2014, se registraron 7.262 casos de desaparición en el país. Estas cifras sumadas a los actos de terrorismo, las bandas criminales y los desmovilizados, se convierten en los grandes retos en el posconflicto en Colombia. Las zonas rurales en Colombia han sido históricamente importantes escenarios de acciones militares, minas enterradas y zonas donde ha habido poca presencia institucional del Estado.
Sin duda, la dimensión política de la Seguridad Humana es una de las más olvidadas especialmente en Colombia. La participación política y ciudadana en los contextos urbanos colombianos no es percibida como un elemento de la Seguridad Humana. De allí que la falta de confianza en las instituciones y la percepción de inefectividad de la participación hagan cada vez más difícil la incorporación de la dimensión política como parte de la Seguridad Humana. Por ejemplo, los servicios públicos domiciliarios no son ajenos a la garantía de la Seguridad Humana en cualquier contexto. Estos constituyen un elemento fundamental de la vida urbana y su acceso por parte de la población es una señal inequívoca de integración social urbana.
El concepto de seguridad humana no debería ser valorado a partir de las exigencias de otros conceptos sino a partir de su potencial para la movilización política y la utilidad teórica que tenga cada uso particular del término para el análisis de situaciones reales y para líneas alternativas de actuación (Fundación Konrad Adenauer, 2011, p. 92).
Hoy para recuperar la paz, la cohesión social y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas y privadas, urge una reorientación en el modelo económico actual y en gestión gubernamental, el empleo y la Seguridad Humana deben ser el eje (García & Márquez, 2013) para articular una propuesta integral aplicable a situaciones complejas como una salida que comprenda soluciones a las diferentes dimensiones de amenazas que se presentan.
La presencia de paramilitares, guerrilleros e integrantes de Bandas Criminales en un escenario de posconflicto es real y se convierte en una latente amenaza para el Estado colombiano. Estos desafíos, requieren reconocer la diversidad de actores y de actividades productivas (cultivos ilícitos, minería ilegal de enclave extractivo) y lugares (espacios terrestres y marítimos) donde se desarrolla.
La Seguridad Humana ha sido un concepto ampliamente debatido y criticado desde su origen, sin embargo, es un concepto que ha pasado de ser algo puramente teórico a una necesidad en la práctica. Los desafíos que enfrentan en el siglo XXI no solo Colombia, sino los demás países, demandan ampliar el espectro en términos de seguridad para garantizar el bienestar de los individuos y la integridad del Estado. Este concepto sigue siendo algo innovador que busca atacar los problemas a partir de la violencia estructural que enfrentan los países y que generan insatisfacción entre las personas.
Colombia, un país en proceso de paz, ad portas de un posconflicto, tiene grandes retos. Si bien la firma de la paz cerrará un ciclo de cruda violencia para el país, esto no significa la terminación de las inconformidades de la población en general y de los alzados en armas. La noción de la Seguridad Humana para el caso colombiano ya existe, muestra de ello es lo que se ha escrito desde la academia colombiana, allí se reconoce la necesidad de acoger este enfoque y aun de hacerlo complementario con la visión clásica de seguridad. Sin embargo, su implementación se ha dado parcialmente a través de estrategias o iniciativas que se enfocan en una de las siete dimensiones que abarca la seguridad humana.
La seguridad personal es uno de los grandes retos en el posconflicto, si bien se ha reducido la tasa de homicidios, este sigue siendo un mal que ataca día a día a la población, además de otros delitos.
No es diferente la situación con la seguridad económica o política igual que las otras dimensiones, teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo de este documento. Por ello, es evidente que aún resta camino por recorrer en Colombia, en términos de seguridad humana y el futuro escenario de posconflicto es el apropiado para la materialización del concepto. Finalmente, vale la pena dejar abierto el debate a la necesidad de aplicar este concepto de una manera integral y no parcializada, que aporte a la construcción de paz que se espera en el posconflicto y que ayude a mejorar los índices que representan el bienestar y desarrollo de los ciudadanos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aya, M. T. (2005). Seguridad humana en Colombia: donde no hay bienestar no puede haber paz OPERA, (6), 255-267. Barco, C. (2006). Los cambios en el escenario internacional. En C.
Barco, Reflexiones sobre la Política Exterior de Colombia 2002-2006 (pp. 1724). Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bejarano, J. A. (1999). Ensanchando el centro: El papel de la sociedad civil en el proceso de paz. En A. M. Solórzano, Colombia: democracia y paz (pp. 27-98). Medellin: Fondo Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.
Chambers, P. (2013). En busca de las causas del conflicto armado colombiano y las violencias: analizando los comienzos de una tendencia científicosocial. Discusiones Filosóficas, (23), 279-304.
Cita, R. & Cubides, J. (2013). El discurso de la Seguridad Humana y su influencia en la configuración de políticas públicas en materia de seguridad y defensa nacional y de seguridad ciudadana. Derecho y Sociedad, (6), 47-66.
Confederación Suiza, (2015). Proyecto SUIZAGUA “Huella Hídrica puesta en práctica”: Suiza: DFAE. Recuperado de : https:// www.eda.admin.ch/countries/colombia/es/ home/cooperacion/proyectos/proyectos-cosude/agua/suizagua.html
Cubides, J. & Garay, C. (2013). Hacia la construcción de un estado del arte de la seguridad y defensa nacional en Colombia. Revista Científica General José María Córdova, 11 (11), 81-98.
Cubides, J. & Cita, R. (2014). La Seguridad Humana y su influencia en las politicas publicas en Colombia . Estudios en Seguridad y Defensa, 9 (17), 5-15.
Dirección de Estudios Estratégicos. (2015). Logros de la Política de Defensa y Seguridad. Todos por un Nuevo País. Bogotá: Ministerio de Defensa Nacional.
Embajada del Japón en Colombia. (16 de Enero de 2016). Asistencia para Proyectos Comunitarios A.P.C. Colombia: Embajada de Japon en Colombia. Recuperado de: http:// www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/cooperacion/apc.htm
Fernández, J. (2014). Editorial. Estudios en Seguridad y Defensa, 9 (17).
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana. (2015). La seguridad humana en las Naciones Unidas. Nueva York: Naciones Unidas.
Fundación Konrad Adenauer. (2011). Cuaderno de Analisis. Ciudades y problemas urbanos en Colombia. La Seguridad Humana como eje trasversal. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer.
Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6 (3), 167-191.
Igarape Institute. (2015). Homicide Monitor. Recuperado de: http://homicide.igarape.org.br/
Jiménez, F. (2012). Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 19 (58), 13-52.
Molina, B., & Muñoz, F. (2004). Manual de Paz y Conflictos. Granada: Universidad de Granada.
Moro, B. (2008). La Seguridad Humana: Una apuesta Ética y Política . En PNUD, La Seguridad un Desafio permanente para Bogotá (pp. 7-9). Bogotá: El Mal Pensante.
Naciones Unidas. (2016). Colombia. Nueva York: United Nations Trust Fund For Human Security. Recuperado de: http://www.un.org/ humansecurity/country/colombia-0
Pérez, K. (2007). Seguridad Humana: conceptos experiencias y propuestas . CIDOB D´ AFERS, (76), 59-77.
Rojas, T. & Barona, G. (2012). “Del dicho al hecho hay mucho trecho” o las viscitudes de la construcción de una sociedad intercultural. Jangwa Pana, 11, 27-39.
Semana.com (2015). Colombia conserva el deshonroso título del segundo país con más desplazados. Bogota: Revista Semana. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/ colombia-es-el-segundo-pais-con-mas-desplazados/426628-3
Suelt, V. (2006). The Relation between Human Security and Peace in Colombia. Human Security Perspectives, 1 (3), 16-21.
Swiss Confederation. (2015). Suiza y Colombia. Suiza: Estrategia conjunta para Colombia: COSUDE y Programa de Seguridad Humana - Paz y Derechos Humanos. Recuperado de: https://www.eda.admin.ch/countries/colombia/ es/home/cooperacion/estrategia/strategie-dezaams.html
Tadjbakhsh, S. & Chenoy, A. (2007). Concepts: it works in ethics, does it work in theory? En S. Tadjbakhsh & A. Chenoy, Human Security Concept and Implications (pp. 7-123). New York: Routledge Taylor & Francis Group.